Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Contraloría general profirió dos fallos en los que declara la responsabilidad fiscal de Luis Narváez Gómez, alcalde de Mocoa entre el 2008 y 2011, Ever Clemente Ruiz, extesorero del municipio, y otros funcionarios, por el manejo irregular de unos recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) en el 2011.
El organismo señaló que el exmandatario, así como otros funcionarios de la época, utilizaron facturas electrónicas para apropiarse de manera indebida de $2.178 millones, dinero que deberán reintegrar. “Los recursos públicos, que correspondían al SGP, debieron haberse utilizado para la atención en salud de la población de ese municipio, pero fueron girados a favor de una empresa de servicios aduaneros con sede en Ipiales y una Fundación ubicada en Tumaco”, indicó la Contraloría.
También le puede interesar: CICR: artefactos explosivos dejan 263 víctimas en los primeros seis meses
En julio de 2017 un juez había dictado medida de aseguramiento en contra de Narváez por estos mismo hechos y lo acusó de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. El exalcalde aceptó los cargos y señaló que había participado en de ocho transferencias realizadas desde la cuenta del municipio a cuentas bancarias de la empresa Comercializadora Internacional de Servicios Aduaneros (Coinsa), en Ipiales.
Pero las autoridades pudieron demostrar que la empresa contratada no fue proveedora ni prestadora de servicios de las EPS que operan en Mocoa. Además, que su actividad comercial estaba dedicada a servicios aduaneros de exportaciones, importaciones y transporte de carga.
También puede leer: Barranquilla: anuncian descuentos y facilidades de pago en impuestos para morosos
Los hallazgos a los que llegó la Contraloría se dieron en el marco de una auditoría adelantada por la entidad sobre la utilización de los recursos del SGP. El organismo señaló que toda la información recopilada fue entregada a la Fiscalía General de la Nación, así como a la Procuraduría General para que se adelanten las investigaciones necesarias de carácter penal y disciplinario.