Contraloría abrió proceso en Yopal por pérdida de recursos en proyecto de vivienda

Yopal, Casanare. Imagen de referencia.

Foto: Cortes

La Contraloría General de la República (CGR) imputó una responsabilidad fiscal de $12.087 millones por el daño a los recursos públicos del departamento de Casanare y de Yopal, por las inversiones realizadas para el proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio.

Esta obra inició su ejecución en agosto de 2011 y, después de 10 años está inconclusa y tiene graves afectaciones estructurales, incumple la norma de sismo resistencia y tiene deficiencias en la calidad, según el ente de control.

La CGR abrió proceso verbal e imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave mediante la Auto No. 1550 del 24 de septiembre de 2021, contra Óscar Raúl Iván Flórez, gobernador de Casanare desde enero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011; Iader Wilhelm Barrios, cogestor del convenio y constructor del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio; Rodrigo Flechas Ramírez, director de Contratación de Casanare; Cooperativa de profesionales de Colombia “creer en lo nuestro”.

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También el proceso es contra Rubiel Elías Vargas, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal para el período 2009 al 2011; Lucía Gaona Martínez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015 y demás constructores, interventores y supervisores que estuvieron relacionados con la obra.

En total son 15, entre personas y organizaciones, a los que la Contraloría les abrió el proceso. Se fijó como fecha para instalar la audiencia de descargos el 17 de noviembre de 2021.

La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) iba a beneficiar a 400 familias, algunas de estas reubicadas conforme a la sentencia de una Acción Popular proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de agosto de 2006. Además de población vulnerable por discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adultos mayores, entre otros, y familias desplazadas.

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Sin embargo, el informe técnico realizado por la CGR en la indagación preliminar “concluyó que la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio, y de los elementos no estructurales, se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad”.

Aún así los diseños fueron aprobados, pese a no garantizar el cumplimiento de las especificaciones mínimas de construcción y la calidad de la estructura de concreto. “Para la Contraloría se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población y tampoco garantiza los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad”, aseguró la entidad.

Por todo esto el ente de control evidenció deficiencias desde la planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.

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Problemas en la ejecución del proyecto

Inicialmente el plazo de ejecución del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, tuvo siete prórrogas con lo que sumó 34 meses y 23 días, para un plazo total de 46 meses y 23 días. Durante la vigencia del convenio hubo cinco actas de suspensión, la tercera tuvo cinco ampliaciones y la cinco fue objeto de ocho ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días. El valor total con las modificaciones ascendió a $15.798.033.231.

“Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento por parte del Cogestor Iader Wilhelm Barrios, fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales”, expresó la Contraloría.

Después de diez años el ente de control observó que no fue posible concluir el proyecto y lo que ejecutaron no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra.