CIDH pide a Colombia medidas urgentes para proteger a líderes sociales

La CIDH manifestó su preocupación al respecto, y añadió que el país tiene que llevar a cabo investigaciones "diligentes" que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 22 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en los primeros dos meses de 2018, casos que en su mayoría se concentraron en personas en situación de especial vulnerabilidad y en zonas alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso.

"Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan, además, que estos asesinatos se habrían producido en un contexto de grave violencia, habiéndose registrado en el primer mes del año más de 140 amenazas a miembros de organizaciones sociales y comunitarias y más de 2.500 desplazamientos", añadió la CIDH en un comunicado.

"En relación a los responsables de los asesinatos, en diciembre de 2017 el fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) señaló haber identificado la presencia de reductos de autodefensas que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país", agregó.

La Comisión observó que con la implementación de los acuerdos de paz, los asesinatos de estas personas han aumentado sostenidamente.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2017 a febrero de 2018 ocurrieron 121 asesinatos de defensores de derechos humanos.

Este es un fenómeno que la CIDH ve con preocupación en tanto que las personas asesinadas "desempeñaban acciones para la implementación de los acuerdos de paz relacionadas con la tierra".

"Asimismo, la Comisión ha recibido información consistente que indica una afectación acentuada de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos indígenas y afrodescendientes", insistió.

"Estamos muy preocupados por esta situación y por el efecto amedrentador que tienen estos asesinatos en algunas partes del país y en la sociedad colombiana en su conjunto", dijo el relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el comisionado Francisco Eguiguren.

La Comisión reiteró que es obligación del Estado "investigar de oficio" hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Además, hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que "estas medidas de investigación y protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sean abordadas desde una perspectiva integral y coordinada".

La CIDH manifestó su preocupación al respecto, y añadió que el país tiene que llevar a cabo investigaciones "diligentes" que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 22 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en los primeros dos meses de 2018, casos que en su mayoría se concentraron en personas en situación de especial vulnerabilidad y en zonas alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso.

"Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan, además, que estos asesinatos se habrían producido en un contexto de grave violencia, habiéndose registrado en el primer mes del año más de 140 amenazas a miembros de organizaciones sociales y comunitarias y más de 2.500 desplazamientos", añadió la CIDH en un comunicado.

"En relación a los responsables de los asesinatos, en diciembre de 2017 el fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) señaló haber identificado la presencia de reductos de autodefensas que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país", agregó.

La Comisión observó que con la implementación de los acuerdos de paz, los asesinatos de estas personas han aumentado sostenidamente.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2017 a febrero de 2018 ocurrieron 121 asesinatos de defensores de derechos humanos.

Este es un fenómeno que la CIDH ve con preocupación en tanto que las personas asesinadas "desempeñaban acciones para la implementación de los acuerdos de paz relacionadas con la tierra".

"Asimismo, la Comisión ha recibido información consistente que indica una afectación acentuada de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos indígenas y afrodescendientes", insistió.

"Estamos muy preocupados por esta situación y por el efecto amedrentador que tienen estos asesinatos en algunas partes del país y en la sociedad colombiana en su conjunto", dijo el relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el comisionado Francisco Eguiguren.

La Comisión reiteró que es obligación del Estado "investigar de oficio" hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Además, hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que "estas medidas de investigación y protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sean abordadas desde una perspectiva integral y coordinada".