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Para muchos niños de Colombia, el refrigerio de la mañana y el almuerzo que reciben en la escuela son los únicos alimentos que ingieren en el día. Incluso, tener garantizado ese plato de comida se ha convertido en una de las principales motivaciones para no faltar al colegio: “Si estudio, como, y si allá no hay comida, difícilmente voy a la escuela”, es la ley para miles de menores en todo el país.
Pero los políticos corruptos son incapaces de velar por esa relación estrecha entre la escuela, la comida y la vida digna de los niños. Así lo reveló ayer la Defensoría del Pueblo al entregar informe en el que evidenció cómo en 13 municipios de Atlántico, Chocó y La Guajira se está desviando la plata del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que debería invertirse en la compra de frutas, verduras, proteína y carbohidratos de calidad que les permitan a los estudiantes rendir en la escuela, así como para emplear a cocineros capacitados en manipulación de alimentos bajo contratos justos.
A pesar de que el Ministerio de Educación entrega los recursos a 95 entidades territoriales para que se suministren a diario 4’073.700 raciones de alimento, en 35.000 sedes educativas urbanas y rurales, la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez y las defensorías regionales comprobaron serias irregularidades en el funcionamiento de los programas de alimentación escolar en Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, en La Guajira; en Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Chocó, y en Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará, en Atlántico.
En el caso del Atlántico, donde la Secretaría de Salud departamental dio a conocer un informe con los resultados microbiológicos de 210 muestras tomadas a los alimentos en 31 instituciones educativas del sector público, 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil, se encontró contaminación en más del 70 por ciento de ellos por presencia de coliformes totales y fecales, entre otras sustancias. La Defensoría llamó la atención sobre la falta de articulación entre las entidades territoriales, pues a pesar de estos hallazgos por parte de sector Salud, la secretaría de Educación no puso en marcha ningún plan de mejoramiento.
En el Chocó, donde la contratación del servicio de alimentación escolar es manejada por tres operadores, dos pertenecientes a las comunidades indígenas y la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social Colombiano (Fungescol), la Defensoría encontró que se cocinan alimentos en mal estado, que además son conservados en sitios no adecuados, en el piso o al lado del lugar donde se depositan las basuras.
Los hechos desembocaron en la presentación de una denuncia penal en contra de Fungescol. A pesar de que la Defensoría le pidió a la Secretaría de Integración Social hacerle seguimiento al operador, “solo han visitado tres de los 29 municipios cubiertos, siendo los 26 restantes objeto de monitoreo telefónico, lo cual impide garantizar el cumplimiento de los protocolos”, dice la Defensoría.
En La Guajira, donde, según cifras oficiales, el año pasado murieron 48 niños por desnutrición, la Defensoría del Pueblo encontró que en algunas comunidades, los niños y adolescentes tienen que pagar $200 diarios por el almuerzo y el complemento alimenticio, pues según ellos hay que pagarle a la señora que cocina y a quienes recolectan la leña. “Allí los alimentos perecederos son ubicados en el piso, no hay alacenas ni refrigeradores para su conservación, los niños comen a la intemperie y hacen sus necesidades a campo abierto por la carencia de baterías sanitarias, entre otros factores”, dice el informe de la Defensoría.
En los tres departamentos se encontró que las fechas en las que se debían comenzar a entregar las raciones no fueron respetadas y en algunos casos pasaron hasta dos meses sin que los niños recibieran comida. La falta de infraestructura también es un común denominador. En algunos municipios las mujeres cocinan con leña y en el piso. Como no hay agua potable, los alimentos se cocinan y se limpian con agua que se recoge de pozos o de estanques de agua lluvia, que también son utilizados para limpiarse las manos antes de comer.
“No tiene presentación que los políticos de la región sigan haciendo campañas con la plata de la educación de los niños. Es hora de que los organismos de control reaccionen, para que estas personas que financian campañas con dinero de la alimentación de los niños, estén donde deben estar, en la cárcel inhabilitados, por fuera de sus carreras políticas. Quiero pedirle a la Comisión Anticorrupción que se adelante la investigación penal, fiscal y disciplinaria contra los políticos que están detrás de esto”, dijo el defensor Jorge Armando Otálora.
En respuesta a la denuncia, la ministra de Educación, Gina Parody, dijo que este año se implementó un esquema de vigilancia y control sobre el PAE y se contrató a la Universidad de Antioquia como apoyo a la supervisión de los contratos celebrados, donde ya se han identificado 53.724 hallazgos sobre los que se han pedido soluciones.
Adicionalmente a esto, la ministra informó que en los próximos meses se realizarán 5.600 visitas en cada una de las entidades territoriales certificadas en educación, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requerimientos efectuados, así como para exigir una contratación adecuada del personal manipulador de alimentos y la garantía de las condiciones de higiene en su almacenamiento y su preparación.
“Esta es una denuncia muy importante, por eso le pedimos al defensor formar un frente común por los niños. Ni un peso de la alimentación se puede perder. El Gobierno destina casi $1 billón al año para la alimentación escolar, por eso alcaldes y gobernadores tienen que apoyar este programa, tienen que ponerle más vigilancia y control, tienen que entregar los recursos que por ley le corresponden al programa. Si deciden no entregar la plata o entregársela a sus amigos, los que pierden son los niños”, dijo la ministra.