¿Cómo debe atender un hospital a una víctima de abuso sexual?
Estos casos se consideran una urgencia médica y deben ser atendidos de forma gratuita. Proporcionar anticonceptivos de emergencia y hablar sobre el aborto, algunas de las obligaciones.
redacción Nacional
El abuso sexual en los colegios, así como en las universidades, es una problemática silenciosa que poco se ha analizado e investigado en el país. No hay estudios serios que aborden este delito en los espacios educativos. Pero este martes el tema volvió a ser debate por un nuevo caso que horroriza al país; una niña de 11 años fue abusada sexualmente por dos de sus compañeros de 12 años del colegio Merceditas Gómez Martínez en Medellín. Ella esperaba el transporte, y ellos la llevaron a una zona abandonada y la violaron. (Lea aquí: Niña de 11 años fue abusada sexualmente por sus compañeros de colegio en Medellín)
“Hay pocas denuncias sobre esto. Nosotros en 2011 identificamos que había 280 quejas disciplinarias contra docentes que habían cometido presuntamente abuso sexual, de las cuales solo se habían resuelto 30, la respuesta no era efectiva. En Medicina Legal se pueden encontrar hoy cifras pero hay un subregistro. El Ministerio de Educación debería tener un papel muy activo”, explica Cristina Rosero, abogada de Women's Link Worldwide.
De acuerdo con Rosero, este delito suele callarse en las escuelas porque también se ha normalizado, hay niños que ven estos hechos pero no hay responsabilidades entonces hay patrones de tolerancia y encubrimiento. En los colegios no se investiga por desconocimiento o falta de interés y las víctimas terminan por callar, agrega la abogada.
Una de las posibles estrategias para combatir el abuso sexual en colegios es, según Rosero, la educación sexual sobre todo en menores de edad porque ésta tiene por objeto el autocuidado, que los niños y niñas sepan qué es aceptable y qué no en cuanto a su propio cuerpo, y que puedan dar aviso a sus padres. Así como también hay que investigar el fenómeno para implementar estrategias, y saber con certeza quiénes son los victimarios.
El abuso sexual en niñas es alarmante. De acuerdo con Medicina Legal, las menores entre los 10 y 14 años son las que presentan mayor riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito sexual con 7.648 casos en el último año equivalentes al 40,52%. El 3,4% de los abusos en ocurren en espacios educativos. Estas niñas tienen derecho a denunciar el delito, y a recibir una atención en salud integral que sigue un protocolo establecido en 2012.
Ese protocolo es muy importante que lo conozcan los padres de familia, en caso de que sus hijas sean víctimas de abuso sexual. La Corte dijo hace dos años que no es opcional la aplicación de este en los hospitales, sino obligatorio. Una batalla que le ganaron las feministas al entonces procurador Alejandro Ordóñez, porque en el paso a paso está la aplicación de la anticoncepción de emergencia y el aborto, dos derechos a los que el jefe del Ministerio Público se opuso a su gestión.
Estos son los aspectos principales del protocolo:
Cualquier caso de violencia sexual debe ser atendido como urgencia, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta al sector salud.
Esa atención debe ser gratuita y confidencial.
Las víctimas deben ser tratadas con dignidad, discreción y respeto por su privacidad.
Se debe hacer una valoración médica completa: examen físico general, examen genital y examen mental.
La violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias.
La atención también debe incluir tratamiento de ITS-VIH/Sida, anticoncepción de emergencia (siempre antes de 72 horas, excepcionalmente antes de 120 h) y asesoría para Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que haga un relato completo de los hechos.
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la información de la persona adulta protectora que esté a cargo.
Debe verificarse que el informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo escenario terapéutico con la víctima.
No es pertinente preguntar ni registrar, para efectos de la valoración de víctimas de violencia sexual, el número de compañeros sexuales, ni la edad de inicio de las relaciones sexuales.
Informar previamente a la víctima sobre cada parte del examen genital y anal que vaya a ser realizado, solicitando su aprobación.
Para todas las víctimas de abuso sexual que consultan entre cuatro y cinco días después de la agresión sexual, se deben solicitar una prueba de embarazo.
El dar información sobre el derecho al aborto no debe estar supeditado a un resultado positivo en la prueba de embarazo, pues hace parte de los derechos que tienen que ser explicados a la víctima al inicio de la atención, y todo el equipo que atiende víctimas de violencia sexual debe estar en capacidad de darla.
La información sobre el derecho al aborto debe darse desde el primer contacto de la víctima de violencia sexual.
La interrupción voluntaria del embarazo (lVE) es una opción de las mujeres frente al embarazo resultante de violencia sexual.
Es constitucionalmente inaceptable que transcurran más de cinco días corridos entre la solicitud y la realización de un aborto.
Cualquier mujer con 14 años o menos que solicite un aborto se presume que fue víctima de violencia sexual, y no se requiere denuncia penal.
