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Un balance agridulce en temas de conflicto y derechos humanos dejó el primer semestre de 2019. Aunque hubo una disminución de los homicidios, los desplazamientos forzados y las víctimas de minas antipersonal, también se incrementaron las amenazas a líderes sociales, los eventos de confinamiento y la confrontación directa entre Fuerza Pública y actores armados ilegales en el país.
Esa es una de las principales conclusiones que arroja el análisis entregado por la Fundación Ideas para la Paz sobre las dinámicas de la confrontación armada y afectación humanitaria y según el cual los combates de la Fuerza Pública contra grupos armados aumentaron en un 82% respecto al primer semestre de 2018.
De ese total de combates registrados, el 34% fueron contra el Eln; el 27% contra organizaciones criminales, principalmente Autodefensas Gaitaniastas; y el 21% en contra de las disidencias de las Farc. El documento señala, además, que el 21% de los enfrentamientos ocurrieron en Antioquia (en el norte y el bajo Cauca contra el Eln y las Autodefensas Gaitanistas), el 14% en Norte de Santander y otro 10% en Arauca y Cauca.
Asimismo, detalla el informe, las muertes de miembros del crimen organizado en desarrollo de operaciones aumentaron 87%. En el caso de las organizaciones criminales aumentaron en un 37% las capturas y en un 35% las muertes en operaciones; mientras que en el caso del Eln disminuyeron las muertes en operaciones en un 28% y aumentaron las capturas en 87%. En total, de enero a mayo de 2019 larelación capturas/muertes fue de 20:1.
Los datos reclectados por la FIP señalan que el grupo armado ilegal más activo fue el Eln, seguido por las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas, grupos no identificados y el Epl. Las regiones más impactadas son Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño.
El balance destaca algunas cifras positivas como por ejemplo la disminución en un 9% de los homicidios en zonas de disputa -como el pacífico nariñense, bajo Cauca y sur de Córdoba- y en territorios claves para la implementación del Acuerdo de Paz: -70 casos en los espacios de reincorporación, -80 casos en territorios del Programa de Sustitución de Cultivos, -56 casos en zonas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial y -114 casos en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Sobre el fenómeno de desplazamiento, la FIP sostiene que "las víctimas de desplazamiento forzado disminuirían 78% si se mantiene la tendencia mostrada hasta mayo de 2019 (...) 46% disminuyeron los eventos de desplazamiento según OCHA. Esto se debería a: mayor subregistro, desplazamientos gota a gota, aumento del confinamiento en algunas zonas y estabilización de la confrontación armada".
Precisamente los datos sobre confinamiento causan especial preocupación sobre todo si se tiene en cuenta que el aumento fue del 50% y los departamentos de Chocó y Nariño concentran la mayoría de los casos: "El incremento de este tipo de acciones responde principalmente a la disputa de actores armados por el control de las economías ilegales, rutas y el territorio en general".
Asimismo, las cifras muestran un incremento del 160% en las amenazas contra líderes sociales y una disminución del 16% en los homicidios. Los líderes comunitarios, la mayoría miembros de Juntas de Acción Comunal, siguen siendo las principales víctimas y los departamentos con más casos son Cauca, Antioquia, Nariño y Norte de Santander.