'Colombia no tiene control de las armas'

El presidente de la Federación Nacional de Personeros, Andrés Santamaría, dice que el 40% de los homicidios en el país son cometidos con armas amparadas. / Reinhard Dienes

Cali es considerada la séptima ciudad más violenta del mundo, según se dio a conocer la semana pasada por parte de Naciones Unidas. Desde esa coyuntura, su personero Andrés Santamaría, quien además es el presidente de la Federación Nacional de Personeros, plantea en entrevista con El Espectador que hay una necesidad inminente de desarmar la ciudad y, así mismo, todas las ciudades del país. Plantea así la importancia de dar el debate sobre las armas en Colombia.

Usted lleva seis meses solicitando el desarme en Cali ¿Por qué lo está pidiendo?
Porque llevamos más de 1.700 homicidios en lo corrido de este año. El plan desarme debe ser una estrategia que ayude a disminuir los homicidios. En Bogotá disminuyeron en más de un 30% después de hacerlo.

 ¿Y al no permitir las armas amparadas disminuyen los homicidios?
Hay delitos que se comenten con armas amparadas, y si bien no es un nivel mayoritario, existen varios casos. Los criminales tienen armas amparadas. En los últimos cinco años, en la Tercera Brigada de Cali se han expedido más de 20.000 salvoconductos. Proponer el plan desarme es minimizar los riesgos de que se sigan cometiendo tantos homicidios, pero también es poner sobre la mesa varias preguntas: ¿quiénes están armados? ¿Dónde están las armas? ¿Por qué se dieron 20.000 salvoconductos de armas en el país? ¿De quiénes son los ejércitos privados? ¿Cuáles son los privados que están armados?

Cuándo se propone el plan desarme, ¿quiere decir que para ninguna persona sea permitido portar un arma, ni con salvoconducto?
Así es.

¿Quienes se oponen a esta propuesta y bajo que argumento lo hacen?
La teoría de algunos sectores en las ciudades es que al desarmar a los ciudadanos se pone en riesgo la vida de las personas de bien, y yo no creo que para ser persona de bien haya que estar armado.

¿Por qué proponer que ni siquiera quienes tienen salvoconducto puedan portar armas?
Porque estamos en un país en donde más del 40% de los homicidios son por intolerancia y venganza, y donde la mayoría de los delitos por esas razones se cometen con armas amparadas. En un país que es violento, que tiene niveles de inseguridad como los de Colombia, es inadmisible que se impulse al ciudadano a portar un arma.

No quiero defender ninguna posición pero, ¿es igual de peligroso si se tiene un registro de los portadores de armas?
Colombia no tiene control de las armas, no sabemos cuántas armas hay, al respecto no existe un registro serio y detallado de Indumil. Se supone que hay más de 800.000 armas.

¿Qué tan fácil es sacar un salvoconducto en el país?
Tiene la misma dificultad que tiene el trámite para sacar la licencia de conducción. Desde lo sucedido en Cali lo que quiero es poner sobre la mesa un debate que nunca se ha dado en el país y es: ¿Quiénes venden las armas en Colombia y quién se beneficia de ese negocio?

¿Y quiénes son los que las venden?
El Estado las vende a través de Indumil pero tiene proveedores. Lo que valdría la pena saber es la información detallada de ellos y sus registros de ventas.

¿Esta es una iniciativa que tiene influencia internacional?
Hoy la tendencia en el mundo es no tener armas, las armas deben ser de uso exclusivo del Estado. Mire usted el caso de Argentina, donde tienen un programa de entrega voluntaria de armas. Antes la discusión en el mundo era de las armas no convencionales, hoy en día la discusión se está dando alrededor de las pequeñas.

¿El debate aquí en Colombia es con quién? ¿Quiénes son los que se resisten a esta propuesta que usted hace?
Hay un elemento cultural muy presente en Colombia: tendemos a pensar que es necesario estar armado, y lo peor es que esto ha sido aceptado por muchos. Pero sin duda alguna, el debate es con el propio Estado colombiano a través del Ejército, porque éste es el que ha defendido la posibilidad de que los ciudadanos pueda armarse. ¿Usted sabía que un colombiano puede tener hasta cuatro armas?

Si el Ejército es el que debe tener el monopolio de la fuerza y la seguridad, ¿por qué promueven y defienden que la gente pueda estar armada?
Hay una respuesta muy curiosa en Cali por parte del comandante de la Tercera Brigada. Él dijo que como en Colombia la justicia no funciona y hay pobreza, los ciudadanos tienen derecho a armarse. Casualmente si la justicia está débil, con mayor razón no se debería permitir que los ciudadanos este armados. No he entendido la justificación.

