Con engaños secuestraron a campesino reclamante de tierras para asesinarlo

En la madrugada del domingo 29 de enero fue hallado el cuerpo sin vida del reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo. El campesino de 70 años fue sacado de su casa el sábado en la noche, en la vereda Buenos Aires, corregimiento Nuevo Oriente, municipio de Turbo. Hasta allá llegaron cuatro hombres armados que se transportaban en dos motocicletas y se lo llevaron con engaños.

Según otro reclamante de la zona, quien también se encuentra amenazado y pidió la reserva de su identidad, los motociclistas llegaron a eso de las ocho de la noche a la finca “El consuelo”. En ese momento, Porfirio estaba adentro de la casa reunido con su familia. Le dijeron que iban de parte de la Unidad Nacional de Protección para entregarle el esquema de seguridad. Él aceptó y se montó en una de las motos.

Su hijo y otro familiar preguntaron si podían acompañarlo. Los hombres le dijeron que los siguieran en una moto de la familia. Pero después aceleraron tanto que los acompañantes no pudieron alcanzarlos. Ya preocupados, se comunicaron con otros líderes para que alertaran a las autoridades sobre lo ocurrido. Algunos pobladores de Nuevo Oriente dijeron ver las motos pasar.

La Policía de Turbo acudió al llamado. Encontraron, primero, una de las motos de los captores varada a la entrada de la vereda Guacamayas, territorio del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó. Luego, pasada la media noche, a eso de la 12:30 a.m., encontraron el cuerpo degollado de Porfirio en un sector conocido como El Tigre, en la carretera que conecta a Nuevo Oriente con el municipio de Chigorodó.

Había denunciado amenazas

Carlos Páez es presidente de Tierra y Paz, asociación de víctimas reclamantes a la que pertenecía Porfirio. Según contó, el conflicto armado que azotaba a Urabá en el año 1997 obligó al campesino y a su familia a abandonar su finca de 33 hectáreas llamada El Descanso. En 2014, cuando retornaron sin acompañamiento institucional, sus predios ya tenían otro supuesto dueño: un hombre conocido como “el cura”, quien estaría relacionado con otros casos de despojo de tierra y tendría vínculos con paramilitares.

Aun así la familia se instaló en la casa. Como reacción ante ello, el que ahora era administrador de la finca los hostigaba. Por ejemplo, soltaba ganado en el predio para que les dañara los cultivos de maíz, yuca, plátano. Hasta que a mediados de julio del año pasado, señaló Páez, hombres armados lo abordaron en su casa, lo intimidaron y le ordenaron que desalojara o le echarían a “las autodefensas” para que lo mataran.

Asesorado por otros líderes de Tierra y Paz, el campesino denunció ante la Defensorías del Pueblo, la Fiscalía y demás instancias judiciales. También les hizo saber de la situación, a través de radicados, a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para las Víctimas (Uariv). En diciembre, varios hombres los estuvieron buscando, pero él alcanzó a huir. Y regresó en enero al lado de su familia, que permaneció en la finca.

La del sábado fue la tercera vez. “La vencida”. A pesar de las denuncias, “nadie había hecho nada. Hasta que sucedió lo que sucedió”, afirmó el presidente de la asociación. Al respecto Paola Cadavid, directora de la URT, aseguró tener conocimiento de lo sucedido en julio del año pasado. “A través de la Unidad se había elevado denuncia y solicitud de protección para que implementaran medidas”.

Sin embargo, no tenía ninguna medida. El líder, cuya identidad se reserva, comentó que “Porfirio había hecho denuncia tras denuncia, pero para lo único que le sirvieron fue para que le hicieran un estudio de riesgo. Le dijeron que por el riesgo que tenía le iban a dar un chaleco antibalas y un celular para emergencias. Pero ni siquiera eso le entregaron”.

Tras conocerse la muerte de Porfirio, los equipos de la Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad de Restitución de Tierras, la Asociación Tierra y Paz, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación, entre otros, expresaron su solidaridad con la familia y rechazaron el homicidio. También le solicitaron a la Fiscalía investigar con celeridad y judicializar a los responsables.

