Colombia, primer país en indemnizar a desplazados
El Ejecutivo firmó el decreto que permitirá la entrega de reparaciones administrativas a cerca de un millón de familias víctimas.
Camilo Segura Álvarez
Han pasado diez años desde que la Corte Constitucional, advirtiendo que casi un 10% de la población colombiana había sido víctima de desplazamiento forzado, profirió una histórica sentencia en la que declaraba un estado de cosas inconstitucional y conminaba al Estado a diseñar un plan urgente para garantizar los derechos de quienes padecen este flagelo. Pues hoy, precisamente, ante el mismo tribunal, el Gobierno fue citado a la evaluación de esa sentencia y, allí, presentará el plan mediante el cual Colombia se convertirá en el único país en situación de conflicto armado que reparará a quienes tuvieron que dejar su tierra para salvar su vida.
En esa dirección, el pasado 22 de julio, el presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1377, que pretende “reglamentar la ruta de atención, asistencia y reparación integral, en particular en lo relacionado con la medida de indemnización administrativa a víctimas de desplazamiento forzado”. Se trata de una normativa que la Unidad de Víctimas concertó durante los últimos seis meses con distintos ministerios para cumplir con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y trazar una hoja de ruta que, de aquí a 2021 (cuando termina la aplicación de esa ley), le permita al Estado devolver los derechos a los afectados por este delito.
Con el decreto, además de procurar cumplir la Sentencia T-025 de 2004, el Gobierno pretende que las personas desplazadas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) diseñen un plan de atención, asistencia y reparación integral con el apoyo de la Unidad de Víctimas. Estos planes obligarán a las distintas entidades del Estado a acabar con la situación de vulnerabilidad de estas personas para luego repararlas económicamente.
La reparación administrativa
El documento establece que los núcleos familiares que comienzan la “ruta de reparación” serán los que cumplan uno de tres requisitos: primero, que haya comenzado o surtido el proceso de retorno o reubicación voluntaria y haya “suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima”; segundo, que no haya suplido sus carencias debido a que se encuentra en situación de extrema urgencia por discapacidad, edad o composición del hogar; o tercero, que haya solicitado a la Unidad de Víctimas el acompañamiento para el retorno o la reubicación y que este no haya podido realizarse por razones de seguridad.
Esa indemnización económica, dice el decreto, será independiente de las ayudas sociales, de los subsidios destinados a esta población por los gobiernos nacional o locales, o de la ayuda humanitaria que, en virtud de la Ley de Víctimas, haya sido o sea entregada a los desplazados.
La forma de acceder a la reparación económica, así como a los montos a los que tiene derecho cada familia, también quedaron reglamentados en el Decreto 1377. La indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del núcleo familiar víctima y, si es que alguna de ellas es menor de edad, se hará mediante la constitución de un encargo fiduciario.
Desde que se reglamentó la Ley de Víctimas, en 2011, quedó claro que las víctimas de desplazamiento tendrán derecho a máximo 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). Sin embargo, el decreto del pasado 22 de julio establece que “si respecto de una misma víctima concurre más de una violación de aquellas establecidas en la Ley, ésta tendrá derecho a que el monto de la indemnización administrativa se acumule hasta un monto de 40 smlmv”.
La ambición de la Unidad de Víctimas
“Este decreto es histórico. No sólo queda oficializado que Colombia será el único país que padece un conflicto armado y que, en el marco de la Ley de Víctimas y los intentos de llegar a la paz, repara administrativamente a las víctimas de desplazamiento. También se abre la puerta para reparar a la mayoría de las víctimas. De un universo que supera los 6’000.000 de víctimas, 5’700.381 lo son de desplazamiento”, sostuvo Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
Para finales de 2014, la Unidad de Víctimas tiene como meta que 98.000 familias, cerca de 500.000 personas, hayan superado la situación de vulnerabilidad. De ellas, según afirmó Gaviria, 40.000 deberán haber comenzado el proceso administrativo de reparación en diciembre. A la fecha, y bajo la normativa vigente desde 2008, 19.316 víctimas de desplazamiento han sido indemnizadas.
Santos, invitado a la Corte
El magistrado Luis Ernesto Vargas, como presidente de la comisión de seguimiento de la Sentencia T-025, que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada, invitó al presidente Santos a la conmemoración de los diez años de dicha sentencia. Aunque posiblemente el primer mandatario no asista por compromisos en el departamento de Santander, el Ejecutivo presentará este decreto, hablará de los avances en garantía de derechos para los desplazados y escuchará los testimonios de por lo menos seis víctimas de este flagelo.
@csegura@elespectador.com
Han pasado diez años desde que la Corte Constitucional, advirtiendo que casi un 10% de la población colombiana había sido víctima de desplazamiento forzado, profirió una histórica sentencia en la que declaraba un estado de cosas inconstitucional y conminaba al Estado a diseñar un plan urgente para garantizar los derechos de quienes padecen este flagelo. Pues hoy, precisamente, ante el mismo tribunal, el Gobierno fue citado a la evaluación de esa sentencia y, allí, presentará el plan mediante el cual Colombia se convertirá en el único país en situación de conflicto armado que reparará a quienes tuvieron que dejar su tierra para salvar su vida.
En esa dirección, el pasado 22 de julio, el presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1377, que pretende “reglamentar la ruta de atención, asistencia y reparación integral, en particular en lo relacionado con la medida de indemnización administrativa a víctimas de desplazamiento forzado”. Se trata de una normativa que la Unidad de Víctimas concertó durante los últimos seis meses con distintos ministerios para cumplir con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y trazar una hoja de ruta que, de aquí a 2021 (cuando termina la aplicación de esa ley), le permita al Estado devolver los derechos a los afectados por este delito.
Con el decreto, además de procurar cumplir la Sentencia T-025 de 2004, el Gobierno pretende que las personas desplazadas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) diseñen un plan de atención, asistencia y reparación integral con el apoyo de la Unidad de Víctimas. Estos planes obligarán a las distintas entidades del Estado a acabar con la situación de vulnerabilidad de estas personas para luego repararlas económicamente.
La reparación administrativa
El documento establece que los núcleos familiares que comienzan la “ruta de reparación” serán los que cumplan uno de tres requisitos: primero, que haya comenzado o surtido el proceso de retorno o reubicación voluntaria y haya “suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima”; segundo, que no haya suplido sus carencias debido a que se encuentra en situación de extrema urgencia por discapacidad, edad o composición del hogar; o tercero, que haya solicitado a la Unidad de Víctimas el acompañamiento para el retorno o la reubicación y que este no haya podido realizarse por razones de seguridad.
Esa indemnización económica, dice el decreto, será independiente de las ayudas sociales, de los subsidios destinados a esta población por los gobiernos nacional o locales, o de la ayuda humanitaria que, en virtud de la Ley de Víctimas, haya sido o sea entregada a los desplazados.
La forma de acceder a la reparación económica, así como a los montos a los que tiene derecho cada familia, también quedaron reglamentados en el Decreto 1377. La indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del núcleo familiar víctima y, si es que alguna de ellas es menor de edad, se hará mediante la constitución de un encargo fiduciario.
Desde que se reglamentó la Ley de Víctimas, en 2011, quedó claro que las víctimas de desplazamiento tendrán derecho a máximo 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). Sin embargo, el decreto del pasado 22 de julio establece que “si respecto de una misma víctima concurre más de una violación de aquellas establecidas en la Ley, ésta tendrá derecho a que el monto de la indemnización administrativa se acumule hasta un monto de 40 smlmv”.
La ambición de la Unidad de Víctimas
“Este decreto es histórico. No sólo queda oficializado que Colombia será el único país que padece un conflicto armado y que, en el marco de la Ley de Víctimas y los intentos de llegar a la paz, repara administrativamente a las víctimas de desplazamiento. También se abre la puerta para reparar a la mayoría de las víctimas. De un universo que supera los 6’000.000 de víctimas, 5’700.381 lo son de desplazamiento”, sostuvo Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
Para finales de 2014, la Unidad de Víctimas tiene como meta que 98.000 familias, cerca de 500.000 personas, hayan superado la situación de vulnerabilidad. De ellas, según afirmó Gaviria, 40.000 deberán haber comenzado el proceso administrativo de reparación en diciembre. A la fecha, y bajo la normativa vigente desde 2008, 19.316 víctimas de desplazamiento han sido indemnizadas.
Santos, invitado a la Corte
El magistrado Luis Ernesto Vargas, como presidente de la comisión de seguimiento de la Sentencia T-025, que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada, invitó al presidente Santos a la conmemoración de los diez años de dicha sentencia. Aunque posiblemente el primer mandatario no asista por compromisos en el departamento de Santander, el Ejecutivo presentará este decreto, hablará de los avances en garantía de derechos para los desplazados y escuchará los testimonios de por lo menos seis víctimas de este flagelo.
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