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El pasado 29 de julio se realizó en Bogotá una reunión entre delegados del Movimiento Ríos Vivos y funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), con el objetivo de buscar soluciones a la situación de las comunidades a las que ha incidido de alguna forma la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia.
El encuentro tuvo como resultado la creación de la “Mesa Nacional de Tierras para Afectados por Represas”, después de que el movimiento Ríos Vivos presentara ante el Incoder una serie de argumentos y denuncias sobre la forma como los megaproyectos de generación de energía han causado el desplazamiento de campesinos, jornaleros, arrendatarios, mayordomos, partijeros, pescadores, mineros artesanales, entre otros.
Según los participantes, estos no eran propietarios de tierras, sino que realizaban actividades productivas ligadas al mundo rural y fueron sacados a la fuerza de sus territorios para la construcción de represas.
‘‘La principal tarea de la Mesa Nacional será encontrar un mecanismo o marco jurídico a través del cual las personas y comunidades que han perdido su actividad productiva a causa de la construcción de proyectos hidroeléctricos, puedan acceder a tierras y de esta manera restablecer sus derechos al trabajo y la vida digna’’, expresaron desde el Movimiento Ríos Vivos.
Debido a que el Incoder será la entidad del Estado responsable de liderar el proceso y articular otras instituciones gubernamentales para que los acuerdos suscritos tengan un alcance real, se deberá convocar a la Mesa Nacional y a los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente e Interior.
Asimismo, para buscar garantizar y proteger los derechos fundamentales de los afectados por estos proyectos, los afectados solicitaron la presencia de la Organización de las Naciones Unidas para que actúe como mediadora y garante del proceso.
La instalación oficial de este escenario de concertación será el próximo 25 de agosto a las 9:00 a.m. en la sede nacional del Incoder en la ciudad de Bogotá, en una reunión en que se ha solicitado la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.