Campesinos deben ser dueños de la tierra que labran

Si algo quedó claro tras los dos foros sobre la solución al problema de los cultivos ilícitos —realizados en Bogotá, la semana pasada, y en San José del Guaviare, desde el pasado martes hasta el jueves— es que el asunto no puede aislarse del contexto general de la situación del agro en Colombia y por eso, resultan de vital importancia algunos de los temas que se discuten actualmente en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, principalmente los que tienen que ver con el acceso y el uso de la tierra.

"Más allá de la sustitución de cultivos, lo esencial es que los campesinos sean dueños en términos formales de la tierra que labran, que cuenten con el debido apoyo crediticio y técnico, y que tengan acceso a salud y educación, entre muchas otras cosas, pues solo así se habrán integrado efectivamente al mercado nacional", cree Absalón Machado, uno de los delegados de la ONU que participó en ambos foros, de los que ahora se sacará un documento con las principales propuestas para ser presentadas ante la mesa de negociación en Cuba.

Otra de las conclusiones fundamentales a tener en cuenta es que las comunidades agrarias del país están decididamente en contra de los procesos de fumigación de cultivos y de erradicación forzada, y consideran que las decisiones que rodean al sector del agro deben venir de consultas directas con las comunidades campesinas, para integrarse luego a los planes de desarrollo de cada departamento.

Mejor dicho, como lo dijo el gobernador del Meta, Alan Jara, "nadie se mete a un cultivo ilícito por gusto" y existen factores que no se pueden desconocer, "como la falta de apoyo al agro y el mismo hecho de que la hoja de coca mantuviera durante años un precio de venta más o menos estable".

Para Fabrizio Hochschild, coordinador Residente y Humanitario de la ONU en Colombia, está claro que el fenómeno de los cultivos ilícitos y el narcotráfico no exclusivo de la realidad colombiana, sino que se trata de un problema global, "que aquí ha afectado especialmente a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos –en la llamada 'frontera agrícola'– y notoriamente expuestas al accionar de los grupos armados".

De hecho, durante el foro en San José del Guaviare, líderes de asociaciones campesinas del Guaviare, Meta y Caquetá, compartieron sus experiencias en sustitución de cultivos. Así por ejemplo, la Asociación de Productores Agropecuarios por el Cambio Económico del Guaviare (Asoprosegua), presentó el trabajo cooperativo que vienen adelantando decenas de familias que antes se dedicaban al cultivo de hoja de coca y que ahora está enfocado en el cultivo y la transformación de frutas amazónicas, como el arazá y el borojó.

Las recompensas del trabajo conjunto no se han hecho esperar, y Asoprosegua cuenta ya con una infraestructura y unos recursos técnicos con los que antes quizás no habrían podido ni soñar: cuarto frío, equipos de laboratorio, pozos reservorios, tractor, camión y bus. Y según sus mismos testimonios, si algo han aprendido es a soñar en grande. Ya tienen en proyecto la construcción de una planta de producción, así como la incursión en la siembra de cien hectáreas de caucho y más de mil de cacao.

También en el Guaviare, la Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Ariari (Asprabari) ha logrado sacar adelante un proyecto de ganadería sostenible, de forma paralela con uno de siembra de caña de azúcar y producción de panela con métodos orgánicos; mientras que la Sociedad Agrícola y Pecuaria del Guaviare (Soapeg) se ha convertido, a partir de una iniciativa de ganadería sostenible, en proveedor de leche de la empresa La Alquería.

Otros ejemplos exitosos de sustitución de cultivos ilícitos se han da dado en el Caquetá, como el de Chocaguán, de Cartagena del Chairá, con su iniciativa "Producción, transformación y comercialización de cacao en zona de conflicto", que ha contado con el apoyo de la Iglesia Católica italiana. A su vez, en el departamento del Meta, la Asociación Gremial de Ganaderos y Productores Agropecuarios de la Macarena ha logrado asociar exitosamente a familias de más de 80 veredas que antes se dedicaban al cultivo de hoja de coca.

En conclusión, podría decirse que el modelo de las asociaciones campesinas, con apoyo del Estado y del sector privado, apunta a convertirse en el mecanismo idóneo para la sustitución de cultivos y, en últimas, para el fortalecimiento definitivo del sector agrícola en el país. Una propuesta que, de hecho, ya fue abordada durante la discusión del primer punto en el proceso de paz de La Habana y que, por lo visto, cada vez toma más fuerza. Falta ver hasta qué punto el Gobierno y las Farc están dispuestas a considerar las propuestas surgidas de los dos foros.
 

