¿Cómo hacer que la minería en Colombia sirva para cerrar las brechas sociales?

La discusión frente a la minería en Coombia no cesa. Las consultas populares (como la de Cajamarca), las reglas que regulan esta actividad y cómo afectan a los mineros artesanales y su papel en el posconflicto, son temas recurrentes sobre este sector.

Todos estos temas se trataron en el debate de El Espectador “Minería en el posconflicto: caso del Occidente antioqueño”, realizado en Santa Fe de Antioquia y que contó con la presencia de León Valencia (director de la Fundación Paz y Reconciliación), Javier García (vicepresidente de Control de Seguridad de la Agencia Nacional de Minería -ANM-), Liz Margaret Álvarez (secretaria de Minas de Antioquia), Alexandra Guáqueta (directora de Estándares Internacionales Continental Gold) y Amylkar Acosta (exministro de Minas y Energía).

Durante la discusión se buscó responder una pregunta principal: si es posible que la economía extractiva se fundamente en el país a partir del consenso entre Estado, empresarios y comunidades.

En ese sentido, García, el representante de la ANM, explicó que “el aprovechamiento de los recursos naturales debe garantizar el máximo beneficio para los ciudadanos. Se necesita una estrategia inclusiva y participativa, instituciones fuertes y reglas claras, para fortalecer a las instituciones”. Pero en este punto, Liz Margaret Álvarez fue crítica, pues dijo que los gobiernos regionales “a veces sentimos que no tenemos herramientas jurídicas para algunas situaciones que encontramos en la ruralidad”.

En este punto, y siguiendo la línea de la discusión, Alexandra Guáqueta aseguró que el papel de la industria privada es muy importante para el desarrollo del sector. La representante de Continental Gold afirmó que la minería puede servir para apalancar el desarrollo de las zonas más afectadas y vulnerables por el conflicto. Para explicar esto, tomó como ejemplo el caso del municipio de Buriticá, Antioquia, en el que, por la explotación minera, la empresa canadiense ha generado “entre 1200 y 1500 empleos”.

Amylkar Acosta, por su parte, defendió la importancia de la explotación minera para la economía colombiana. Partiendo de la premisa de que “el país tiene un enorme potencial minero, sin ser un país minero”, el exministro de Minas y Energía defendió la necesidad de que se impulse la llamada locomotora minera, pues “Colombia crece al ritmo del sector minero energético”. Al igual que sus compañeros de panel, Acosta defendió que toda actividad extractiva debe hacerse de manera responsable desde el punto de vista social y ambiental.

A esta discusión aún le falta mucho para concluirla, teniendo en cuenta que el sector minero-energético tendrá un gran papel en la financiación del posconflicto, pues muchos de los recursos naturales no renovables se encuentran en territorios históricamente afectados por la guerra. Aun así, el debate hecho por El Espectador concluyó con la necesidad de que haya un consenso de todos los sectores involucrados en esta industria.

La discusión frente a la minería en Coombia no cesa. Las consultas populares (como la de Cajamarca), las reglas que regulan esta actividad y cómo afectan a los mineros artesanales y su papel en el posconflicto, son temas recurrentes sobre este sector.

Todos estos temas se trataron en el debate de El Espectador “Minería en el posconflicto: caso del Occidente antioqueño”, realizado en Santa Fe de Antioquia y que contó con la presencia de León Valencia (director de la Fundación Paz y Reconciliación), Javier García (vicepresidente de Control de Seguridad de la Agencia Nacional de Minería -ANM-), Liz Margaret Álvarez (secretaria de Minas de Antioquia), Alexandra Guáqueta (directora de Estándares Internacionales Continental Gold) y Amylkar Acosta (exministro de Minas y Energía).

Durante la discusión se buscó responder una pregunta principal: si es posible que la economía extractiva se fundamente en el país a partir del consenso entre Estado, empresarios y comunidades.

En ese sentido, García, el representante de la ANM, explicó que “el aprovechamiento de los recursos naturales debe garantizar el máximo beneficio para los ciudadanos. Se necesita una estrategia inclusiva y participativa, instituciones fuertes y reglas claras, para fortalecer a las instituciones”. Pero en este punto, Liz Margaret Álvarez fue crítica, pues dijo que los gobiernos regionales “a veces sentimos que no tenemos herramientas jurídicas para algunas situaciones que encontramos en la ruralidad”.

En este punto, y siguiendo la línea de la discusión, Alexandra Guáqueta aseguró que el papel de la industria privada es muy importante para el desarrollo del sector. La representante de Continental Gold afirmó que la minería puede servir para apalancar el desarrollo de las zonas más afectadas y vulnerables por el conflicto. Para explicar esto, tomó como ejemplo el caso del municipio de Buriticá, Antioquia, en el que, por la explotación minera, la empresa canadiense ha generado “entre 1200 y 1500 empleos”.

Amylkar Acosta, por su parte, defendió la importancia de la explotación minera para la economía colombiana. Partiendo de la premisa de que “el país tiene un enorme potencial minero, sin ser un país minero”, el exministro de Minas y Energía defendió la necesidad de que se impulse la llamada locomotora minera, pues “Colombia crece al ritmo del sector minero energético”. Al igual que sus compañeros de panel, Acosta defendió que toda actividad extractiva debe hacerse de manera responsable desde el punto de vista social y ambiental.

A esta discusión aún le falta mucho para concluirla, teniendo en cuenta que el sector minero-energético tendrá un gran papel en la financiación del posconflicto, pues muchos de los recursos naturales no renovables se encuentran en territorios históricamente afectados por la guerra. Aun así, el debate hecho por El Espectador concluyó con la necesidad de que haya un consenso de todos los sectores involucrados en esta industria.