Campesinos, narcos y humedales

El miedo de que los fueran a desalojar de la tierra que por más de 50 años han ocupado los ronda todos los días. En especial en las noches, cuando las sombras se toman los humedales del corregimiento de El Garzal, en el sur de Bolívar. Cuando las luces se apagan, las más de 300 familias afilan el oído, hurgan en los ruidos de la noche en busca de alguno que los alerte de que el momento ha llegado. “Cuando los perros ladran no podemos dormir. Tenemos miedo, miedo de que entre la maquinaria que nos quiere sacar, miedo de que lleguen los hombres armados de la familia Barreto, miedo de perder lo único que tenemos: la vida y la tierra”, dice Don Pedro*, un viejo de 66 años, nacido y crecido en la comunidad de La Nueva Esperanza.

El Garzal es un corregimiento de 11 mil hectáreas que pertenece al municipio de Simití. Está situado a las orillas del río Magdalena, a dos horas de Barrancabermeja y a pocos kilómetros de San Pablo y Monterrey. Son tierras cenagosas y empantanadas, sus pobladores han vivido desde hace décadas de la pesca y la agricultura de pancoger. Sin embargo, es una zona que ha sufrido el paso de todas las violencias: la de las guerrillas, la del narcotráfico y la del paramilitarismo. Hoy, esta región es codiciada por la ganadería, la palma africana y el petróleo.

El pasado 4 de diciembre, una Misión Mixta de Verificación se trasladó a este corregimiento para conocer la situación de sus pobladores. La Misión contó con la participación de representantes de la Iglesia Unida de Cristo de los Estados Unidos, miembros de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y la Embajada de Suiza en Colombia, además de varios activistas del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, (Justapaz), de Swissaid, de Pastoral Social, de la ECAP, de Suippcol y de la Defensoría del Pueblo Regional.

Al llegar, más de 100 personas esperaban la comisión. Niños con banderas blancas y pancartas que pedían solidaridad en su lucha por la tierra y el trabajo. Recostado contra un árbol de cacao, un muñeco de año viejo —con semillas de maíz en las manos y un machete en el cinto— esperaba el año nuevo con un cartel que decía: “Aquí nací, aquí vivo y aquí me moriré”.

En una de las comunidades, la de la vereda La Nueva Esperanza, donde residen 78 familias, sus pobladores narran la historia del corregimiento y la amenaza que hoy se cierne sobre sus casas. “Si los hijos y testaferros de Manuel Enrique Barreto le ganan el pleito a El Garzal, Colombia perdería un corregimiento completo”, explica con tono de indignación Don Jorge*, uno de los campesinos que lidera el proceso para que el Estado les asigne los títulos de propiedad a estas comunidades.

De las 11 mil hectáreas que componen El Garzal, cerca de 4 mil son tierras cultivables; el resto son humedales y ciénagas, que no pueden ser adjudicadas. Durante años estos terrenos permanecieron deshabitados, por lo que jurídicamente son baldíos que le pertenecen a la Nación. En la década de los 50, campesinos de Córdoba, Sucre, Santander y Antioquia empezaron a poblarlos. “Eran tierras desoladas. Una especie de selva húmeda rica en pescado. Entonces, familias campesinas, como las de nuestros padres, se vinieron a trabajarlas. Fueron llegando poco a poco, abriendo trochas y levantando casas”, narra Jacinto sus primeros recuerdos de la zona.

Según cuentan, en los años 80 llegó un terrateniente llamado Manuel Enrique Barreto. Se trata de un hombre que figura en la versión libre rendida por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, el 26 de octubre de 2009, publicada por Verdad Abierta. En ésta advierte que los paramilitares llegaron al sur de Bolívar por orden de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco y por petición de Manuel Enrique Barreto.

“Entonces Macaco se comprometió con 100 hombres para esta operación ‘Bolívar’. Luego me reúno con Enrique Barreto, quien estaba hablando a nombre de unas comunidades. Gente que le había tocado abandonar sus tierras, sus propiedades y sus bienes por la persecución del Eln. Les habían robado los ganados y después de haber acudido a todas las instancias de los organismos de seguridad no habían encontrado ninguna respuesta. Entonces acudieron a Vicente Castaño”, relató Julián Bolívar.