¿Es decir que el Ejército se opone al desarme porque la justicia no funciona?
Esa fue la respuesta que dieron de la Tercera Brigada.

¿Quién y cómo se regula el porte de armas en Colombia?
La regulación vigente se hizo en 1993 en un período convulsionado, cuando Rafael Pardo era ministro de Defensa; yo creo que la legislación debe cambiar. Hoy el país tiene otras circunstancias política y otro contexto. Esa es una regulación muy antigua. Pero sin duda es un sector muy amplio del Ejército y de las Fuerzas Militares que consideran que los ciudadanos tienen derecho a armarse.

¿Si usted quiere sacar un permiso para portar un arma, por cuánto tiempo lo puede sacar?
No hay un sistema que lo ponga en alerta cuando a una persona se le vence el permiso para portar un arma. Los salvoconductos son por tenencia de un año y el sistema no prevé qué el ciudadano no renovó su permiso. Cuando eso pasa se está en una situación de ilegalidad.

¿Se ha comprobado estadísticamente que al evitar que la gente este armada se reducen los homicidios?
Sí. Hay varios estudios: uno de la Universidad Javeriana, otro de Ideas para la Paz, en donde aseguran que entre menos armas existan hay menos riesgo de asesinato y homicidio, y las estadísticas de Bogotá y Medellín así lo demuestran. Le doy un ejemplo: cuando el presidente viaja a cualquier ciudad de Colombia, la primera medida de 48 horas que se aplica es el plan desarme.

¿Cómo hacen las autoridades para controlar el plan desarme, si como usted dice no tienen conciencia de la cantidad de gente que tiene armas?
Ese es el punto de partida, tiene que haber más responsabilidad sobre los registros y por eso es que no han querido hacer el plan desarme. Por el temor a enfrentarse con la inexactitud existente del control de armas. ¿A usted le parece bien que en una ciudad del noroccidente colombiano como es Cali se hayan dado 23 mil salvoconductos para que los ciudadanos porten armas? ¿Le parece eso normal, con los niveles de homicidios que hay en la ciudad? No es lógico que en un país haya más de 800.000 armas y que todavía no se tenga el censo.

¿Existe una relación entre el aumento de los homicidios y el aumento de la entrega de salvoconductos?
Existe una relación, gracias a ello se ha podido determinar que la tasa de homicidios cometidos con armas amparadas es alto. No estoy diciendo que la mayoría, pero sí hay un porcentaje importante y ahí la Fiscalía también tiene un papel significativo que jugar a la hora de entregar información sobre el tema.

¿Lo que usted propone es algo similar a la eterna lucha que ha tenido Estados Unidos sobre la venta ibre de armas?
Sí, pero debe anotarse que incluso en Estados Unidos se habla de la tenencia de un arma en la casa, más no el porte y la movilidad de la misma, como sí se da en Colombia.

Ese es el planteamiento del debate, pero vamos a la ejecución: ¿qué se ha hecho para que se pueda materializar?
La propuesta que yo hago es que se dé el plan desarme en todo el país, en todas las ciudades grandes, no solamente a Cali. Yo consulté y pregunté a varios personeros del país acerca de si estarían dispuestos a que se diera un plan desarme en su ciudad y todos estuvieron dispuestos a colaborar. Lo hay que lograr es que el Gobierno se meta en el tema. Deberíamos desarmar a las ciudades por un período de tiempo y ver los resultados. Pero, por supuesto, debería hacerse por un período mayor a los 15 días que se ejecutó en Cali.

¿Cuál es la propuesta en concreto?
Que hagamos un ejercicio experimental de tres a seis meses. Bogotá ya lo hizo, así que debemos ver qué pasa en otras ciudades. Sólo así sabremos quiénes están armados sin razón y quiénes realmente necesitan estarlo. ¿Por qué no hacerlo, por qué esa negación a que la gente se desarme? No le encuentro la coherencia.

¿Ustedes le plantearon esto a los responsables de tomar la decisión?
Se la planteamos al Ejercito en el caso de Cali, tomando la experiencia de Bogotá, y ha sido tensionante. Hace más de seis meses el alcalde pidió opinión al presidente y aún no hemos obtenido respuesta.

¿De quién depende tomar la decisión para que esto suceda?
Del Ejército, con la normatividad de 1993 son ellos quienes deciden si la gente se puede armar o no.

¿En compañía de los alcaldes?
No, y eso es lo más curioso, porque son los alcaldes los que tienen que velar por la seguridad de las ciudades, pero no pueden decidir si la gente debe desarmarse o no. Eso es contradictorio.