Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En medio de la crisis por la pandemia del coronavirus en el país, varias comunidades indígenas tomaron la decisión de adoptar medidas propias para evitar que se propaguen los contagios en sus resguardos. Los indígenas zenúes en Córdoba, por ejemplo, cercaron sus fronteras para que durante la emergencia sanitaria ninguna persona externa a la comunidad pueda entrar a sus territorios. En su caso, y dadas las condiciones de seguridad que se viven en distintas zonas del departamento, la medida de aislamiento ha resultado problemática.
Los zenúes, ubicados en el norte de Córdoba, en zona rural de San Andrés de Sotavento, confirmaron esta medida el pasado 10 de mayo con el respaldo de las autoridades locales. La misma situación ocurrió con los indígenas en Chimá, Chinú y en la zona meridional de Pueblo Nuevo. “Dicho apoyo administrativo y logístico consiste en que desde las alcaldías y las diferentes estaciones de Policía se están poniendo a disposición protocolos para que las normas de aislamiento preventivo se cumplan en estas comunidades, respetando a su vez los lineamientos de acceso de la Guardia Indígena”, según reza un documento del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba.
Sin embargo, en el sur del departamento, puntualmente en el resguardo Zenú del Alto San Jorge, ubicado en zona rural que une a los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, los líderes indígenas no han contado con la misma suerte. El control sobre fronteras en esta zona, que alberga a más de 4.000 indígenas, comenzó a ejercerse desde el pasado 20 de abril, con la directriz de solo permitir el ingreso de eventuales ayudas humanitarias que lleguen al resguardo. Tras la decisión, según líderes de la comunidad, comenzaron a llegar amenazas de muerte en las que les advertían de represalías si seguían con la idea de aislar su territorio.
También le puede interesar: “En el Cauca estamos viviendo dos pandemias”: Gobernador
“Desde el casco urbano de Puerto Libertador nos están estigmatizando por querer proteger a nuestros territorios de la pandemia. Lo único que queremos como indígenas es vivir en armonía con la naturaleza y el entorno social, pero este tipo de amenazas lo que hacen es querernos callar en un momento en el que no podemos darnos ese lujo. Lo más triste es que no tenemos acompañamiento por parte de las autoridades”, señala Darlis Rojas, coordinadora de trabajo social de los zenúes en el Alto San Jorge, y una de las personas amenazadas por defender esta iniciativa.
De acuerdo con el cacique mayor del resguardo, Rafael Antonio Flórez, también blanco de las intimidaciones, mediante la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) han emitido alertas para que al menos en la Gobernación de Córdoba les den respuestas y respaldo. “No sabemos quién emite las amenazas que nos llegan a Whatsapp. Presumimos que vienen de la cabecera en Puerto Libertador, por órdenes de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o los Caparros. Sea de donde vengan, es inaudito que a esas personas les inquiete más que queramos proteger a nuestra comunidad a que las ayudas humanitarias no lleguen. No tenemos alimentos suficientes para todos y la asistencia humanitaria ha sido precaria”, agregó Flórez.
Tanto Rojas como el cacique Flórez se han reunido con líderes comunitarios en mesas de trabajo para evaluar los peligros de no aislar su resguardo. El argumento principal recae, según ellos, en que el centro de salud en Puerto Libertador no está en capacidad de atender a más de 10 pacientes simultáneamente, y en caso de contraer coronavirus el punto más cercano para una atención digna es en Montería, a unas cuatro horas en carro. “En Córdoba ya hay más de 40 personas con coronavirus. La mayoría de ellos son remitidos a Montería porque allá el hospital sí tiene personal médico calificado. Nuestra iniciativa de cercar nuestro territorio recae en gran parte para evitar el colapso de los servicios de salud y no pasar por el dolor de que uno de nuestros hermanos se convierta en una estadística. Por eso nos aislamos”, reiteró Flórez.
Las amenazas en el Alto San Jorge vienen de antes
Bajo la misma modalidad de mensajes vía Whatsapp, Águeda Quiñónez, lideresa de la Red de Derechos Humanos del sur de Córdoba y gobernadora del Cabildo Zenú Vende Agujas, en Tierralta, recibió el pasado 14 de abril unas intimidaciones que atribuye a su “rol comunitario y de protección encaminado en la vida de los indígenas”.
Según Darlis Rojas, hay estructuras del Clan del Golfo en el sur de Córdoba que los quieren hacer pasar por guerrilleros para deslegitimar las acciones dentro de sus resguardos. “Hemos denunciado desde hace meses las arbitrariedades que las mineras hacen en nuestro territorio. En su momento tuvimos acompañamiento de la UNP, pero después de dos meses nos quitaron la protección alegando que no había presupuesto para mantenerla; y ahora que las amenazas se asocian con las medidas de cuarentena que queremos para nuestros pueblos, las autoridades tampoco se presentan, y eso hace crecer a los criminales para intentar poner su propia ley”, sentenció.
En cuanto a las ayudas humanitarias, desde el resguardo Zenú del Alto San Jorge sostienen que aunque desde el Ministerio del Interior enviaron la semana pasada un paquete de mercados para asistir a la población indígena durante la pandemia, desconocen al día de hoy el paradero de dichos insumos. “Inscribimos familia por familia para que el alcance de las ayudas fueran efectivas. Desde el Ministerio nos dijeron que los paquetes estaban marcados con nuestros nombres, pero en la delegación de entregas que el gobernador le hizo a los alcaldes de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano no sabemos qué pasó”, denunciaron Rojas y Flórez.
(Lea también: Tres integrantes de una familia mueren por COVID-19 en Malambo (Atlántico))
Sin embargo, otro líder de la comunidad en el Alto San Jorge, que pidió reserva de identidad, sostuvo que sí han tenido ayudas humanitarias desde la Gobernación, pero que tan solo fue un paquete por $25.000 que les hicieron llegar esta semana.
Según el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, desde la administración se están haciendo esfuerzos para llegar a todas las comunidades: “Gestionamos 16.000 mercados en el marco del programa ‘Colombia está contigo’, de los cuales 7.200 son focalizados para la población indígena en Tuchín y 8.800 para San Andrés de Sotavento. Dirigimos 10.000 mercados a Tierralta, donde también hay población indígena”, afirmó Benítez.
Lo cierto es que mientras se realizan las investigaciones, hoy la Guardia Indígena en el Alto San Jorge se encuentra entre la necesidad de cuidar los ingresos a los pueblos, para que se cumpla el aislamiento, y al mismo tiempo darle seguridad a los líderes amenazados para evitar más muertes.
Ellos insisten en que no se dejarán callar y que confían en una pronta asistencia estatal para pasar lo que resta de cuarentena con las medidas básicas de seguridad para ellos y el pueblo zenú en general.