El mismo río que les regalaba los peces y el líquido bendito para alimentar el cultivo les trajo un día a los hombres de las armas. Llegaron en canoas con sus fusiles, sus odios y su falta de piedad. Prometían arrebatar a sangre y fuego aquellas tierras a sus dueños. Pero ellos, las víctimas, no eran los dueños verdaderos. Desde hacía muchos años, sufridos, incontables, que padecían a otros invasores. Como suele pasar en la guerra, ninguno quiso ceder. El enfrentamiento parecía inevitable, pero había sido advertido en reiteradas ocasiones por las autoridades y por los mismos mártires. Venían por el pueblo, era un asunto avisado. En las horas más aciagas unos buscaron refugio en la selva y otros —niños, mujeres y ancianos— se ampararon en el templo de cemento que se levantaba como la única estructura capaz de contener las balas indiscriminadas. El 2 de mayo de 2002, 45 menores y 80 adultos murieron bajo los escombros de esa iglesia luego de que hombres del frente 58 de las Farc, que se enfrentaban con los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, le lanzaran una pipeta de gas.
La masacre de Bojayá, una necesitada población del Chocó de 2.500 habitantes, ubicada a orillas del río Atrato, cumple este domingo ocho años sin que aún los afectados hayan podido sanar por completo sus heridas. Se trata de uno de los actos más bárbaros cometidos por la guerrilla, emblemático porque pocas veces los violentos habían matado a tantos niños al tiempo, porque arremetieron contra una inocente comunidad negra e indígena, y porque lo hicieron en un lugar sagrado para ellos y tradicionalmente respetado en el conflicto.
Los cuatro cilindros de gas —sólo uno explotó— lanzados por los guerrilleros que se encontraban a un lado del río, en el municipio antioqueño de Vigía del Fuerte, contra los ‘paras’ atrincherados al frente, en Bojayá, arrasaron con el pueblo, pero por fortuna dejaron intacta su riqueza cultural. Hoy, las caderas siguen el ritmo de los tambores por las calles pavimentadas del Nuevo Bojayá, inaugurado por el Gobierno en 2007.
Dentro de cinco meses verá la luz un informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) sobre la masacre de Bojayá. El texto, que tardó 14 meses en ser elaborado por ocho investigadores, cuatro de ellos chocoanos, ya está listo y primero será compartido con los habitantes de esa población.
Martha Nubia Bello, jefa de los investigadores, y Gonzalo Sánchez, coordinador del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR, le dijeron a El Espectador que el documento está aún sin título. Ambos coinciden en que una de las principales conclusiones del mismo es que la justicia aún les debe mucho a los bojayaceños y en que fortalecer las herramientas para encontrar la memoria de estos eventos debería estar en la agenda de todos los candidatos presidenciales.
Cuentan que ya el Atrato no está tan cerca —la reubicación los dejó a un kilómetro— y que ya no viven del cultivo de arroz y de pescar. Ahora tienen mejores casas, un polideportivo y parques, pero les hacen falta proyectos productivos y, a veces, sus antiguas viviendas palafíticas cerquita del río por el que llegaron los hombres de las armas.
¿Qué conclusiones trae el informe sobre la masacre de Bojayá?
El informe muestra cómo la masacre es la evidencia de la degradación de la guerra. También se comprueba el desprecio por la población civil por parte de todos los grupos armados. El texto deja en claro que hubo una desatención en la obligación de protección del Estado.
¿Quiénes fueron los responsables de esa masacre? ¿Ha habido algo de justicia en estos ocho años?
La responsabilidad central es de las Farc y en ese sentido ha habido un proceso de justicia más bien diligente. Hay dos guerrilleros condenados a 36 años de prisión, cada uno, por estos hechos. Asimismo, hay otros más acusados. En cuanto a los ‘paras’, existen ya varias confesiones. De hecho, El Alemán en una de sus versiones libres reconoció haber participado. Pero frente a ellos no hay condenas. Tampoco hay justicia en el tema de los militares que, por acción o por omisión, tuvieron que ver en lo ocurrido, como lo señaló en su momento la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
¿Cómo ha sido el proceso de retorno, primero, y reubicación, después, de los bojayaceños?
El retorno organizado de los desplazados se dio siete meses después de la masacre. Se estima que unas siete mil personas se desarraigaron a causa de ésta, no sólo de Bojayá, sino también de pueblos vecinos. La reconstrucción de Nuevo Bojayá arrancó en 2004 y culminó en 2007.
El Bojayá de ahora es, al menos en apariencia, muy distinto al de la masacre…
Bojayá tuvo una respuesta institucional poco común. Hubo un despliegue muy importante de acción estatal. La inversión más fuerte ha sido la reubicación, calculada en unos $33.000 millones. La población cuenta ahora con centro de salud, Casa de la Cultura, polideportivo, biblioteca comunitaria, jardín infantil, calles pavimentadas con casas que distan mucho de la idea de una vivienda de interés social. Lo que formula la población es que no cuentan con fuentes de ingresos sostenibles y que tienen inconvenientes con la prestación de los servicios básicos.
¿Pero hay presencia de grupos armados ilegales?
Antes en el río uno encontraba hasta tres retenes de distintos grupos. Ya no, pero la gente sabe que las Farc no se han extinguido. Dicen que ven a guerrilleros y paramilitares, ya sin sus uniformes, mimetizados. Eso les crea una dependencia muy fuerte de la presencia militar.
¿Qué avances ha habido en estos años en verdad, justicia y reparación?
Hay tres actores armados que participaron, por acción o por omisión, pero sólo ha habido acción efectiva de la justicia hacia uno de ellos. También hay una deuda de la justicia frente a crímenes que se fueron cometiendo a lo largo de 10 años de violencia. ¿A quién se le judicializa por los miles de desplazamientos forzosos? Hay deudas de la justicia muy importantes. En cuanto a reparación, hubo un proceso lento de reconocimiento de las víctimas.
¿A cuánto asciende cada indemnización?
De 7 a 15 millones de pesos.
La Iglesia pidió recientemente a los candidatos presidenciales poner en sus agendas el tema de la paz, ¿deberían incluir también el de la memoria?
Me parece muy valeroso por parte de la Iglesia. Los candidatos no se atreven a hablar de paz porque eso no da votos. Ahora, el tema de la negociación se plantea siempre como asunto de dos actores y las víctimas quedan en la mitad. Ahí entra la memoria histórica, como parte de ese otro medio universo que se está dejando por fuera. Si no hay espacio para la verdad y la memoria no hay espacio para las soluciones.
Informes de La Rochela, género y tierras
Este año, en septiembre cuando se realice la Semana de la Memoria, el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR lanzará cuatro importantes informes que revelan la naturaleza del conflicto en el país. Además del de Bojayá, se prepara uno sobre el caso de La Rochela, que muestra a la justicia víctima de la guerra. Asimismo, por primera vez se presentará un documento sobre la violencia contra las mujeres —llamado ‘Género y violencia’—. El cuarto es un texto acerca del problema de tierras.