Así va la reconstrucción de Mocoa, cuatro años después de la emergencia

El 31 de marzo de 2017 una avenida torrencial causó una emergencia en la capital del Putumayo. El desastre dejó 335 muertos, 398 heridos y 53 personas desaparecidas. De forma directa 7.892 familias resultaron damnificadas. La infraestructura de 48 barrios tuvo afectación, se dañó la subestación eléctrica, dos acueductos, la red de gas, 11.5 kilómetros de vías. Además, quedaron dos puentes destruidos, otros tres averiados y un total de 1.461 viviendas, entre rurales y urbanas, perdidas. (Leer: Mocoa, en emergencia social)

Después de cuatro años, Mocoa todavía no tiene acueducto, y solo se han entregado 300 casas, aunque en 2017 el Gobierno señaló que la reconstrucción tardaría tres años. Para la recuperación, se estableció el Plan de Acción Especifico (PAE), el 6 de agosto de 2017. Eduardo José González, Director de la UNGRD y Gerente para la Reconstrucción de Mocoa, le dijo a El Espectador que el Gobierno ha avanzando en el cumplimiento de las seis líneas de acción estratégicas, en total 99 actividades, contempladas en dicho plan. “A la fecha se reporta un significativo avance de ejecución del 67%”, afirmó.

Según González, del plan se han beneficiado 45.589 habitantes, con “la ejecución de puentes vehiculares, puentes peatonales, 300 viviendas, acueducto, pavimentación de vías, mejoramiento de instituciones educativas, uniformes a estudiantes, adecuación de escenarios deportivos, subsidios de arriendo, ayuda humanitaria, apoyos económicos, sistema de alertas tempranas, adecuación de ríos y cauces, adecuación parque principal y fortalecimiento institucional”.

Aún así, el avance es lento, en parte por dificultades técnicas y contractuales. De acuerdo con Carlos Ardila, Representante a la Cámara por Putumayo, se le han hecho tres ejercicios de control político y ciudadano a la reconstrucción de Mocoa desde 2018. “Los dos Gobiernos han hecho esfuerzos para asignar recursos, la gran dificultad la encontramos en la ejecución de los contratos”, manifestó.

Ardila explicó que, por ejemplo, uno de los propósitos era construir 1.206 viviendas urbanas, estas se dividen en dos contratos (uno de 300 y otra de 906 viviendas). “El Proyecto Sauces I, la primera fase, avanzó - aunque con algunas dificultades- y esas viviendas se entregaron en 2018. En la ejecución de Sauces II registramos problemas con el predio, la licencia, la vocación del suelo y el más grande: con el contratista, que resultó involucrado en un escándalo de corrupción con el Fondo de Infraestructura Educativa“, afirmó Ardila.

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El representante recordó que, tras los incumplimientos, el contrato pasó al Consorcio Mocoa 2019, pero fue necesaria la realización de otro estudio. “El nuevo contratista dijo que las viviendas contratadas en 2017 no tendrían el mismo valor en 2020, después llegó el COVID-19. Todos los problemas que se puedan encontrar en la ejecución de un contrato, están en Sauces II″, afirmó. Fue hasta hace menos de un mes que el Gobierno informó que se agregarían recursos y se ampliarían los plazos para poder ejecutarlo. Con las viviendas rurales también hubo problemas, no se han ejecutado los recursos para construir cerca de 300 casas.

El acueducto es una de las obras más necesarias y cuestionadas. “El acueducto tiene recursos desde 2017, inicialmente $26.000 millones, luego vienen adicionales, pero el gran problema, de nuevo, ha sido la ejecución. Primero por un tema social con comunidades indígenas aledañas a uno de los predios de la obra, una larga discusión de si se requería o no consulta previa. Salimos de ese tema y resultó que también había un problema técnico. El tecnicismo dice que la fuente de captación de ese acueducto no es la ideal, que presenta dificultades y que se debió elegir una fuente distinta. Después, se construyó una fuente alterna. Ahora el contratista dice que hay un 94% de avance, pero le hace falta conectarse a la fuente, es decir, el agua”. Aún así, el representante reconoce que el acueducto que se perdió con la emergencia era deficiente.

