La fuerza de la movilización social en el Catatumbo

En el Catatumbo las movilizaciones por el paro nacional han sido pacíficas. / Diana Carolina Ramírez Duque.

Si hay una región del país en la que la protesta social ha tenido una historia arraigada, y ha sido clave en los reclamos y reivindicación de los procesos comunitarios, esa es la del Catatumbo. Las asociaciones campesinas de esta subregión de Norte de Santander llevan años consolidando sus plataformas y abriendo escenarios de diálogo para que los reclamos de los habitantes sean escuchados, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una de las zonas en las que el conflicto armado ha tenido una incidencia especial, con capítulos dolorosos de violencia y una presencia continua de estructuras armadas ilegales que, si bien se han transformado a lo largo de los años, mantienen el control de buena parte del territorio.

Las raíces de los problemas del Catatumbo son no solamente profundas, sino también variadas, y en medio de la crisis social y económica que vive el país, sus habitantes también han salido a levantar la voz para exigir cumplimiento a acuerdos ya hechos con el Gobierno y para llamar la atención sobre problemas que hoy tienen en jaque a la región. De ahí las imágenes de multitudinarias y pacíficas marchas que se han visto en las últimas semanas en municipios como Ocaña, que ha sido el epicentro de las concentraciones para la protesta social. “Es la puerta de entrada al Catatumbo y la economía local se mueve con nosotros. Entonces salimos a decir que estamos presentes. Les decimos a los ocañeros que no se preocupen porque el campesinado salga a las calles, nuestra pelea es la pelea de todo un pueblo y son cosas que van a beneficiar a todos”, dijo Ediver Suárez, vocero del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca).

Esta zona comprende alrededor de la mitad del territorio del departamento de Norte de Santander y está compuesto por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, La Playa, Ocaña, Sardinata, Teorama, Tibú, entre otros. Se trata de una amplia subregión que históricamente ha carecido de presencia estatal y de inversión social. “Lo que el campesinado del Catatumbo le ha logrado arrebatar al Estado ha sido poniendo muertos en la calle y derramando sangre, peleando por lo poco que tenemos”, expresó Suárez. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido en el paro del Catatumbo de 2013, una movilización social que duró cerca de dos meses, con bloqueos y protestas que solo cesaron cuando se logró un consenso en la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo entre los campesinos y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Mirando el espejo retrovisor, los reclamos de hoy parten precisamente de los incumplimientos de esos acuerdos en temas como inversión de cerca de $1 billón para desarrollo rural, puesta en marcha de proyectos productivos para 500 familias y la constitución legal de la Zona de Reserva Campesina.

A esto se le suma el carácter fronterizo con Venezuela y los cultivos ilícitos que hacen de este un territorio estratégico para los actores ilegales, como las disidencias de las Farc, el Eln y el Epl, que hacen presencia a través de distintas estructuras que se disputan el control de los negocios ilegales y cuyo dominio territorial ha golpeado directamente a las poblaciones con el aumento de asesinatos, desapariciones, amenazas y reclutamiento forzado.

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Los porqués de los campesinos

Las razones de los campesinos del Catatumbo para protestar, desde el 28 de abril, son diversas. Confluían con el Comité del Paro frente al rechazo de las reformas tributaria y de la salud -que ya fueron retiradas- y de otras como la pensional y laboral. Sin embargo, sus exigencias propias están basadas en las deudas históricas del Estado con el Catatumbo. “Más allá de la lucha reivindicativa, queremos cambios estructurales. El presidente se va y llega otro, hay un modelo que nos hace migrar a las ciudades”, anunció Suárez. Dichas problemáticas sociales están relacionadas con el acceso a la salud, la educación, las oportunidades laborales, la infraestructura vial y demás.

Una de las claves de esta movilización campesina, que se une a las razones de protestas en otras zonas del país como Cauca y Putumayo, es el rechazo al regreso de la aspersión con glifosato y en general a la política antidrogas establecida por el Gobierno. “Es equivocada. Afecta al eslabón más débil de producción de la hoja, mientras que los otros siguen intactos. Es un modelo de despojo que no tiene en cuenta al campesino y lo criminaliza. Este fenómeno no solo puede verse desde el ámbito económico, sino también desde lo social, política, ambiental y sociocultural”, justificó el vocero del Cisca.

