Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Más de 9 billones de pesos se invertirán en Boyacá para consolidar un territorio más educado y productivo
En el departamento la apuesta de la Gobernación es dirigir cerca de la mitad de sus recursos a la línea estratégica de conocimiento, que incluye asuntos como la digitalización, formación para el trabajo, investigación, innovación y educación superior.
Para el gobernador Carlos Amaya, la educación ha sido una prioridad (como lo fue entre 2016 y 2019, cuando dirigió por primera vez la Gobernación de Boyacá). Por esa razón, su principal apuesta para el cuatrienio es impulsar la productividad y la innovación en el departamento con inversión para educación, conectividad, ciencia y tecnología.
Su Plan de Desarrollo Departamental está dividido en cinco líneas estratégicas. La más importante se denomina “Tierra del conocimiento” y tiene como objetivo fortalecer la conexión de Boyacá con el mundo, a través del cierre de la brecha digital (especialmente en las zonas rurales, donde esos recursos son de más difícil acceso). También busca alcanzar altos estándares de calidad en los ambientes pedagógicos, desarrollar estrategias de capacitación permanente y liderazgo con los docentes, encaminadas a la innovación educativa y el fortalecimiento de capacidades.
La administración sabe que la educación es el camino para fortalecer otros sectores que están directamente conectados, como la competitividad y el emprendimiento. Mismos que esperan impactar directamente con sus inversiones en educación. Para el logro de esos objetivos, la principal línea de su hoja de ruta tendrá recursos por el orden de los $4.8 billones.
Las otras cuatro estrategias en las que se enfoca su plan de acción también tienen una apropiación de recursos importante, que ayudará a apalancar el desarrollo desde distintos frentes. La línea denominada “Tierra para crecer y productiva”, enfocada al desarrollo del campo y los sectores productivos, tendrá $1.5 billones. Se invertirán $3.3 billones en el sector social, que incluye asuntos claves como la salud, y $34.435 millones en la línea de “Territorio del cuidado y la inclusión”.
Para medio ambiente, que es uno de los temas comunes de los departamentos de la región Centro, la proyección de inversión es de $111.275 millones. Se destaca la apuesta por acompañar la entrada del sector minero de Boyacá al mercado de los bonos de carbono, teniendo en cuenta que allí se produce el 99.9% de esmeraldas, el 51.66% de roca fosfórica y 37.71% de hierro del país, según la Agencia Nacional de Minería.
Los recursos para la ejecución del plan provendrán, en su mayoría, del Sistema General de Participaciones ($4.1 billones), que se sumarán a poco más de 1 billón de pesos de los recursos propios del departamento. Otros $700.000 millones llegarán desde el Sistema General de Regalías y del acceso a créditos por $230.000 millones. Se espera que las iniciativas de cofinanciación alcancen los $435.079 millones.
Algunas de las acciones puntuales en las que se invertirán los recursos son la transformación, conectividad y digitalización; la educación preescolar, básica y media integral; la educación superior pertinente y de calidad; la protección del patrimonio, los saberes y la cultura. También en la promoción de la investigación, el desarrollo e innovación aplicada al territorio, así como el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y el cierre de brechas para la dignidad de sus 1.3 millones de habitantes.
Lea también: Departamentos del Centro del país se proyectan a través de la gestión ambiental
En Cundinamarca se destinarán $21.1 billones para impulsar el transporte y la sostenibilidad
Con proyectos como el Regiotram de Occidente, cuyo costo estimado es de $3.6 billones, el departamento busca conectar a la región Centro del país, dinamizar el campo y la economía de forma ambientalmente sostenible.
En Cundinamarca, impulsar el desarrollo económico sostenible es una de las apuestas más importantes de la gobernación para este cuatrienio. Sin embargo, su objetivo es trabajar en iniciativas con impacto a largo plazo y que se mantengan a través del tiempo. De ahí la apuesta del gobernador Jorge Emilio Rey y su equipo de trabajo por construir un Plan de Desarrollo Departamental proyectado hasta 2028, para que el próximo mandatario pueda seguir adelante con proyectos concretos mientras diseña la hoja de ruta para la siguiente administración.
Dos puntos clave para concretar la visión de desarrollo que se teje desde el departamento son la identificación de la vocación del territorio en cada una de sus 15 provincias y el impulso al progreso económico con tecnología y sostenibilidad ambiental. Con cuatro líneas estratégicas buscan transformar los territorios para la competitividad, fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia, lograr mejores condiciones de vida para promover el desarrollo humano y adelantar iniciativas que permitan gestionar el agua y proteger los ecosistemas en una productividad sostenible.