Sin embargo, este no es el único antecedente de Barreto. En el estudio del despojo de tierras en los Montes de María, realizado por la Superintendencia de Notariado y Registro, Manuel Enrique Barreto figura como uno de los despojadores del predio Guasimales, en el municipio Córdoba, Bolívar.

Ahora, la memoria oral de los pobladores de El Garzal registra algunos datos más sobre Barreto. Por esos años, este enigmático personaje se hizo a una finca llamada La Sucumbeza, donde construyó una pista de aterrizaje, que servía para el transporte de cocaína, alcaloide que se producía en la Serranía de San Lucas y se traficaba con rumbo a Venezuela, según consta en documentos oficiales. Pero el 20 de agosto de 1989, el Ejército intervino los predios.

Don Rodrigo*, quien llegó a estas tierras en 1995, recuerda que fue en esa misma pista en la que años después, en abril de 1999, aterrizó el Fokker 50 de Avianca que había sido secuestrado por un comando del Eln y donde alguna vez vio a Pablo Escobar: “Barreto le administraba tierras. El capo venía por acá antes de que lo persiguiera la justicia. Lo conocí aquí, en la pista que tenía Barreto y que se conoce como ‘El Totumo’. La pista funcionaba en la noche, a esas horas llegaba vuelo tras vuelo para sacar la coca. Yo no entendía por qué esos aviones venían con las luces apagadas”.

Tras la entrada de la Fuerza Pública, Barreto desapareció de la región para volver en 1999, según los campesinos de El Garzal, como uno de los comandantes del bloque Central Bolívar de los paramilitares. Entonces vinieron las noches de miedo que hoy no terminan. “Me he sostenido aquí gracias a la misericordia de Dios, porque no tengo otra explicación de por qué estamos vivos. Me crié trabajando en estos territorios y aquí me quiero morir”, sostiene Don Pedro.

Y mientras ocurrían las amenazas y las masacres, las tierras del corregimiento se movían. De un momento a otro, Barreto se hizo de los títulos de estos predios. Títulos que sumados dan más de las 11 mil hectáreas del corregimiento, incluyendo incluso las ciénagas, humedales y playones. Hoy El Garzal está dividido en 14 títulos, todos a nombre de la familia Barreto Esguerra.

De Manuel Enrique Barreto no se volvió a saber nada. Sus hijos dicen que murió, pero la comunidad no cree ante las versiones contradictorias que corren sobre su fallecimiento: que fue asesinado, que fue en un accidente de tránsito o que fue por una enfermedad. Lo cierto es que son precisamente esos títulos, que hoy reclaman sus herederos, los que despiertan sospechas en los pobladores y las autoridades nacionales, quienes ya tienen conocimiento del caso. ¿La razón? Las tierras que pelean tienen los mismo linderos que cubren todo el corregimiento y han sido registradas en distintas oficinas de instrumentos públicos y notarías del país: Bogotá, Cartagena, Simití y Mompox.

En los últimos años, la situación jurídica ha empeorado para las familias de El Garzal. Dos empresas palmeras relacionadas con la familia Barreto Esguerra reclaman la titularidad de los predios. El 24 de febrero de 2004, los reclamantes interpusieron ocho demandas posesorias contra las comunidades del corregimiento, muchas de las cuales gozaban de títulos adjudicados por el Incora y el Incoder.

Hace tres meses, el 22 de septiembre de 2011, Luis Torres, juez promiscuo de Simití, reconoció la validez de estos títulos a través de un acta de inspección ocular. Sin embargo, la comunidad alega que dicha inspección se realizó sin constatar los linderos y sin que el perito se bajara de la lancha. Y por otra parte, alegan que el juez Torres es hijo del apoderado de Manuel Enrique Barreto y esposo de Katherine Martínez, directora de la Oficina de Instrumentos Públicos de Simití.

Hoy el caso de la comunidad de El Garzal ya está en manos del Ministerio de Agricultura, la Dirección del Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, que adelantan un estudio de títulos para verificar lo que ha venido ocurriendo en esta zona del sur de Bolívar. A esto se le suman informes oficiales recientes que advierten del riesgo en que vive la comunidad por la presencia de las llamadas bandas criminales (bacrim), que utilizan estos territorios como corredores para el tráfico de armas y de estupefacientes.

Y mientras las autoridades toman cartas en el asunto y determinan quiénes son los propietarios de estas tierras, los habitantes de El Garzal seguirán pasando las noches en vela, a la espera de que lleguen las máquinas que plantarán palma africana o la noticia de que muy pronto serán los legítimos dueños de su corregimiento.

