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Condenan a exgerente de Rediba por irregularidades en relleno sanitario en Barrancabermeja

Se trata de la Liliana Patricia Forero Cala, quien fue la representante legal de la empresa de aseo Rediba en Barrancabermeja. La pena impuesta, que podrá apelar, puede cumplirla en su domicilio.

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20 de enero de 2026 - 12:32 a. m.
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Foto: Alcaldía de Barrancabermeja
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Un juzgado especializado de Bucaramanga acaba de emitir fallo condenatorio contra Liliana Patricia Forero Cala, como representante legal de Rediba, anteriormente conocido como Entorno Verde.

Según el fallo, conocido por este diario, la condenada en primera instancia, habría torcido un proceso administrativo para permitir que se aprobara la licencia ambiental otorgada a favor de la empresa que ella lideraba. El juez del caso determinó que la mujer deberá pagar seis años y ocho meses de prisión domiciliaria, condena que Forero puede apelar.

Ese documento era uno de los requisitos indispensables para que avalaran la construcción de un relleno sanitario en predios de propiedad de la misma empresa. De acuerdo con la sentencia, esa obra generó contaminación de fuentes hídricas e invasión de zonas pertenecientes al Distrito de Manejo Integrado Regional - DRMI - Humedal San Silvestre, adscrita al municipio de Barrancabermeja.

“El día 15 de abril de 2013 engañó a la autoridad territorial a fin de obtener permiso para adecuación de vías internas en los predios Villa Merecedora y El Lago, induciendo en error al secretario de planeación municipal pues lo que se inició desde el día 30 de julio de 2013 fue la construcción de un relleno sanitario sin contar con la licencia ambiental respectiva, la cual solo fue otorgada mediante Resolución 121 de noviembre de 2014, iniciando la disposición de residuos en el lugar a partir del mes de diciembre del mismo año”, dice el documento de 39 páginas.

La fase pública de este proceso inició en 2017, cuando la Fiscalía le imputó los delitos de recursos naturales, fraude procesal, alteración y destrucción de material probatorio, además de contaminación ambiental. El entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, priorizó la investigación y lo anunció públicamente. Un año antes, el abogado Leonardo Granados interpuso una demanda ante la Fiscalía, por considerar que el lugar estaba violando varias normas relacionadas con el medio ambiente.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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