La Contraloría General de Antioquia reveló un informe preliminar que señala irregularidades financieras por un valor superior a los 3.572 millones de pesos en la Alcaldía de Apartadó, correspondientes al período entre mayo de 2024 y marzo de 2025. Estas irregularidades involucran 49 transferencias electrónicas realizadas desde cuentas municipales a terceros, sin contar con soportes contractuales, registros contables ni comprobantes de egreso válidos.
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De estas transacciones, 41 tuvieron como destinataria principal a la empresa Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S., que solo registra contratos por cerca de 500 millones en el SECOP II, lo que evidencia un posible detrimento patrimonial por pagos no justificados. La Contraloría advierte que estas acciones constituyen una presunta vulneración a los principios de eficiencia, legalidad y transparencia en la gestión pública.
El actual alcalde de Apartadó, Adolfo Romero Benítez, denunció ante la Contraloría este presunto saqueo que habría ocurrido durante la administración del alcalde destituido Héctor Rangel y dos alcaldes encargados, quienes estuvieron en el cargo entre enero de 2024 y abril de 2025. Según el informe, durante la gestión de Rangel se registraron movimientos irregulares por más de 2.280 millones, mientras que bajo los encargos de Amauri Quejada Buenaño y Sara Moreno se detectaron transferencias por 319 y 755 millones, respectivamente.
El informe también señala fallas en el control interno de la Alcaldía, pues a pesar de advertencias emitidas por funcionarios técnicos, no se tomaron acciones correctivas ni se implementaron planes de mejora, lo que facilitó la materialización de estas irregularidades. La Contraloría solicitó fortalecer los mecanismos de control y advirtió sobre la posible configuración de delitos como peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Como consecuencia, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales. La administración municipal advirtió que este desfalco afectará la ejecución de proyectos sociales, educativos e infraestructura vial previstos para 2024, dado que los recursos comprometidos ya no estarán disponibles.
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