La decisión de la niña prima sobre la de sus padres, en caso de que ellos no estén de acuerdo.
El abuso sexual en los colegios, así como en las universidades, es una problemática silenciosa que poco se ha analizado e investigado en el país. No hay estudios serios que aborden este delito en los espacios educativos. Pero este martes el tema volvió a ser debate por un nuevo caso que horroriza al país; una niña de 11 años fue abusada sexualmente por dos de sus compañeros de 12 años del colegio Merceditas Gómez Martínez en Medellín. Ella esperaba el transporte, y ellos la llevaron a una zona abandonada y la violaron. (Lea aquí: Niña de 11 años fue abusada sexualmente por sus compañeros de colegio en Medellín)
“Hay pocas denuncias sobre esto. Nosotros en 2011 identificamos que había 280 quejas disciplinarias contra docentes que habían cometido presuntamente abuso sexual, de las cuales solo se habían resuelto 30, la respuesta no era efectiva. En Medicina Legal se pueden encontrar hoy cifras pero hay un subregistro. El Ministerio de Educación debería tener un papel muy activo”, explica Cristina Rosero, abogada de Women's Link Worldwide.
De acuerdo con Rosero, este delito suele callarse en las escuelas porque también se ha normalizado, hay niños que ven estos hechos pero no hay responsabilidades entonces hay patrones de tolerancia y encubrimiento. En los colegios no se investiga por desconocimiento o falta de interés y las víctimas terminan por callar, agrega la abogada.
Una de las posibles estrategias para combatir el abuso sexual en colegios es, según Rosero, la educación sexual sobre todo en menores de edad porque ésta tiene por objeto el autocuidado, que los niños y niñas sepan qué es aceptable y qué no en cuanto a su propio cuerpo, y que puedan dar aviso a sus padres. Así como también hay que investigar el fenómeno para implementar estrategias, y saber con certeza quiénes son los victimarios.
El abuso sexual en niñas es alarmante. De acuerdo con Medicina Legal, las menores entre los 10 y 14 años son las que presentan mayor riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito sexual con 7.648 casos en el último año equivalentes al 40,52%. El 3,4% de los abusos en ocurren en espacios educativos. Estas niñas tienen derecho a denunciar el delito, y a recibir una atención en salud integral que sigue un protocolo establecido en 2012.
Ese protocolo es muy importante que lo conozcan los padres de familia, en caso de que sus hijas sean víctimas de abuso sexual. La Corte dijo hace dos años que no es opcional la aplicación de este en los hospitales, sino obligatorio. Una batalla que le ganaron las feministas al entonces procurador Alejandro Ordóñez, porque en el paso a paso está la aplicación de la anticoncepción de emergencia y el aborto, dos derechos a los que el jefe del Ministerio Público se opuso a su gestión.
Estos son los aspectos principales del protocolo:
Cualquier caso de violencia sexual debe ser atendido como urgencia, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta al sector salud.
Esa atención debe ser gratuita y confidencial.
Las víctimas deben ser tratadas con dignidad, discreción y respeto por su privacidad.
Se debe hacer una valoración médica completa: examen físico general, examen genital y examen mental.
La violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias.
La atención también debe incluir tratamiento de ITS-VIH/Sida, anticoncepción de emergencia (siempre antes de 72 horas, excepcionalmente antes de 120 h) y asesoría para Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que haga un relato completo de los hechos.
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la información de la persona adulta protectora que esté a cargo.
Debe verificarse que el informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo escenario terapéutico con la víctima.
No es pertinente preguntar ni registrar, para efectos de la valoración de víctimas de violencia sexual, el número de compañeros sexuales, ni la edad de inicio de las relaciones sexuales.
Informar previamente a la víctima sobre cada parte del examen genital y anal que vaya a ser realizado, solicitando su aprobación.
Para todas las víctimas de abuso sexual que consultan entre cuatro y cinco días después de la agresión sexual, se deben solicitar una prueba de embarazo.
El dar información sobre el derecho al aborto no debe estar supeditado a un resultado positivo en la prueba de embarazo, pues hace parte de los derechos que tienen que ser explicados a la víctima al inicio de la atención, y todo el equipo que atiende víctimas de violencia sexual debe estar en capacidad de darla.
La información sobre el derecho al aborto debe darse desde el primer contacto de la víctima de violencia sexual.
La interrupción voluntaria del embarazo (lVE) es una opción de las mujeres frente al embarazo resultante de violencia sexual.
Es constitucionalmente inaceptable que transcurran más de cinco días corridos entre la solicitud y la realización de un aborto.
Cualquier mujer con 14 años o menos que solicite un aborto se presume que fue víctima de violencia sexual, y no se requiere denuncia penal.
La decisión de la niña prima sobre la de sus padres, en caso de que ellos no estén de acuerdo.