Para alcanzar sus objetivos del cuatrienio, el departamento cuenta con $21.1 billones, de los cuales se priorizará la inversión según las líneas y áreas identificadas en las 28 mesas de diálogo realizadas durante la construcción del plan, entre las que tienen especial importancia el desarrollo humano integral y la inversión social, con una destinación del 63% del presupuesto. Del total de los recursos, $12.24 billones son de destinación específica; sobre las fuentes, $7.6 billones provienen del Sistema General de Participaciones, $4.7 billones de rentas y $3.3 billones de recursos de libre destinación y créditos, los cuales no afectarán la sostenibilidad financiera del departamento.
Los recursos mencionados se ejecutarán también en proyectos centrados en las líneas de movilidad y desarrollo sostenible, como la estructuración de un acueducto regional planificado, la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua, Saneamiento Básico y Ambiental y la red de recolección departamental de residuos sólidos.
También en el apoyo a 80 de sus 18 municipios en procesos de reactivación agropecuaria y amigable con el ambiente, la asistencia técnica a 40 asociaciones de recuperadores de residuos sólidos, para mejorar sus procesos de aprovechamiento y la implementación de 800 proyectos de acción comunal.
Al proyecto del Regiotram de Occidente, que ya avanza de forma satisfactoria para fortalecer la movilidad de Cundinamarca y apoyar y de Bogotá, se suman otros puntos claves en materia de infraestructura, como el desarrollo de dos centros para la transformación agroindustrial, con enfoque comercial y tecnología de punta. Este se complementará con el apoyo financiero a 60.000 productores (individuales y asociaciones) y establecimientos de comercio, para dinamizar la economía regional.
Así, el departamento busca lograr el equilibrio perfecto entre desarrollo y protección ambiental, con una visión al año 2036 en la que no solo esperan aportar más del 6.32% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, como sucedió en 2023, sino también mantenerse entre los primeros diez lugares de competitividad a nivel nacional.
Le puede interesar: Tres proyectos férreos son la clave para la conectividad del Centro de Colombia
Más de $2.000 millones se destinarán a seguridad y competitividad en Norte de Santander
El departamento tiene una frontera de 479 kilómetros con Venezuela, compartida con 10 municipios colombianos y dos ciudades de ese país. Por esa razón, la Gobernación hará énfasis en minimizar los conflictos fronterizos que afecten la vida de las personas y los proyectos de desarrollo.
Norte de Santander está ubicado en un punto clave del comercio internacional, que durante años y aún en medio de problemas políticos binacionales, no ha frenado el crecimiento de la región. Muestra de ello son las cifras de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), que registraron que durante el primer trimestre de 2024 las exportaciones de Colombia a Venezuela a través del departamento fronterizo crecieron en 25.9%, respecto al mismo período de 2023. El intercambio comercial produjo ganancias de aproximadamente $113.8 millones de dólares.
Sin embargo, no es posible dejar de lado la importancia de las condiciones de seguridad para mantener óptimos índices de calidad de vida y seguir apalancando la competitividad de la región. Por eso, el gobernador William Villamizar y su equipo de trabajo propusieron un Plan de Desarrollo Departamental enfocado en la seguridad, la competitividad, la inclusión, la sostenibilidad y la participación ciudadana como condiciones habilitantes del desarrollo integral y equitativo.
El plan se compone de tres líneas estratégicas: desarrollo económico sostenible y competitividad; inclusión y protección social; seguridad y paz. Esta última tiene prioridad dentro de las estrategias del departamento y cuenta con $562.543 millones para aspectos como prevención del delito ($166.770 millones), seguridad ambiental ($95.183 millones), seguridad del agua ($10.500 millones), protección animal ($2.500 millones) y gestión integral del riesgo de desastres (287.590 millones). En temas puntuales como las fronteras humanas para la vida, la integración y el desarrollo se invertirán $1.050 millones, y $13.000 millones más en la protección de derechos humanos.