Si algo quedó claro tras los dos foros sobre la solución al problema de los cultivos ilícitos —realizados en Bogotá, la semana pasada, y en San José del Guaviare, desde el pasado martes hasta el jueves— es que el asunto no puede aislarse del contexto general de la situación del agro en Colombia y por eso, resultan de vital importancia algunos de los temas que se discuten actualmente en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, principalmente los que tienen que ver con el acceso y el uso de la tierra.

"Más allá de la sustitución de cultivos, lo esencial es que los campesinos sean dueños en términos formales de la tierra que labran, que cuenten con el debido apoyo crediticio y técnico, y que tengan acceso a salud y educación, entre muchas otras cosas, pues solo así se habrán integrado efectivamente al mercado nacional", cree Absalón Machado, uno de los delegados de la ONU que participó en ambos foros, de los que ahora se sacará un documento con las principales propuestas para ser presentadas ante la mesa de negociación en Cuba.

Otra de las conclusiones fundamentales a tener en cuenta es que las comunidades agrarias del país están decididamente en contra de los procesos de fumigación de cultivos y de erradicación forzada, y consideran que las decisiones que rodean al sector del agro deben venir de consultas directas con las comunidades campesinas, para integrarse luego a los planes de desarrollo de cada departamento.

Mejor dicho, como lo dijo el gobernador del Meta, Alan Jara, "nadie se mete a un cultivo ilícito por gusto" y existen factores que no se pueden desconocer, "como la falta de apoyo al agro y el mismo hecho de que la hoja de coca mantuviera durante años un precio de venta más o menos estable".

Para Fabrizio Hochschild, coordinador Residente y Humanitario de la ONU en Colombia, está claro que el fenómeno de los cultivos ilícitos y el narcotráfico no exclusivo de la realidad colombiana, sino que se trata de un problema global, "que aquí ha afectado especialmente a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos –en la llamada 'frontera agrícola'– y notoriamente expuestas al accionar de los grupos armados".

De hecho, durante el foro en San José del Guaviare, líderes de asociaciones campesinas del Guaviare, Meta y Caquetá, compartieron sus experiencias en sustitución de cultivos. Así por ejemplo, la Asociación de Productores Agropecuarios por el Cambio Económico del Guaviare (Asoprosegua), presentó el trabajo cooperativo que vienen adelantando decenas de familias que antes se dedicaban al cultivo de hoja de coca y que ahora está enfocado en el cultivo y la transformación de frutas amazónicas, como el arazá y el borojó.

Las recompensas del trabajo conjunto no se han hecho esperar, y Asoprosegua cuenta ya con una infraestructura y unos recursos técnicos con los que antes quizás no habrían podido ni soñar: cuarto frío, equipos de laboratorio, pozos reservorios, tractor, camión y bus. Y según sus mismos testimonios, si algo han aprendido es a soñar en grande. Ya tienen en proyecto la construcción de una planta de producción, así como la incursión en la siembra de cien hectáreas de caucho y más de mil de cacao.

También en el Guaviare, la Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Ariari (Asprabari) ha logrado sacar adelante un proyecto de ganadería sostenible, de forma paralela con uno de siembra de caña de azúcar y producción de panela con métodos orgánicos; mientras que la Sociedad Agrícola y Pecuaria del Guaviare (Soapeg) se ha convertido, a partir de una iniciativa de ganadería sostenible, en proveedor de leche de la empresa La Alquería.

Otros ejemplos exitosos de sustitución de cultivos ilícitos se han da dado en el Caquetá, como el de Chocaguán, de Cartagena del Chairá, con su iniciativa "Producción, transformación y comercialización de cacao en zona de conflicto", que ha contado con el apoyo de la Iglesia Católica italiana. A su vez, en el departamento del Meta, la Asociación Gremial de Ganaderos y Productores Agropecuarios de la Macarena ha logrado asociar exitosamente a familias de más de 80 veredas que antes se dedicaban al cultivo de hoja de coca.

En conclusión, podría decirse que el modelo de las asociaciones campesinas, con apoyo del Estado y del sector privado, apunta a convertirse en el mecanismo idóneo para la sustitución de cultivos y, en últimas, para el fortalecimiento definitivo del sector agrícola en el país. Una propuesta que, de hecho, ya fue abordada durante la discusión del primer punto en el proceso de paz de La Habana y que, por lo visto, cada vez toma más fuerza. Falta ver hasta qué punto el Gobierno y las Farc están dispuestas a considerar las propuestas surgidas de los dos foros.