En alerta están varias comunidades indígenas en Valledupar por la presencia de actores armados. Las comunidades más afectadas son las de Murillo, Rioseco, Ramalito, Los Haticos, Rancho de la Gota, Mojao, La Mina, Pontón, Las Flores, Atanquez, Chemesquemena y Guatapurí, pertenecientes al pueblo Kankuamo.
Particularmente, la comunidad de Ríoseco, en Valledupar (Cesar), presenta riesgo por desplazamiento y otras afectaciones en derechos humanos como resultado del proceso de expansión y consolidación de estructuras armadas en la zona.
Según lo contó la comunidad, se han presentado amenazas, circulación de panfletos apócrifos que utilizan las siglas de grupos armados ilegales e incluso la misma incineración de kankurwas (centros ceremoniales).
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Frente al riesgo, la Defensoría del Pueblo, ya había emitido la Alerta Temprana 026 del 2021, en la que se especifica cómo en ese resguardo se han venido presentado amenazas, patrullajes por parte de hombres que a veces visten completamente de negro y en otras ocasiones portan prendas de uso restringido y armas cortas y largas.
“En vulnerabilidad y en riesgo de amenaza se encuentra nuestro pueblo y territorio (…) hay que avanzar en un carácter estructural del riesgo para darle mayor fuerza jurídica y celeridad a la solución de esta difícil situación”, contó Iván Adolfo Lúquez Mindiola, secretario general del Pueblo Kankuamo.
En el departamento del Cesar hay al menos 45.403 víctimas de desplazamiento forzado. En 2021 y lo corrido del 2022 se han presentado desplazamientos individuales de los municipios de La Paz, La Jagua de Ibirico, Manaure Balcón del Cesar, Astrea, Chimichagua, Pailitas, Pelaya y Tamalameque.
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Adicionalmente, en las regiones sur y occidente del Cesar se presentaron, durante 2021 y lo que va de 2022, acciones de grupos armados ilegales como el ELN, EPL, los Pelusos y las AGC-Clan del Golfo.
Así mismo, en todo el departamento ya se ha advertido sobre el riesgo al que están expuestos los líderes sociales, pues, la Defensoría ya ha resgitrado el incremento en los casos de homicidio contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos.
“También estamos en la construcción de una alerta estructural para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de que se pueda reforzar el trabajo ante los escenarios de riesgo actual, por el proceso de expansión y consolidación de estructuras armadas, que generan desplazamiento forzado en el departamento”, señaló el defensor Carlos Camargo.