En el último comunicado de prensa, Gestión del Riesgo informó que, en cuanto al sistema de acueducto, los componentes de la bocatoma, el desarenador, la Planta de Tratamiento y los tanques de almacenamiento están terminados y en operación. “Gracias a la ejecución de estas obras, se cuenta con un suministro adicional a la red de acueducto que opera actualmente con 230 litros por segundo de agua. Este proceso está siendo desarrollado por el Ministerio de Vivienda y ejecutado por Findeter”, señalaron al explicar que hubo una concertación con el pueblo indígena Inga, para la realización de las obras.

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Una de las obras más avanzadas es el colegio. Según el director González el avance físico es del 47.2% y ya se han invertido $11.194 millones. Se estima que terminarán en el segundo semestre de 2021 y beneficiará a 960 niños. El hospital, un proyecto incluido en el Plan de Acción, pero que no se vio afectado por la avenida torrencial, cuenta con una inversión de $63.000 millones, ejecutados por la E.S.E José María Hernández, con recursos de la Gobernación del Putumayo y el Ministerio de Salud. “El avance de las obras en la primera etapa es de 100% y en la segunda del 15%”, aseguró.

Sin embargo, Ardila explicó que la fase uno se realizó antes de la emergencia, en la fase dos hay dificultades en la ejecución. “La Contraloría está realizando un seguimiento especial y se ha logrado “destrabar” la realización de la obra”, contó. El representante resaltó el papel del órgano de control, pues asegura que están haciendo seguimiento constante a la reconstrucción de Mocoa.

Para la cárcel todavía no hay predio. “Después de la Avenida Torrencial y verificación de nivel de riesgo, se determinó que la infraestructura antigua debe ser trasladada a un sitio seguro, para lo cual se adelanta un convenio para la compra del predio, entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Alcaldía de Mocoa y la UNGRD”, expresó González. Se cuenta con $1.258 millones de presupuesto para obra.

Pese a los contratiempos, Ardila dice que “no se robaron la plata”, ya que los recursos se encuentran en fiducias. “El gran problema de Mocoa es la no ejecución de recursos”, expresó. Los datos de Gestión del Riesgo evidencian que para las 99 actividades definidas en el Plan de Acción Específico - cuya ejecución está a cargo de 17 sectores - se estiman $1.096 billones, de los cuales solo se han ejecutado $172.951 millones y $923.135 están en ejecución.

Dentro de los proyectos más importantes se encuentran las obras de mitigación. En total, $175.603 millones están siendo invertidos en la construcción de muros de estabilización, jarillones, espolones, muros tipo presa y diques. “Desde el Gobierno se logró la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de las obras de mitigación del casco urbano, correspondientes a 57 puntos de intervención traducidos en 18 contratos; de los cuales se han iniciado a la fecha 16 contratos, para la intervención de 50 puntos. De manera que, el principal reto será iniciar la totalidad de las obras de mitigación, garantizando su ejecución en los plazos establecidos”, manifestó González.

Este año el Gobierno se comprometió a entregar 390 viviendas urbanas en Sauces II, las 519 restantes llegarían en julio de 2022. Además, se espera el inicio de los 13 proyectos de vías y alcantarillados, la construcción de 252 viviendas rurales, la galería de la plaza de mercado y las 87 viviendas urbanas nuevas para los damnificados de la avenida torrencial del 12 de agosto de 2018.

Según el cronograma del Plan de Acción Específico, la ejecución de las obras debía realizarse en cinco años. González dice que “las tareas de rehabilitación y reconstrucción se continuarán ejecutando hasta su culminación”. Desde Gestión del Riesgo destacan la realización de estudios por parte de Corpoamazonia, el Servicio Geológico Colombiano, la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros, para conocer el riesgo del territorio. También estudios y diseños a los afluentes que generaron la emergencia, para así mitigar el riesgo de eventos similares.

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, por el momento, se encuentra en revisión y ajuste. “Este Plan contratado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), contará con recomendaciones y conclusiones específicas sobre la gestión del riesgo en el Municipio de Mocoa”, aseguró González.

“Si seguimos concertando, entre la Gobernación, Alcaldía, Congreso, comunidad, y avanzamos - como hemos hecho en los últimos meses - esto se puede sacar adelante”, concluyó Ardila.

