Conflictos ambientales se dispararon con Uribe y Santos

Hace poco más de una semana, cuando se publicó el Atlas global de justicia ambiental, la política ambiental de Colombia volvió a quedar en entredicho. El hecho de que el país ocupara el segundo puesto entre las naciones con más conflictos ecológicos después de India, prendió de nuevo las alarmas. No era para menos: los 72 casos que registró en nuestro territorio ese proyecto, en el que participaron 23 universidades y varias organizaciones, correspondían a casi la tercera parte del total de los que hay en Latinoamérica.

Pero más allá del deshonroso lugar, hay un problema más profundo que se ha presentado desde hace décadas y se ha ahondado en los últimos lustros: la mayoría —el 58,3%— de esos conflictos ocurren en zonas de pueblos indígenas y de comunidades afrocolombianas.

La cifra es resultado de un análisis hecho por Carlos Andrés Baquero, investigador del Observatorio de Justicia Ambiental (OJA) y de Dejusticia. Según él, de todos los inconvenientes ambientales que presenta el Atlas, 42 inciden en zonas de pueblos étnicos. De ellos, el 38% afecta a ambas minorías, el 45% exclusivamente a pueblos indígenas y el 17% a afrodescendientes.

Los ejemplos sobran: “Hay —dice Baquero— proyectos como los que se expanden por la Sierra Nevada de Santa Marta, la explotación minera del Cerrejón, la expansión de la Ruta del Sol, las construcciones inconsultas de la represa Ranchería y Puerto Brisa o los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona. Todos ocasionan violaciones del derecho a la vida, a la salud o a la autonomía”.

De hecho, tal y como lo explica el documento elaborado para el Atlas por el profesor Mario Alejandro Pérez, del Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico, de los 7,9 millones de personas afectadas, los indígenas —y también los campesinos— están entre los más afectados.

Y esas preocupantes cifras, de acuerdo con Baquero, obligan a centrar nuestra atención en tres puntos esenciales: la expansión de la frontera de explotación, la importancia de proteger el derecho a la consulta previa y la necesidad de generar, como lo han hecho comunidades de India y Sudáfrica, alianzas entre los afectados.

Pero también, como asegura el exdirector del Inderena Julio Carrizosa, nos indica “que estas comunidades deben ser tenidas en cuenta de una forma diferente como las vemos hoy día. Porque la mayoría de colombianos las vemos como ciudadanos de segunda clase”.

Quizás al tema que más habría que prestarle atención, por ser el mecanismo más efectivo de protección de los derechos de estas colectividades, es al de consulta previa.

En palabras de Baquero, es esencial que no se use cuando ya ocurrió la violación, sino antes de que se tome la medida legislativa o administrativa que afectará el proyecto.

“Si ese derecho —afirma— no se toma con suficiente seriedad se pueden repetir casos como el de Puerto Brisa. En 2010 la Corte Constitucional dio la orden de parar su construcción por haber empezado violando el derecho a la consulta de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. No obstante, la empresa no ha acatado la decisión y se han violado el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los indígenas”.

“Todos estos conflictos —asegura Pérez—, sin duda, tienen incidencia en grupos sensibles, vulnerables: indígenas, campesinos y afros. Y aunque la Constitución les ha dado ese mecanismo de protección que es la consulta previa sí se han evidenciado varias limitaciones. Por ejemplo: es claro que hay un tema complejo relacionado con el código minero. El de los Awá también es un caso crítico. Para ellos el petróleo es la sangre de la Tierra. Eso demuestra que, además del tema económico, hay conflictos relacionados con valores y creencias de las comunidades”, cuenta Pérez.

¿Por qué las minorías?

Así, por lo menos, lo afirma Baquero, para quien los gobiernos de Uribe y Santos han brindado su apoyo al desarrollo de estos proyectos. “Esto, junto a la construcción del mito del ‘desarrollismo’, según el cual la única forma de generar recursos económicos es por medio de proyectos de gran escala”.

Su tesis la confirman los datos recogidos por el profesor Pérez. Desde antes de 1992 hasta el último año de Pastrana, el número de conflictos ambientales se mantuvo más o menos constante (entre uno y dos por año). Pero en el de Uribe, especialmente durante su segundo período, aumentaron de forma significativa: primero cuatro, luego siete y al final diez. Hasta 2011 (período Santos) se habían registrado seis nuevos casos.

Claro: no se puede despreciar, como afirma Carriozosa, que gran cantidad de esas situaciones se han dado en medio de conflictos entre Fuerzas Armadas, guerrillas y paramilitarismo, narcotráfico y corrupción. Y estas comunidades, en ocasiones, han quedado a la deriva.

La mayoría del total de casos en Colombia fueron ocasionados por actividades como el oro y el carbón, cuyo precio se ha disparado en las últimas décadas. Entre ambos causaron el 47% de los conflictos. Los proyectos de infraestructura generaron el 11% y las hidroeléctricas, el 10%. Los otros se deben a la palma, el petróleo y la madera, entre otros.

¿Las consecuencias ambientales? Los más afectados son los ríos (36%), los bosques (24%), el mar y los páramos (ambos con un 7%).

Lo grave, cuenta Baquero, además de las secuelas ecosistémicas, es que debido a esa infinidad de programas, varios de esos grupos étnicos fueron expulsados de sus territorios.

Sin embargo, tal y como dice Carrizosa, es posible que los conflictos mencionados en el Atlas se queden cortos frente a la realidad y sean en verdad más. “Es muy probable que antes de que se establecieran resguardos indígenas y territorios colectivos de afrodescendientes durante el gobierno de Virgilio Barco, hubiese varios conflictos que ni siquiera se han registrado”.

ssilva@elespectador.com

@sergiosilva03