Cifras siguen en aumento

Con este ya son 73 los reclamantes de tierras asesinados desde 2008 en Colombia. Según datos de Fundación Forjando Futuros, los departamentos con mayores cifras de víctimas son Córdoba, Cesar y Antioquia. En este último, la subregión más afectada es Urabá donde han sido asesinados 19 reclamantes.

Los registros podrían aumentar. De hecho, esa fundación denunció el pasado viernes amenazas contra dos reclamantes de esa subregión. El primero: Wilson David, campesino de la vereda Guacamayas (Turbo). El segundo: Robin Domicó, líder indígena que colabora con los procesos de restitución en tres comunidades de Urabá. Ambos fueron amenazados por un hombre identificado como “negro Darío”, quien tendría vínculos con paramilitares.

Carlos Páez deploró esos hechos y se mostró indignado por la labor que realiza la Fiscalía frente a estos casos. “Si los reclamantes amenazados van y denuncian con nombres propios a quienes los están hostigando por sus tierras, ¿por qué no avanzan los procesos para capturarlos y judicializarlos?, ¿por qué no impide que los sigan matando?”.

También cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional y su relación con la empresa privada. “Los empresarios están recurriendo al modelo de desaparecer o sacar a los reclamantes así, uno por uno, de sus tierras. Y el Gobierno les está siguiendo el juego, sabiendo que muchos de ellos tienen los predios que hoy están reclamando los campesinos. Por eso es que los están mandando a asesinar”.

Ayer, mientras el país lamentaba la muerte de Porfirio Jaramillo, las autoridades escoltaron a los miembros de su familia para que se desplazaran hacia el casco urbano. Allá, esperaron por cerca de tres horas para que funcionarios de la Alcaldía de Turbo los atendieran, pero fue inútil.

Este lunes 30 de enero se convocó de urgencia un Comité de Justicia Transicional en Turbo, en el que se debió evaluar la situación de seguridad de los reclamantes. Sin embargo, en ese espacio la postura de la Alcaldía de Turbo y de otras autoridades de la región, se centró indicar que los reclamantes deberían salir de sus predios, más que en definir medidas efectivas para protegerlos.

En la madrugada del domingo 29 de enero fue hallado el cuerpo sin vida del reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo. El campesino de 70 años fue sacado de su casa el sábado en la noche, en la vereda Buenos Aires, corregimiento Nuevo Oriente, municipio de Turbo. Hasta allá llegaron cuatro hombres armados que se transportaban en dos motocicletas y se lo llevaron con engaños.

Según otro reclamante de la zona, quien también se encuentra amenazado y pidió la reserva de su identidad, los motociclistas llegaron a eso de las ocho de la noche a la finca “El consuelo”. En ese momento, Porfirio estaba adentro de la casa reunido con su familia. Le dijeron que iban de parte de la Unidad Nacional de Protección para entregarle el esquema de seguridad. Él aceptó y se montó en una de las motos.

Su hijo y otro familiar preguntaron si podían acompañarlo. Los hombres le dijeron que los siguieran en una moto de la familia. Pero después aceleraron tanto que los acompañantes no pudieron alcanzarlos. Ya preocupados, se comunicaron con otros líderes para que alertaran a las autoridades sobre lo ocurrido. Algunos pobladores de Nuevo Oriente dijeron ver las motos pasar.

La Policía de Turbo acudió al llamado. Encontraron, primero, una de las motos de los captores varada a la entrada de la vereda Guacamayas, territorio del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó. Luego, pasada la media noche, a eso de la 12:30 a.m., encontraron el cuerpo degollado de Porfirio en un sector conocido como El Tigre, en la carretera que conecta a Nuevo Oriente con el municipio de Chigorodó.

Había denunciado amenazas

Carlos Páez es presidente de Tierra y Paz, asociación de víctimas reclamantes a la que pertenecía Porfirio. Según contó, el conflicto armado que azotaba a Urabá en el año 1997 obligó al campesino y a su familia a abandonar su finca de 33 hectáreas llamada El Descanso. En 2014, cuando retornaron sin acompañamiento institucional, sus predios ya tenían otro supuesto dueño: un hombre conocido como “el cura”, quien estaría relacionado con otros casos de despojo de tierra y tendría vínculos con paramilitares.