El 31 de marzo de 2017 una avenida torrencial causó una emergencia en la capital del Putumayo. El desastre dejó 335 muertos, 398 heridos y 53 personas desaparecidas. De forma directa 7.892 familias resultaron damnificadas. La infraestructura de 48 barrios tuvo afectación, se dañó la subestación eléctrica, dos acueductos, la red de gas, 11.5 kilómetros de vías. Además, quedaron dos puentes destruidos, otros tres averiados y un total de 1.461 viviendas, entre rurales y urbanas, perdidas. (Leer: Mocoa, en emergencia social)

Después de cuatro años, Mocoa todavía no tiene acueducto, y solo se han entregado 300 casas, aunque en 2017 el Gobierno señaló que la reconstrucción tardaría tres años. Para la recuperación, se estableció el Plan de Acción Especifico (PAE), el 6 de agosto de 2017. Eduardo José González, Director de la UNGRD y Gerente para la Reconstrucción de Mocoa, le dijo a El Espectador que el Gobierno ha avanzando en el cumplimiento de las seis líneas de acción estratégicas, en total 99 actividades, contempladas en dicho plan. “A la fecha se reporta un significativo avance de ejecución del 67%”, afirmó.

Según González, del plan se han beneficiado 45.589 habitantes, con “la ejecución de puentes vehiculares, puentes peatonales, 300 viviendas, acueducto, pavimentación de vías, mejoramiento de instituciones educativas, uniformes a estudiantes, adecuación de escenarios deportivos, subsidios de arriendo, ayuda humanitaria, apoyos económicos, sistema de alertas tempranas, adecuación de ríos y cauces, adecuación parque principal y fortalecimiento institucional”.

Aún así, el avance es lento, en parte por dificultades técnicas y contractuales. De acuerdo con Carlos Ardila, Representante a la Cámara por Putumayo, se le han hecho tres ejercicios de control político y ciudadano a la reconstrucción de Mocoa desde 2018. “Los dos Gobiernos han hecho esfuerzos para asignar recursos, la gran dificultad la encontramos en la ejecución de los contratos”, manifestó.

Ardila explicó que, por ejemplo, uno de los propósitos era construir 1.206 viviendas urbanas, estas se dividen en dos contratos (uno de 300 y otra de 906 viviendas). “El Proyecto Sauces I, la primera fase, avanzó - aunque con algunas dificultades- y esas viviendas se entregaron en 2018. En la ejecución de Sauces II registramos problemas con el predio, la licencia, la vocación del suelo y el más grande: con el contratista, que resultó involucrado en un escándalo de corrupción con el Fondo de Infraestructura Educativa“, afirmó Ardila.

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El representante recordó que, tras los incumplimientos, el contrato pasó al Consorcio Mocoa 2019, pero fue necesaria la realización de otro estudio. “El nuevo contratista dijo que las viviendas contratadas en 2017 no tendrían el mismo valor en 2020, después llegó el COVID-19. Todos los problemas que se puedan encontrar en la ejecución de un contrato, están en Sauces II″, afirmó. Fue hasta hace menos de un mes que el Gobierno informó que se agregarían recursos y se ampliarían los plazos para poder ejecutarlo. Con las viviendas rurales también hubo problemas, no se han ejecutado los recursos para construir cerca de 300 casas.

El acueducto es una de las obras más necesarias y cuestionadas. “El acueducto tiene recursos desde 2017, inicialmente $26.000 millones, luego vienen adicionales, pero el gran problema, de nuevo, ha sido la ejecución. Primero por un tema social con comunidades indígenas aledañas a uno de los predios de la obra, una larga discusión de si se requería o no consulta previa. Salimos de ese tema y resultó que también había un problema técnico. El tecnicismo dice que la fuente de captación de ese acueducto no es la ideal, que presenta dificultades y que se debió elegir una fuente distinta. Después, se construyó una fuente alterna. Ahora el contratista dice que hay un 94% de avance, pero le hace falta conectarse a la fuente, es decir, el agua”. Aún así, el representante reconoce que el acueducto que se perdió con la emergencia era deficiente.

