Congresistas denuncian violación a DDHH en operación contra deforestación en La Macarena

Doce congresistas colombianos expresaron su preocupación por la "grave situación" que vive la región del Área de Manejo Especial de La Macarena (centro-sur del país), debido a una operación militar puesta en marcha para frenar la deforestación de los Parques Nacionales Naturales (PNN) Tinigua, Cordillera de Los Picachos y Serranía de la Macarena.

De acuerdo con los legisladores, desde el pasado 18 de febrero, en el desarrollo de la llamada Operación Artemisa se han cometido hechos que “violan gravemente los DDHH de los campesinos de la región”.

Según la denuncia, la incursión militar deja como resultado varias personas heridas, 20 personas capturadas, “bienes sustraídos a los campesinos irregularmente, menores de edad puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desplazamiento de la población por vías aparentemente legales”. 

Argumentando que la vía militar para el tratamiento de problemáticas ambientales “profundiza los conflictos socio económico y genera crisis humanitarias”, los congresistas le enviaron una carta al presidente colombiano, Iván Duque, para pedirle que, como Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, “detenga de inmediato las acciones militares propias de la Operación Artemisa en el territorio nacional y que en su lugar se reactive la Mesa de Concertación Nacional entre organizaciones campesinas e instituciones”.

Asimismo, solicitan que “se instale una Mesa Regional de Concertación Social y Ambiental para la formulación, gestión y ejecución de una política pública participativa que dé solución a los conflictos territoriales en las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia”.

“Es perentorio cesar con la estigmatización y los señalamientos hacia la población campesina que habita los PNN, puesto que se les ha relacionado y vinculado con grupos armados organizados al margen de la ley. Dichos señalamientos ponen en riesgo inminente su vida e integridad. La conservación de las zonas de interés ecológico no puede derivar en la criminalización, el despojo y la vulneración de derechos de quienes han habitado, protegido y conservado históricamente estos territorios”, dice la misiva.

Finalmente, le insistieron al mandatario colombiano que implemente lo establecido en el Acuerdo Final de Paz de la Habana y en particular, lo acordado en el punto 1 (Reforma Rural Integral) y el punto 4 (Sustitución de cultivos de uso ilícito), que “aportan a la solución efectiva de los conflictos que se viven en la ruralidad colombiana”.

La carta, con fecha del 17 de marzo, fue firmada por los senadores Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo y Griselda Lobo, del Partido Farc; Antonio Sanguino, Juan Luis Castro y Jorge Londoño, del Partido Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; así como por los representantes a la Cámara Carlos Alberto Carreño, Marco Calarcá y Omar de Jesús Restrepo, de Farc; y Wilmer y Mauricio Toro, del Partido Verde.

Doce congresistas colombianos expresaron su preocupación por la "grave situación" que vive la región del Área de Manejo Especial de La Macarena (centro-sur del país), debido a una operación militar puesta en marcha para frenar la deforestación de los Parques Nacionales Naturales (PNN) Tinigua, Cordillera de Los Picachos y Serranía de la Macarena.

De acuerdo con los legisladores, desde el pasado 18 de febrero, en el desarrollo de la llamada Operación Artemisa se han cometido hechos que “violan gravemente los DDHH de los campesinos de la región”.

Según la denuncia, la incursión militar deja como resultado varias personas heridas, 20 personas capturadas, “bienes sustraídos a los campesinos irregularmente, menores de edad puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desplazamiento de la población por vías aparentemente legales”. 

Argumentando que la vía militar para el tratamiento de problemáticas ambientales “profundiza los conflictos socio económico y genera crisis humanitarias”, los congresistas le enviaron una carta al presidente colombiano, Iván Duque, para pedirle que, como Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, “detenga de inmediato las acciones militares propias de la Operación Artemisa en el territorio nacional y que en su lugar se reactive la Mesa de Concertación Nacional entre organizaciones campesinas e instituciones”.

Asimismo, solicitan que “se instale una Mesa Regional de Concertación Social y Ambiental para la formulación, gestión y ejecución de una política pública participativa que dé solución a los conflictos territoriales en las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia”.

“Es perentorio cesar con la estigmatización y los señalamientos hacia la población campesina que habita los PNN, puesto que se les ha relacionado y vinculado con grupos armados organizados al margen de la ley. Dichos señalamientos ponen en riesgo inminente su vida e integridad. La conservación de las zonas de interés ecológico no puede derivar en la criminalización, el despojo y la vulneración de derechos de quienes han habitado, protegido y conservado históricamente estos territorios”, dice la misiva.

Finalmente, le insistieron al mandatario colombiano que implemente lo establecido en el Acuerdo Final de Paz de la Habana y en particular, lo acordado en el punto 1 (Reforma Rural Integral) y el punto 4 (Sustitución de cultivos de uso ilícito), que “aportan a la solución efectiva de los conflictos que se viven en la ruralidad colombiana”.

La carta, con fecha del 17 de marzo, fue firmada por los senadores Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo y Griselda Lobo, del Partido Farc; Antonio Sanguino, Juan Luis Castro y Jorge Londoño, del Partido Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; así como por los representantes a la Cámara Carlos Alberto Carreño, Marco Calarcá y Omar de Jesús Restrepo, de Farc; y Wilmer y Mauricio Toro, del Partido Verde.