En junio de 2011, Lina Ocampo arrendó una casa en el barrio Cervantes, de Manizales. Se fue a vivir allí con su hija, Daniela Restrepo; su yerno, Fernando Orozco, y su nieta de tres años, María Antonia. La familia buscaba empezar una nueva vida en ese sector de la capital caldense cercano al centro de la ciudad.
Cinco meses después, a las 6:15 a.m. del sábado 5 de noviembre, 250 toneladas de lodo sepultaron los sueños de Lina y su familia. A esa hora se derrumbó la ladera en donde estaba la casa de los Ocampo. El alud se llevó 13 viviendas y la vida de 48 personas, entre ellas la de la pequeña María Antonia Orozco Restrepo.
Lina estuvo debajo de los escombros durante más de una hora. Su hija se fracturó un hueso de la cara y su yerno se lesionó la columna. Pero ninguna de sus heridas se compara con el dolor de haber perdido a María Antonia.
“Vamos a ayudarles a los familiares de todas las víctimas (...) [y a ver] cómo se les puede ayudar para construir casas nuevas”, dijo Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, cuando visitó el lugar de la tragedia el 6 de noviembre y ofreció sus condolencias a las familias.
Ocho años después, ninguna víctima ha recibido ayudas para construir una nueva vivienda.
Durante octubre y noviembre de 2011 cayeron aguaceros muy fuertes en Manizales. Desde el 30 de octubre toda la ciudad estaba en alerta roja por la ola invernal. Sin embargo, Cervantes no tenía ninguna orden de evacuación porque no era considerado un sector de riesgo.
Aunque en la ciudad no paraba de llover, Manizales estuvo sin agua durante dos semanas de octubre de 2011. Un daño en los tubos que salían de una planta de tratamiento causó la falla en el servicio y las tuberías se llenaron de aire. Según explican las víctimas, cuando se restableció el servicio no se siguieron los procedimientos adecuados y la presión del aire, sumada a la del agua, hizo que se rompieran las uniones del tubo madre que pasaba por la ladera de Cervantes.
Los damnificados aseguran que desde el jueves 3 de noviembre llamaron a la línea 116 de Aguas de Manizales, la empresa encargada del acueducto de la ciudad, para avisar que había indicios de una fuga. Algunos dicen que vieron salir agua limpia por las uniones del asfalto antes de la tragedia. A pesar de las advertencias, sostienen que la empresa no contestó varias de las llamadas y en las que respondió se limitó a decir que no había personal disponible para atender la contingencia.
Para las víctimas, esas negligencias fueron las que causaron la tragedia. Por ello, el 3 de julio de 2012 interpusieron una demanda administrativa contra el municipio de Manizales y la empresa Aguas de Manizales.
Daniela Restrepo, la hija de Lina y la mamá de María Antonia, trabajó en 2011 en la campaña del exministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas a la Alcaldía de Manizales. El candidato ganó las elecciones 10 días antes de la tragedia y asumió el cargo el 1.º de enero del año siguiente.
En 2012 y 2013 no hubo avances significativos en materia judicial. Sin embargo, en mayo de 2014 comenzó un proceso conciliatorio que según las víctimas fue promovido por la parte demandada: Jorge Eduardo Rojas, como representante legal del municipio, y Juan David Arango, como gerente y representante de Aguas de Manizales.
“Pasamos el primer año de reunión en reunión. Para conciliar, todas las víctimas teníamos que estar de acuerdo. Visitamos familia por familia convenciéndolas de que lo mejor era conciliar, así fuera por mucho menos dinero del que nos correspondía. Por fin íbamos a tener la oportunidad de cerrar ese capítulo tan doloroso y volver a empezar”, dijo Lina Ocampo a El Espectador.
Aguas de Manizales contrató un estudio con el abogado Luis Alberto Botero, experto en temas de reparación directa, para que orientara a la entidad sobre la viabilidad jurídica de conciliar y el dinero por el cual debería hacerse ese proceso. El 14 de septiembre de 2015 el jurista presentó los resultados del estudio en el que concluyó que lo mejor para el municipio y la empresa de acueducto era conciliar por un valor que oscilara entre el 17 y el 25 % de las aspiraciones de los damnificados.