En el último comunicado de prensa, Gestión del Riesgo informó que, en cuanto al sistema de acueducto, los componentes de la bocatoma, el desarenador, la Planta de Tratamiento y los tanques de almacenamiento están terminados y en operación. “Gracias a la ejecución de estas obras, se cuenta con un suministro adicional a la red de acueducto que opera actualmente con 230 litros por segundo de agua. Este proceso está siendo desarrollado por el Ministerio de Vivienda y ejecutado por Findeter”, señalaron al explicar que hubo una concertación con el pueblo indígena Inga, para la realización de las obras.

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Una de las obras más avanzadas es el colegio. Según el director González el avance físico es del 47.2% y ya se han invertido $11.194 millones. Se estima que terminarán en el segundo semestre de 2021 y beneficiará a 960 niños. El hospital, un proyecto incluido en el Plan de Acción, pero que no se vio afectado por la avenida torrencial, cuenta con una inversión de $63.000 millones, ejecutados por la E.S.E José María Hernández, con recursos de la Gobernación del Putumayo y el Ministerio de Salud. “El avance de las obras en la primera etapa es de 100% y en la segunda del 15%”, aseguró.

Sin embargo, Ardila explicó que la fase uno se realizó antes de la emergencia, en la fase dos hay dificultades en la ejecución. “La Contraloría está realizando un seguimiento especial y se ha logrado “destrabar” la realización de la obra”, contó. El representante resaltó el papel del órgano de control, pues asegura que están haciendo seguimiento constante a la reconstrucción de Mocoa.

Para la cárcel todavía no hay predio. “Después de la Avenida Torrencial y verificación de nivel de riesgo, se determinó que la infraestructura antigua debe ser trasladada a un sitio seguro, para lo cual se adelanta un convenio para la compra del predio, entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Alcaldía de Mocoa y la UNGRD”, expresó González. Se cuenta con $1.258 millones de presupuesto para obra.

Pese a los contratiempos, Ardila dice que “no se robaron la plata”, ya que los recursos se encuentran en fiducias. “El gran problema de Mocoa es la no ejecución de recursos”, expresó. Los datos de Gestión del Riesgo evidencian que para las 99 actividades definidas en el Plan de Acción Específico - cuya ejecución está a cargo de 17 sectores - se estiman $1.096 billones, de los cuales solo se han ejecutado $172.951 millones y $923.135 están en ejecución.

Dentro de los proyectos más importantes se encuentran las obras de mitigación. En total, $175.603 millones están siendo invertidos en la construcción de muros de estabilización, jarillones, espolones, muros tipo presa y diques. “Desde el Gobierno se logró la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de las obras de mitigación del casco urbano, correspondientes a 57 puntos de intervención traducidos en 18 contratos; de los cuales se han iniciado a la fecha 16 contratos, para la intervención de 50 puntos. De manera que, el principal reto será iniciar la totalidad de las obras de mitigación, garantizando su ejecución en los plazos establecidos”, manifestó González.

Este año el Gobierno se comprometió a entregar 390 viviendas urbanas en Sauces II, las 519 restantes llegarían en julio de 2022. Además, se espera el inicio de los 13 proyectos de vías y alcantarillados, la construcción de 252 viviendas rurales, la galería de la plaza de mercado y las 87 viviendas urbanas nuevas para los damnificados de la avenida torrencial del 12 de agosto de 2018.

Según el cronograma del Plan de Acción Específico, la ejecución de las obras debía realizarse en cinco años. González dice que “las tareas de rehabilitación y reconstrucción se continuarán ejecutando hasta su culminación”. Desde Gestión del Riesgo destacan la realización de estudios por parte de Corpoamazonia, el Servicio Geológico Colombiano, la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros, para conocer el riesgo del territorio. También estudios y diseños a los afluentes que generaron la emergencia, para así mitigar el riesgo de eventos similares.

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, por el momento, se encuentra en revisión y ajuste. “Este Plan contratado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), contará con recomendaciones y conclusiones específicas sobre la gestión del riesgo en el Municipio de Mocoa”, aseguró González.

“Si seguimos concertando, entre la Gobernación, Alcaldía, Congreso, comunidad, y avanzamos - como hemos hecho en los últimos meses - esto se puede sacar adelante”, concluyó Ardila.