La guerra en el sur de Bolívar

Durante los años 80 y la mitad de los 90, el Eln y las Farc tuvieron el total control del sur de Bolívar. Región que funcionó como ruta del tráfico de armas y coca, desde la Serranía de San Lucas hasta Venezuela.

En 1999 entró bloque paramilitar Central Bolívar, al mando de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, quien en su versión libre, realizada en 2009, contó pormenores de la incursión de las autodefensas a esta región.

En esta declaración Bolívar cuenta que llegaron al sur de Bolívar “Vicente Castaño y Macaco, y convocan a una reunión donde Carlos y Vicente, en el Urabá cordobés. En esa reunión le dicen a Macaco y a otro paramilitar que tenían que aportar 350 hombres para incursionar en el sur de Bolívar. Macaco dijo que no podía, porque su bloque era muy pequeño. Entonces Macaco se comprometió con 100 hombres para la operación ‘Bolívar’. Luego me reúno con Enrique Barreto en el sur de Bolívar, que estaba hablando a nombre de unas comunidades. Gente que le había tocado abandonar sus tierras, sus propiedades, sus bienes, por la persecución del Eln, que les habían robado los ganados y después de haber acudido a todas las instancias de los organismos de seguridad no habían encontrado ninguna respuesta.

La pelea por los títulos de El Garzal

El Garzal es un corregimiento que pertenece al municipio de Simití, sur de Bolívar. Colinda con Santa Rosa del Sur, Morales y San Pablo, y se sitúa sobre el río Magdalena. En este corregimiento la familia Barreto Esguerra reclama la propiedad sobre más de 13 mil hectáreas. Área que desborda el total de la población, sumándole ciénagas, humedales y playones, los cuales, según la ley, son propiedad del Estado y no pueden ser titulados. Los herederos de Barreto, parientes y presuntos testaferros se han hecho de las 16 escrituras que cubren todo el territorio. Sin embargo, existen dudas de la veracidad de éstos, ya que unos y otros tienen los mismos linderos y se sobreponen los unos a los otros.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes

El miedo de que los fueran a desalojar de la tierra que por más de 50 años han ocupado los ronda todos los días. En especial en las noches, cuando las sombras se toman los humedales del corregimiento de El Garzal, en el sur de Bolívar. Cuando las luces se apagan, las más de 300 familias afilan el oído, hurgan en los ruidos de la noche en busca de alguno que los alerte de que el momento ha llegado. “Cuando los perros ladran no podemos dormir. Tenemos miedo, miedo de que entre la maquinaria que nos quiere sacar, miedo de que lleguen los hombres armados de la familia Barreto, miedo de perder lo único que tenemos: la vida y la tierra”, dice Don Pedro*, un viejo de 66 años, nacido y crecido en la comunidad de La Nueva Esperanza.

El Garzal es un corregimiento de 11 mil hectáreas que pertenece al municipio de Simití. Está situado a las orillas del río Magdalena, a dos horas de Barrancabermeja y a pocos kilómetros de San Pablo y Monterrey. Son tierras cenagosas y empantanadas, sus pobladores han vivido desde hace décadas de la pesca y la agricultura de pancoger. Sin embargo, es una zona que ha sufrido el paso de todas las violencias: la de las guerrillas, la del narcotráfico y la del paramilitarismo. Hoy, esta región es codiciada por la ganadería, la palma africana y el petróleo.

El pasado 4 de diciembre, una Misión Mixta de Verificación se trasladó a este corregimiento para conocer la situación de sus pobladores. La Misión contó con la participación de representantes de la Iglesia Unida de Cristo de los Estados Unidos, miembros de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y la Embajada de Suiza en Colombia, además de varios activistas del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, (Justapaz), de Swissaid, de Pastoral Social, de la ECAP, de Suippcol y de la Defensoría del Pueblo Regional.

Al llegar, más de 100 personas esperaban la comisión. Niños con banderas blancas y pancartas que pedían solidaridad en su lucha por la tierra y el trabajo. Recostado contra un árbol de cacao, un muñeco de año viejo —con semillas de maíz en las manos y un machete en el cinto— esperaba el año nuevo con un cartel que decía: “Aquí nací, aquí vivo y aquí me moriré”.

