La decisión del Tribunal se produjo debido a que en la posesión de Sáenz hubo un error en el procedimiento, ya que el Consejo Nacional Electoral ordenó la entrega de la credencial sin estar ejecutoriado un fallo de un juez de Montería que declaró nula la medida cautelar que impidió que ella asumiera el cargo desde el pasado primero de enero.
Además, el Tribunal consideró que a ese fallo de nulidad le cabía el recurso de queja, que fue vulnerado por el CNE y por el juez Tercero Administrativo de Montería, César De la Cruz Ordosgoitia, que al final terminó avalando la legalidad del acto administrativo que permitió la posesión de la gobernadora electa.
Polémica posesión
Marta Sáenz Correa, candidata del partido Liberal, asumió el cargo 48 días después de que se realizara la posesión oficial del resto de gobernadores y alcaldes del país lo hicieran.
La discusión de su posesión se inició en el momento de su inscripción, debido a que no cumplía el requisito de haber renunciado con un año de anterioridad al cargo que ocupaba como jefe administrativa y financiera de la Corporación Autónoma Ambiental.
Esta situación obligó a que el presidente Álvaro Uribe Vélez, designara como gobernador encargado al ganadero conservador Benito Osorio Villadiego, quien al cabo de 17 días de haber asumido, tuvo que renunciar al revelarse sus presuntos nexos con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Osorio Villadiego fue reemplazado por Liliana Bittar Castilla, quien tampoco estuvo fuera de las críticas y cuestionamientos de sus opositores. La gobernadora encargada ocupó hasta el lunes su cargo.
El centro de la controversia de produjo por un paquete de solicitudes presupuestales hechas por cada uno de los secretarios de despacho, para contratar asesores externos por más de 82 mil millones de pesos.