El enfoque especial de la hoja de ruta de este departamento es proponer estrategias que ayuden a minimizar los conflictos fronterizos del departamento y sus efectos sobre sectores como el comercio, desde la articulación binacional. Así, buscan consolidar un territorio seguro, libre de violencias, promotor de la cooperación entre comunidades y fuerzas de seguridad. También tener una presencia fortalecida del Estado en sus cuarenta municipios, seis subregiones y dos provincias, que haga posible la convivencia pacífica, el desarrollo social y económico de la región.
El costo total de ejecución del plan plurianual de inversiones de Norte de Santander será de $8.2 billones. Hay recursos también para el desarrollo de las líneas de inclusión y protección social ($5.596.798 millones), desarrollo económico sostenible y competitivo (41.892.682 millones), y buen gobierno ($223.928 millones).
Algunos de los proyectos destacados de la inversión son el mejoramiento de la productividad y la competitividad de las zonas cafetera y cacaotera, una iniciativa de pedagogía para la paz, el apoyo a los proyectos para la reincorporación económica y social, y la consolidación de las escuelas promotoras de paz en el departamento. También al apoyo a proyectos productivos para los firmantes del acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC y la capacitación de líderes y lideresas en derechos humanos. Esto, por la influencia que tuvo allí el conflicto armado, especialmente en la región del Catatumbo.
Lea también: Gobernadores de la región Centro apuestan por la protección conjunta de los páramos
En Santander la seguridad es la “estrategia unificada” para el progreso
El departamento de Santander tiene una importancia particular para el país, desde lo ambiental y lo productivo; alberga un sistema de páramos que surten de agua a gran parte del centro de Colombia. Sin embargo, mejorar la seguridad es la apuesta actual para afianzar su competitividad.
Santander es uno de los departamentos que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. Según cálculos del DANE, en 2023 ese aporte fue del 6.4%, superado solo por Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Esa cifra representó aproximadamente $101.105 millones de pesos. También su nivel de competitividad está bien posicionado en el puesto número siete, con un puntaje de 6.24, según el Índice Departamental de Competitividad del 2024.
Pese a su representatividad en la economía nacional, el reto al que se enfrenta el departamento es la recuperación de la seguridad. Para abordarlo, el gobernador Juvenal Díaz y su equipo pensaron en un Plan de Desarrollo Departamental basado en cinco principios: seguridad multidimensional, política para servir, democracia directa, igualdad de oportunidades basada en la meritocracia y prioridad para el medio ambiente en armonía con el bienestar humano.
La apuesta por la seguridad se define a través de lo que el gobernador ha denominado como una “estrategia unificada”, que es una apuesta integral de participación intersectorial e intercultural, integrada por las fuerzas vivas del departamento. Su propósito es alcanzar objetivos específicos a través de acciones delimitadas y calculadas. A lo metodológico en materia de seguridad se suma la apuesta por destinar un importante rubro de su presupuesto para ese sector.
De los $8.5 billones de pesos que costará la ejecución de su plan plurianual de inversiones, $7 billones están dirigidos a la línea estratégica de seguridad multidimensional. En cuanto a las líneas de prosperidad y sostenibilidad, que también hacen parte de la ruta de trabajo del departamento de Santander, las asignaciones presupuestales son de $1.1 billones y $314.563, respectivamente.
Los recursos se destinarán a temas como calidad y fomento de la educación superior ($222.081 millones), generación y formalización de empleos ($4.100 millones), aseguramiento y prestación integral de servicios de salud ($883.231), justicia y derecho ($14.371 millones).
Entre otras acciones planteadas está facilitar la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de población migrante; fortalecer el servicio de inteligencia mediante la adquisición de equipos tecnológicos y de comunicaciones para la seguridad ciudadana; y fortalecer la infraestructura penitenciaria y carcelaria del departamento, atendiendo la legislación vigente al respecto.
Uno de los aspectos que distingue a la apuesta de seguridad de Santander de la de otros departamentos, es que no solo incluye los factores de inestabilidad de grupos armados ilegales y finanzas ilícitas con influencia en el territorio, sino también los factores de inestabilidad social y ambiental. Esto es de especial importancia en un sitio donde, por ejemplo, los delitos ambientales contra del ecosistema de páramos (el 28% del Páramo de Santurbán hace parte de ese departamento) devienen en afectaciones ecosistémicas de impacto regional y nacional.
También suma la propuesta de diseñar una matriz de diagnóstico que permita registrar por comunas y veredas los niveles de riesgo de seguridad y así tener una cobertura completa para todo el departamento y sus 2.3 millones de habitantes, que impacte de manera integral sus vidas.
*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.
