Contratistas, peores que el invierno

Como si no fuera suficiente con el drama que padecen más de 66.263 colombianos afectados por la primera ola invernal —la misma que acaba de entrar en su fase más inclemente— y los casi dos millones que se quedaron sin nada tras la del año pasado, a unos y a otros les llegó esta semana una noticia que los dejó sin aliento. Más de $10.000 millones de los que el Gobierno había destinado para la reconstrucción de las áreas afectadas están embolatados en las arcas de contratistas que, por distintas razones, no acometieron las obras, y que al sol de hoy tampoco han devuelto los anticipos.

“Al caído, caerle”, decían las abuelas. Colombianos de todas las regiones, a los que un alud, un movimiento de tierra o una avalancha se les llevaron lo que habían conseguido en años de trabajo, tendrán que seguir esperando paliativos para su tragedia y continuar en refugios temporales que ya van tomando cara de eternos.

La realidad de las cifras es tan dramática como el panorama que dejan a su paso las lluvias, especialmente ensañadas durante el último fin de semana con la región Andina, la Orinoquia y la Amazonia. De las casi 4.000 obras que deberían estar listas gracias al billón y medio de pesos que el Ejecutivo destinó desde el año pasado, apenas el 50% están concluidas. En el Gobierno aseguran que a mediados de año otras 1.600 quedarán completas, pero en muchos casos este balance optimista podría verse afectado si las mismas lluvias no dan tregua.

¿Y a dónde fueron a parar los $10.000 millones embolatados? Les fueron entregados a contratistas de infraestructura a manera de anticipos hasta por el 40% del valor de obras de prevención y mitigación. Unos 74 de ellos incumplieron dicho compromiso.

Everardo Murillo, director de Colombia Humanitaria, la agencia estatal encargada de la asistencia social, ya puso el tema en conocimiento de la Fiscalía pues, según le dijo al portal La Silla Vacía, en algunos casos los contratistas ni siquiera responden a los llamados oficiales.

Magdalena, la misma región que conmovió al país con las imágenes de desolación ocasionadas por las torrenciales lluvias de finales de 2010, es ahora la que tiene que soportar la mayoría de casos de obras inconclusas o sin empezar. Y no es una situación nueva. Hace exactamente un año se vivía allí un escándalo similar, reseñado con vehemencia en la prensa local el 25 de abril de 2011. En esa ocasión, la Procuraduría fue el organismo que puso el dedo en la llaga al asegurar que investigaría a los gobernadores de Atlántico, Magdalena y Bolívar y a 26 alcaldes de esos tres departamentos y de Sucre y Córdoba, por inconsistencias en la asignación de ayuda humanitaria a las víctimas del invierno. Ese dinero habría sido usado con fines electorales.

Pero con los escándalos por el manejo de recursos pasa lo mismo que con las temporadas de invierno: no ha sido asimilado el primero cuando vienen los demás, y así unos y otros terminan confundiéndose en el paisaje, sin que nadie sepa a ciencia cierta en qué paró cada caso.

Tal vez por ello no sorprende —aunque sí indigna— que un municipio como Santa Ana, en el Magdalena, siga esperando que por lo menos empiecen a construirle las cuatro obras que necesita para evitar tragedias mayores. Y hay otras siete construcciones pendientes, necesitadas con urgencia en municipios vecinos.

Un balance que enluta aún más la situación de un país que a veces pareciera diseñado exclusivamente para el verano y que sólo en lo corrido de 2012 llora ya 36 muertos y siete desaparecidos como consecuencia de la ola invernal. La mayoría de tales estragos se concentraron durante la última semana en Cundinamarca y Boyacá, departamento del que sus 123 municipios están en alerta y en el que a las inundaciones y derrumbes se suman ahora el cierre de 17 vías y el paso restringido en otras 10. En Tota, por ejemplo, el río Chicamocha continúa inundando fincas.

A ello se suman también los 14 municipios con alerta máxima en Casanare (cuya capital continúa sin agua por los daños en las tuberías de conducción, como consecuencia de una crecida del río Cravo). Tauramena, Aguazul, Hatocorozal, Pore, Recetor, Chámeza, Paz de Ariporo y Maní son otros de los municipios afectados en la región, cuya comunicación terrestre con Boyacá también resultó afectada por crecientes que deterioraron dos puentes.

Y el drama se extiende por todo el país.