En una de las comunidades, la de la vereda La Nueva Esperanza, donde residen 78 familias, sus pobladores narran la historia del corregimiento y la amenaza que hoy se cierne sobre sus casas. “Si los hijos y testaferros de Manuel Enrique Barreto le ganan el pleito a El Garzal, Colombia perdería un corregimiento completo”, explica con tono de indignación Don Jorge*, uno de los campesinos que lidera el proceso para que el Estado les asigne los títulos de propiedad a estas comunidades.

De las 11 mil hectáreas que componen El Garzal, cerca de 4 mil son tierras cultivables; el resto son humedales y ciénagas, que no pueden ser adjudicadas. Durante años estos terrenos permanecieron deshabitados, por lo que jurídicamente son baldíos que le pertenecen a la Nación. En la década de los 50, campesinos de Córdoba, Sucre, Santander y Antioquia empezaron a poblarlos. “Eran tierras desoladas. Una especie de selva húmeda rica en pescado. Entonces, familias campesinas, como las de nuestros padres, se vinieron a trabajarlas. Fueron llegando poco a poco, abriendo trochas y levantando casas”, narra Jacinto sus primeros recuerdos de la zona.

Según cuentan, en los años 80 llegó un terrateniente llamado Manuel Enrique Barreto. Se trata de un hombre que figura en la versión libre rendida por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, el 26 de octubre de 2009, publicada por Verdad Abierta. En ésta advierte que los paramilitares llegaron al sur de Bolívar por orden de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco y por petición de Manuel Enrique Barreto.

“Entonces Macaco se comprometió con 100 hombres para esta operación ‘Bolívar’. Luego me reúno con Enrique Barreto, quien estaba hablando a nombre de unas comunidades. Gente que le había tocado abandonar sus tierras, sus propiedades y sus bienes por la persecución del Eln. Les habían robado los ganados y después de haber acudido a todas las instancias de los organismos de seguridad no habían encontrado ninguna respuesta. Entonces acudieron a Vicente Castaño”, relató Julián Bolívar.

Sin embargo, este no es el único antecedente de Barreto. En el estudio del despojo de tierras en los Montes de María, realizado por la Superintendencia de Notariado y Registro, Manuel Enrique Barreto figura como uno de los despojadores del predio Guasimales, en el municipio Córdoba, Bolívar.

Ahora, la memoria oral de los pobladores de El Garzal registra algunos datos más sobre Barreto. Por esos años, este enigmático personaje se hizo a una finca llamada La Sucumbeza, donde construyó una pista de aterrizaje, que servía para el transporte de cocaína, alcaloide que se producía en la Serranía de San Lucas y se traficaba con rumbo a Venezuela, según consta en documentos oficiales. Pero el 20 de agosto de 1989, el Ejército intervino los predios.

Don Rodrigo*, quien llegó a estas tierras en 1995, recuerda que fue en esa misma pista en la que años después, en abril de 1999, aterrizó el Fokker 50 de Avianca que había sido secuestrado por un comando del Eln y donde alguna vez vio a Pablo Escobar: “Barreto le administraba tierras. El capo venía por acá antes de que lo persiguiera la justicia. Lo conocí aquí, en la pista que tenía Barreto y que se conoce como ‘El Totumo’. La pista funcionaba en la noche, a esas horas llegaba vuelo tras vuelo para sacar la coca. Yo no entendía por qué esos aviones venían con las luces apagadas”.

Tras la entrada de la Fuerza Pública, Barreto desapareció de la región para volver en 1999, según los campesinos de El Garzal, como uno de los comandantes del bloque Central Bolívar de los paramilitares. Entonces vinieron las noches de miedo que hoy no terminan. “Me he sostenido aquí gracias a la misericordia de Dios, porque no tengo otra explicación de por qué estamos vivos. Me crié trabajando en estos territorios y aquí me quiero morir”, sostiene Don Pedro.

Y mientras ocurrían las amenazas y las masacres, las tierras del corregimiento se movían. De un momento a otro, Barreto se hizo de los títulos de estos predios. Títulos que sumados dan más de las 11 mil hectáreas del corregimiento, incluyendo incluso las ciénagas, humedales y playones. Hoy El Garzal está dividido en 14 títulos, todos a nombre de la familia Barreto Esguerra.