La reclamación del grupo de víctimas ascendía, en 2015, a $116.000 millones. Aguas de Manizales y el municipio propusieron $25.500 millones y las víctimas aceptaron.
“Alcanzamos a abrir cuentas para recibir los dineros. Pedíamos permisos en los trabajos para ir a reuniones. Incluso, viajaba gente desde España a firmar documentación. Nosotros seguíamos confiando y pedaleándole a la conciliación”, cuenta Lina.
A pesar de que Aguas de Manizales contrató un estudio para evaluar la viabilidad de conciliar y Jorge Eduardo Rojas lo conoció, el entonces alcalde dijo el 9 de diciembre de 2015 (a 20 días de terminar su mandato) que por un error jurídico ya no se podía hacer la conciliación. “No se logró por culpa nuestra (...) Nos vinimos a dar cuenta, apenas ahorita, que conciliar por vía penal era un error jurídico”, dijo el entonces mandatario al periódico La Patria.
La falla de la que habló Rojas consistía en que al conciliar por lo penal, como efectivamente se estaba haciendo, se llegaba a un acuerdo con los funcionarios y no con Aguas de Manizales y el municipio. Ello implicaba, según el exalcalde, que la culpa caía sobre las personas naturales, no las jurídicas.
“¿Cómo se gastan dos años poniendo a voltear a todo el mundo con eso, para después decir que eso legalmente no se podía hacer? Eso es lo que nunca hemos logrado entender. A nosotros nos dio la impresión de que todo era para dilatar el proceso”, cuestionó Lina.
Este diario se comunicó con Jorge Eduardo Rojas, quien aseguró que la iniciativa de conciliar no vino de la administración, sino de las víctimas. Afirmó que como mandatario comenzó ese proceso siguiendo el consejo de los abogados de la Alcaldía, pero dijo que se cometió un error. No obstante, afirmó que la falla fue de los juristas de ambas partes porque ningún letrado advirtió que allí podía haber una equivocación.
Sin embargo, los abogados de las víctimas aseguraron a este diario que la conciliación sí se podía hacer. Dijeron que ese proceso habría cerrado la demanda administrativa y la investigación penal que, por oficio, la Fiscalía ya había iniciado contra tres exfuncionarios de Aguas de Manizales por presuntas negligencias en la atención de la emergencia.
Jorge Eduardo Rojas terminó su alcaldía el 31 de diciembre de 2015 y el 1.º de enero de 2016 fue sucedido por Octavio Cardona, quien desde el principio fue claro en que no conciliaría, sino que debía avanzar la demanda administrativa.
“En realidad, le agradecemos a Cardona que haya sido sincero y honesto, porque no hizo lo mismo que el otro y no nos tuvo volteando más tiempo”, dice Lina.
Han pasado siete años desde que se interpuso la demanda administrativa y todavía no hay un fallo de primera instancia. El proceso está en el Consejo de Estado, donde se resuelve un recurso que puso Aguas de Manizales. Una vez el caso vuelva a la capital caldense continuará la investigación y en algún momento, aún incierto, habrá una primera decisión judicial.
En cuanto a lo penal, el pasado 8 de octubre el Tribunal Superior de Manizales absolvió en segunda instancia a los tres exfuncionarios de Aguas de Manizales que la Fiscalía estaba investigando por presuntas negligencias en la atención de la emergencia. Sin embargo, los abogados de las víctimas intentarán llevar el caso a casación en la Corte Suprema de Justicia.
“Después de la tragedia empezaron a pasar los años y a transcurrir el tiempo sin ganas de nada. Vivíamos porque nos tocaba y trabajábamos por inercia. Ya no teníamos motor y tampoco había motivación”, relata Lina al recordar los años siguientes al 5 de noviembre de 2011.
Después de la madrugada de ese sábado, Lina y su familia quedaron sin nada y tuvieron que empezar de cero. Sobreponerse a 250 toneladas de lodo, a las ilusiones destruidas de promesas incumplidas y al desconsuelo eterno de perder a María Antonia.
Aunque ha sido difícil renacer, Daniela y Fernando tuvieron hace cinco años a Juan Martín Orozco Ocampo. El niño ha sido el motor que ha levantado de nuevo a la familia.