También piden que se cumplan los Acuerdos de Paz, la desmilitarización del territorio y las garantías para la vida de los líderes y lideresas sociales. De acuerdo con cifras de Indepaz, solo el año pasado durante 2020 fueron asesinados 15 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Norte de Santander, y siete de ellos eran campesinos.

Asimismo, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) pide abrir la frontera con Venezuela para lograr una recuperación social y económica en medio de la crisis que atraviesa el país. “Gran parte de la economía de nuestro departamento depende del intercambio económico con el vecino país. Esa situación política ha profundizado la crisis no solo del lado venezolano, sino también el colombiano”, explicó Juan Carlos Quintero, vocero de la asociación.

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Los líderes sociales del territorio insisten en que más que promesas de cambio se necesita un diálogo real y sostenido que no dependa de un gobierno, sino que parta de una política integral del Estado. “El mayor atranque es que no hay un diálogo político en el que se escuchen nuestras propuestas. Seguramente no son las soluciones, pero podemos aportar, porque si estamos donde están los problemas, podemos aportar a la solución”, mencionó Suárez.

De allí la importancia de los diálogos que en el marco del paro vienen realizando algunos sectores del departamento, como el que promovieron el pasado 8 de mayo desde Ascamcat, Marcha Patriótica y la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), y que derivó en un acuerdo con comerciantes transportadores, gremios y comunidades movilizadas, para abrir un corredor humanitario en la vía Cúcuta-Tibú-Sardinata que permitiera el paso de vehículos que transportaban alimentos y combustible. El corredor fue habilitado el 13 de mayo y estuvo coordinado entre la Guardia Campesina del Catatumbo y la comunidad del pueblo barí.

Otro espacio clave fue el Diálogo Social en Cúcuta, en el que participaron diferentes organizaciones sociales, líderes, la Gobernación y la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, en representación del Gobierno Nacional, con el objetivo de trazar una hoja de ruta que permita levantar el paro en el departamento y acabar con los bloqueos que hay en la vía que comunica a Cúcuta con la Costa Atlántica y la vía entre Cúcuta y Tibú. Durante esta jornada se avanzó en los diálogos y se espera que en los próximos días se formalice dicho ejercicio colectivo, según explicó el gobernador Silviano Serrano.

Otro espacio de construcción fue la reunión entre diferentes agremiaciones el pasado viernes 14 de mayo en el municipio de El Zulia, para adelantar un pliego departamental que sirva de insumo para las peticiones a escala nacional que hace el Comité del Paro. Participaron el sector productivo, centrales unitarias, víctimas, transportadores, sectores comunal, indígena, educativo, cultural, de salud, campesino, entre otros. “Las problemáticas no son coyunturales, se han profundizado. Hicimos un diagnóstico de los reclamos de cada sector y las propuestas centrales que se sumarán a las de otros departamentos”, contó Olga Lucía Quintero, miembro de Ascamcat y Marcha Patriótica.

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Está pendiente, además, la convocatoria para el Diálogo Político y Social. “Se pretende abrir un diálogo político con los 40 alcaldes del departamento, la asamblea y el gobernador. Esto para tener aliados institucionales y comprometerlos con reivindicaciones locales. Esto no resuelve el paro, porque eso es con el presidente Iván Duque”, puntualizó Juan Carlos Quintero.

Para las comunidades de la región es claro que la movilización social ha sido durante décadas una de las pocas herramientas efectivas para lograr que el Gobierno Nacional voltee la mirada hacia el Catatumbo y se siente a dialogar con las organizaciones. “Estamos en el marco de una protesta pacífica y el Gobierno se acostumbró a que si no llamamos la atención de la manera más fuerte, no escucha. Desafortunadamente esta situación es obligada por las mismas necesidades y el abandono del territorio”, sostuvo Olga Lucía Quintero.

El campesinado ha afirmado que se mantendrá en la agenda del Comité Nacional del Paro, con presencia en las vías y en las calles de los municipios, especialmente en Ocaña y Cúcuta, hasta que el Gobierno los escuche.

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