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La Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) animó este lunes, en un comunicado, a que las autoridades “departamentales y nacionales acojan y respeten la manifestación soberana” de los más de seis mil votantes que rechazaron el pasado domingo la explotación minera en el municipio de Cajamarca. (Lea: Cajamarca: golpe a la locomotora minera)
“La manifestación expresa y de alto valor civil corresponde a la vocación de dicho territorio y a la integridad de una franja de invaluables características ambientales e hidrológicas”, dijo la Corporación. Sin embargo, la autoridad ambiental aseguró que, pese a respetar la decisión, "procederá a agotar las consultas jurídicas y ambientales de los efectos que puedan generarse en el trámite, ejecución, seguimiento y control de los permisos de carácter ambiental a cargo de esta Autoridad Ambiental".
Esto por la posibilidad de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) termine otorgando la licencia y autorizando la explotación aurífera por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti, pese a los resultados de la consulta. Así lo adviritó el Gobierno Nacional este domingo tras el triunfo del "No" en la consulta popular. (Lea: “Consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley”: Gobierno)
De acuerdo con el ministro de Minas, Germán Arce, "este mecanismo de participación ciudadana no tiene la capacidad de cambiar el Estado Social de Derecho, es decir, de alterar los equilibrios de los poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y las Cortes. Me refiero a que esta es una consulta, localizada en un municipio, donde se expresó la voluntad de las comunidades y que tiene el poder de darles una orden a su alcalde y a su concejo municipal, pero 6.100 personas no tienen la capacidad de romper el Estado Social de Derecho. Aquí quien define el manejo legal de esto es el Congreso de la República”.
No obstante, el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia defendió la decisión de la ciudadanía como una decisión vincultante y obligatoria. Este centro de investigación precisó que "la ley establece de forma clara que si la votación en la consulta supera el umbral, la determinación que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse".
Es decir, si estos requisitos se cumplen, el Concejo Municipal de Cajamarca, en última instancia el alcalde, deberá hacer efectiva la elección del pueblo y prohibir la minería.
Por su parte la multinacional Anglo Gold Ashanti lamentó la decisión de la comunidad y dijo que analizarán “las consecuencias y el impacto que tiene la consulta sobre el proyecto de La Colosa y sobre la minería en Colombia a nivel nacional.
Y es que la controversia no para. Luego de el pronunciamiento de Minminas el senador Jorge Robledo, por ejemplo, señaló que Arces busca “ponerle conejo” a la decisión popular de los tolimenses.
Murillo agregó que el Gobierno se ha comunicado con Cortolima con el fin de revisar las implicaciones jurídicas de la votación de los tolimenses. Esto con respecto a los permisos que la corporación ambiental ha otorgado.