De Manuel Enrique Barreto no se volvió a saber nada. Sus hijos dicen que murió, pero la comunidad no cree ante las versiones contradictorias que corren sobre su fallecimiento: que fue asesinado, que fue en un accidente de tránsito o que fue por una enfermedad. Lo cierto es que son precisamente esos títulos, que hoy reclaman sus herederos, los que despiertan sospechas en los pobladores y las autoridades nacionales, quienes ya tienen conocimiento del caso. ¿La razón? Las tierras que pelean tienen los mismo linderos que cubren todo el corregimiento y han sido registradas en distintas oficinas de instrumentos públicos y notarías del país: Bogotá, Cartagena, Simití y Mompox.

En los últimos años, la situación jurídica ha empeorado para las familias de El Garzal. Dos empresas palmeras relacionadas con la familia Barreto Esguerra reclaman la titularidad de los predios. El 24 de febrero de 2004, los reclamantes interpusieron ocho demandas posesorias contra las comunidades del corregimiento, muchas de las cuales gozaban de títulos adjudicados por el Incora y el Incoder.

Hace tres meses, el 22 de septiembre de 2011, Luis Torres, juez promiscuo de Simití, reconoció la validez de estos títulos a través de un acta de inspección ocular. Sin embargo, la comunidad alega que dicha inspección se realizó sin constatar los linderos y sin que el perito se bajara de la lancha. Y por otra parte, alegan que el juez Torres es hijo del apoderado de Manuel Enrique Barreto y esposo de Katherine Martínez, directora de la Oficina de Instrumentos Públicos de Simití.

Hoy el caso de la comunidad de El Garzal ya está en manos del Ministerio de Agricultura, la Dirección del Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, que adelantan un estudio de títulos para verificar lo que ha venido ocurriendo en esta zona del sur de Bolívar. A esto se le suman informes oficiales recientes que advierten del riesgo en que vive la comunidad por la presencia de las llamadas bandas criminales (bacrim), que utilizan estos territorios como corredores para el tráfico de armas y de estupefacientes.

Y mientras las autoridades toman cartas en el asunto y determinan quiénes son los propietarios de estas tierras, los habitantes de El Garzal seguirán pasando las noches en vela, a la espera de que lleguen las máquinas que plantarán palma africana o la noticia de que muy pronto serán los legítimos dueños de su corregimiento.

La guerra en el sur de Bolívar

Durante los años 80 y la mitad de los 90, el Eln y las Farc tuvieron el total control del sur de Bolívar. Región que funcionó como ruta del tráfico de armas y coca, desde la Serranía de San Lucas hasta Venezuela.

En 1999 entró bloque paramilitar Central Bolívar, al mando de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, quien en su versión libre, realizada en 2009, contó pormenores de la incursión de las autodefensas a esta región.

En esta declaración Bolívar cuenta que llegaron al sur de Bolívar “Vicente Castaño y Macaco, y convocan a una reunión donde Carlos y Vicente, en el Urabá cordobés. En esa reunión le dicen a Macaco y a otro paramilitar que tenían que aportar 350 hombres para incursionar en el sur de Bolívar. Macaco dijo que no podía, porque su bloque era muy pequeño. Entonces Macaco se comprometió con 100 hombres para la operación ‘Bolívar’. Luego me reúno con Enrique Barreto en el sur de Bolívar, que estaba hablando a nombre de unas comunidades. Gente que le había tocado abandonar sus tierras, sus propiedades, sus bienes, por la persecución del Eln, que les habían robado los ganados y después de haber acudido a todas las instancias de los organismos de seguridad no habían encontrado ninguna respuesta.

La pelea por los títulos de El Garzal

El Garzal es un corregimiento que pertenece al municipio de Simití, sur de Bolívar. Colinda con Santa Rosa del Sur, Morales y San Pablo, y se sitúa sobre el río Magdalena. En este corregimiento la familia Barreto Esguerra reclama la propiedad sobre más de 13 mil hectáreas. Área que desborda el total de la población, sumándole ciénagas, humedales y playones, los cuales, según la ley, son propiedad del Estado y no pueden ser titulados. Los herederos de Barreto, parientes y presuntos testaferros se han hecho de las 16 escrituras que cubren todo el territorio. Sin embargo, existen dudas de la veracidad de éstos, ya que unos y otros tienen los mismos linderos y se sobreponen los unos a los otros.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes