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La comunidad wayuu del Resguardo Indígena de Provincial ubicada en el municipio de Barrancas (La Guajira) convive diariamente con una problemática que ha afectado su salud y el medioambiente de la zona. Desde hace más de 30 años la empresa Carbones del Cerrejón Limited, una de las minas más grandes a cielo abierto de Latinoamérica, utiliza explosivos para obtener carbón y exportar millones de toneladas al extranjero. Los habitantes indígenas de Provincial están a tan solo dos kilómetros del Tajo Patilla y los botaderos aledaños, lo que significa estar expuestos a la contaminación producida por la actividad minera.
El 16 de diciembre de 2019 la Corte Constitucional tomó una decisión con el fin de garantizar la protección del medioambiente y la salud de los miembros de Provincial. Esta tutela fue impuesta contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corporguajira) y, claramente, contra Carbones Cerrejón Limited.
En Contexto: Los reclamos de la comunidad wayuu a Carbones del Cerrejón
Los 679 habitantes de Provincial están ubicados a dos kilómetros del Tajo Patilla, lugar donde Cerrejón realiza explosiones a cielo abierto para extraer carbón, práctica que causa temblores, ruidos fuertes, olores y emisiones constantes de material particulado (PM); un polvillo muy fino que se acumula en el techo de sus casas, en la vegetación y sus fuentes de agua.
La Corte Constitucional ordenó como medida transitoria que la empresa siguiera los niveles de calidad del aire que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta que el Ministerio de Ambiente y Cerrejón llegaran a un acuerdo donde tuviera en cuenta las necesidades tanto de la comunidad de Provincial como de la actividad de la minera.
Todo lo anterior para disminuir el material particulado cuya presencia se relaciona con el incremento en las tasas de mortalidad y morbilidad en poblaciones expuestas.
Según dijo el Ministerio de Ambiente a El Espectador, no han acordado un límite con la empresa puesto que la entidad “expidió la Resolución 2254 de 2017, por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones, estableciendo así los límites máximos de concentración de contaminantes en el aire, que se deben cumplir en todo el territorio nacional”. Sin embargo, estas medidas son previas a la sentencia y no van acorde a lo ordenado por la Corte sobre establecer un estándar diferente al actual que tenga en cuenta las peticiones de la calidad del aire de Provincial.
Con respecto a las mediciones evaluadas de los principales materiales particulados (PM2.5 Y PM10) presentes en el aire de Provincial, Corpoguajira explicó que “el 13.6% de los datos registrados en el 2020 de PM 2.5, estuvieron por encima del límite de transición establecido. De igual manera, con los datos obtenidos de PM10 hasta el 13 de abril de 2020, cuando se detuvo la operación por la pandemia de COVID-19, se observa que un 30.4% de los datos evaluados se encuentran por encima del valor diario de la guía de la OMS”.
Para que las medidas de la Corte no quedaran solo en palabras, las entidades gubernamentales implicadas debían, en un término máximo de 4 meses, implementar un sistema independiente de medición de la calidad del aire en el Resguardo y la calidad de agua en las fuentes hídricas que lo abastecen. El Ministerio de Ambiente asegura que, “este sistema de monitoreo permitirá obtener mediciones imparciales e independientes de las generadas por la empresa Carbones del Cerrejón”.
Por esta razón, en marzo obtuvieron un equipo de monitoreo con las características solicitadas por la Corte, que sería instalado en Provincial. No obstante, a causa de la pandemia por COVID-19 se reprogramó la instalación para evitar poner en riesgo a la comunidad.
Por otra parte, para atacar los problemas de raíz y no seguir interviniendo de forma superficial, se dictaminó la creación de una Comisión Técnica. Esta comisión estaría conformada por el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, ANLA, la Gobernación de La Guajira y Corpoguajira con los objetivos de “determinar los factores de riesgo de la explotación minera que afectan a la comunidad del Resguardo Indígena Provincial e identificar las alternativas que existen para prevenir, mitigar y corregir de manera definitiva tales riesgos en el corto, mediano y largo plazo”.
Esta se constituyó el 26 de febrero de 2020, presidida por la Defensoría del Pueblo como entidad garante. Esta comisión sesiona periódicamente para avanzar en los objetivos, “nos encontramos a la espera de la programación de la cuarta sesión en la que se espera socializar los insumos científicos para la caracterización físico química del material particulado en el resguardo indígena de Provincial, entre otros temas”, informó el Ministerio de Ambiente.
Asimismo, se estableció que en tres meses a partir del fallo, el Ministerio de Ambiente tenía que regular los niveles admisibles de vibraciones relacionadas a las explosiones y que estaban afectando la infraestructura de las viviendas de la comunidad. Debido a esto, Minambiente expresó que la ANLA “en el marco de sus acciones de seguimiento y control al proyecto minero ha incluido dentro del instrumento de manejo ambiental la exigibilidad del estándar para controlar las vibraciones con base en la norma internacional más estricta disponible (DIN4150 y OMSRE)”.
Se espera que con la reapertura de las ciudades las órdenes dictadas por la Corte Constitucional a las entidades gubernamentales se apliquen. Es de vital importancia que se haga acompañamiento y un control estricto y efectivo de las actividades que realiza la empresa Carbones del Cerrejón para así tener un equilibrio entre promover las actividades económicas de la empresa y un ambiente sano para la comunidad indígena Wayuu de Providencia.