Censura al amor, soledad y tortura: Ser LGBT en una cárcel de Colombia

Foto: DAVID CAMPUZANO

Los guardias les tocan las nalgas cuando les da la gana, si tienen relaciones sexuales los meten a un tanque con agua mientras les pegan con chanclas, “asqueroso, fenómenos”, les gritan si son sorprendidos en un beso, y si se rehúsan a cortarse el cabello son obligados a desfilar frente a los reclusos para ver “si caminan como maricas”. Uno a uno se repiten los testimonios que muestran lo que implica ser LGBT en una cárcel de Colombia. Y coinciden en un solo reclamo: ya no quieren ser tratados como “propiedad de nadie, tierra de nadie”, quieren habitar libremente sus cuerpos.

El drama de las prisiones en el país, agravado por un hacinamiento que en centros de reclusión como el de Riohacha llega al 462 %, por la inasistencia en salud y por la mala infraestructura, golpea doblemente a las 232 personas lesbianas, gais, bisexuales y trans que deben hacer frente también a los prejuicios y la discriminación. Lo dice el informe Muchas veces me canso de ser fuerte, que hoy presentan las organizaciones Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Fundación Santamaría. Durante cuatro meses, la investigadora María Elena Villamil Peñaranda recorrió diez cárceles de siete ciudades para escuchar a quienes han sido oprimidos bajo el silencio de las autoridades y hasta la complicidad de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Las conclusiones a las que llegó este estudio, referentes a temas como la integridad personal, la sexualidad, la requisa y la salud, plantearon también un cuestionamiento en la cabeza de Villamil: “¿Qué pasa afuera? Nosotros, como sociedad, hemos optado por ser carceleros. Todo se penaliza y se pone en términos de castigo”.

¿Por qué la cárcel impacta de manera diferencial a los LGBT? La investigadora responde que este sitio está pensado de “manera dicotómica, como todas las instituciones en la sociedad, para heterosexuales. Hay una situación de acoso y de violencia porque te ves diferente, que opera a partir de los prejuicios y que puede ir desde el insulto hasta una grave violación de derechos humanos”.

Censura al amor

Tener pareja en prisión es para los LGBT llevar un rótulo que alerta a reclusos y guardias dispuestos a castigar cualquier manifestación de afecto. Creen que es una “amenaza al orden social y la moral”. Por ejemplo, la cárcel La Ternera, en Cartagena, sostiene que ningún reglamento prohíbe estas demostraciones amorosas, pero advierte que “se deben dar en días de visita íntima, por respeto, orden y disciplina”. El amor entre presos, por tanto, está vetado.

A más de mil kilómetros de distancia, en una cárcel de Bogotá, los auxiliares de vigilancia ordenan a dos reclusas lesbianas soltarse de la mano porque si no volverán al patio sin comer. En son de protesta, otra pareja se besa. El castigo es entonces limpiar dos tramos de su pabellón, donde varios guardias las esperan para rociarles gas pimienta.

El nuevo reglamento general del Inpec, expedido en diciembre del año pasado, estableció de manera explícita que las manifestaciones de afecto entre las personas LGBT y sus parejas no se pueden sancionar. Aunque el informe analizó los años 2015 y 2016, antes de que entrara en vigencia esta norma, la organización asegura que su aplicación efectiva depende de la adecuación de los reglamentos internos de cada una de las cárceles del país.

“Pero los que ejecutan los reglamentos son personas, se necesita formarlas, sensibilizarlas para que apliquen el enfoque diferencial. Se requieren medidas de seguimiento”, agrega Villamil.

Soledad

Ante la imposibilidad de proteger a esta población de los abusos, algunas prisiones han optado por usar excesivamente las Unidades de Tratamiento Especial (UTE) para “mantenerla a salvo” en aislamiento. Una mujer trans recluida en la cárcel de Ocaña denunció que permaneció en la UTE por más de 15 días, sin cobija ni colchoneta, tras haber sido víctima de agresiones y violación sexual. Las directivas de la prisión pidieron el traslado de la mujer al reconocer que no disponían de un sitio especial para estas personas.

En Cúcuta fue peor. Dos mujeres trans estuvieron en la UTE durante cuatro meses, tras haber sido expulsadas de los patios por los demás internos. Esto va en contravía de las pautas internacionales. De acuerdo con el Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, “los contextos de aislamiento acarrean consecuencias especialmente graves en el caso de las mujeres, aumenta para ellas el riesgo de sufrir abusos físicos y sexuales por parte del personal penitenciario”.

Tortura

En medio del aislamiento, como excusa para protegerlas, sobre todo las mujeres trans han sido blanco de torturas y graves violaciones a sus derechos. La presunta ejecución extrajudicial de una persona LGBT en la cárcel de Jamundí, precedida de hechos aberrantes, es prueba de ello y aún es un misterio.

El hecho de que el Inpec sea juez y parte de las agresiones hace que las víctimas o los testigos no denuncien, por eso la impunidad reina en estos casos. Según el instituto, en 2015 se presentaron 53 denuncias por discriminación hacia personas privadas de la libertad, pero no se sabe cuántas de estas fueron hechas por lesbianas, gais, bisexuales o trans. Lo cierto es que no se registraron sanciones disciplinarias o procesos penales en curso contra funcionarios.

Nueve cárceles se han dado por vencidas y han creado patios o celdas exclusivas para las personas LGBT. “El problema está en creer que esa puede ser una política uniforme, la ubicación tiene que estar dada en cada caso. Si una persona está bien en una celda o pasillo, conviviendo bien con las demás personas, por qué tiene que irse a un patio segregado. Se pueden tomar otras medidas pedagógicas de educación”, concluye Villamil.

El panorama para las personas LGBT privadas de la libertad es desalentador. Las esperanzas están puestas en el nuevo reglamento general del Inpec, para que lleve del papel a la realidad el respeto por la diversidad sexual que incluyó.