Aun así la familia se instaló en la casa. Como reacción ante ello, el que ahora era administrador de la finca los hostigaba. Por ejemplo, soltaba ganado en el predio para que les dañara los cultivos de maíz, yuca, plátano. Hasta que a mediados de julio del año pasado, señaló Páez, hombres armados lo abordaron en su casa, lo intimidaron y le ordenaron que desalojara o le echarían a “las autodefensas” para que lo mataran.

Asesorado por otros líderes de Tierra y Paz, el campesino denunció ante la Defensorías del Pueblo, la Fiscalía y demás instancias judiciales. También les hizo saber de la situación, a través de radicados, a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para las Víctimas (Uariv). En diciembre, varios hombres los estuvieron buscando, pero él alcanzó a huir. Y regresó en enero al lado de su familia, que permaneció en la finca.

La del sábado fue la tercera vez. “La vencida”. A pesar de las denuncias, “nadie había hecho nada. Hasta que sucedió lo que sucedió”, afirmó el presidente de la asociación. Al respecto Paola Cadavid, directora de la URT, aseguró tener conocimiento de lo sucedido en julio del año pasado. “A través de la Unidad se había elevado denuncia y solicitud de protección para que implementaran medidas”.

Sin embargo, no tenía ninguna medida. El líder, cuya identidad se reserva, comentó que “Porfirio había hecho denuncia tras denuncia, pero para lo único que le sirvieron fue para que le hicieran un estudio de riesgo. Le dijeron que por el riesgo que tenía le iban a dar un chaleco antibalas y un celular para emergencias. Pero ni siquiera eso le entregaron”.

Tras conocerse la muerte de Porfirio, los equipos de la Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad de Restitución de Tierras, la Asociación Tierra y Paz, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación, entre otros, expresaron su solidaridad con la familia y rechazaron el homicidio. También le solicitaron a la Fiscalía investigar con celeridad y judicializar a los responsables.

Cifras siguen en aumento

Con este ya son 73 los reclamantes de tierras asesinados desde 2008 en Colombia. Según datos de Fundación Forjando Futuros, los departamentos con mayores cifras de víctimas son Córdoba, Cesar y Antioquia. En este último, la subregión más afectada es Urabá donde han sido asesinados 19 reclamantes.

Los registros podrían aumentar. De hecho, esa fundación denunció el pasado viernes amenazas contra dos reclamantes de esa subregión. El primero: Wilson David, campesino de la vereda Guacamayas (Turbo). El segundo: Robin Domicó, líder indígena que colabora con los procesos de restitución en tres comunidades de Urabá. Ambos fueron amenazados por un hombre identificado como “negro Darío”, quien tendría vínculos con paramilitares.

Carlos Páez deploró esos hechos y se mostró indignado por la labor que realiza la Fiscalía frente a estos casos. “Si los reclamantes amenazados van y denuncian con nombres propios a quienes los están hostigando por sus tierras, ¿por qué no avanzan los procesos para capturarlos y judicializarlos?, ¿por qué no impide que los sigan matando?”.

También cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional y su relación con la empresa privada. “Los empresarios están recurriendo al modelo de desaparecer o sacar a los reclamantes así, uno por uno, de sus tierras. Y el Gobierno les está siguiendo el juego, sabiendo que muchos de ellos tienen los predios que hoy están reclamando los campesinos. Por eso es que los están mandando a asesinar”.

Ayer, mientras el país lamentaba la muerte de Porfirio Jaramillo, las autoridades escoltaron a los miembros de su familia para que se desplazaran hacia el casco urbano. Allá, esperaron por cerca de tres horas para que funcionarios de la Alcaldía de Turbo los atendieran, pero fue inútil.

Este lunes 30 de enero se convocó de urgencia un Comité de Justicia Transicional en Turbo, en el que se debió evaluar la situación de seguridad de los reclamantes. Sin embargo, en ese espacio la postura de la Alcaldía de Turbo y de otras autoridades de la región, se centró indicar que los reclamantes deberían salir de sus predios, más que en definir medidas efectivas para protegerlos.