¿Cuál es la percepción de los colombianos sobre la paz?

Tras cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el balance de los avances que ha tenido el país sigue siendo preocupante, y desde muchos sectores alertan que el problema va más allá de la implementación de lo pactado en La Habana. Al final, la percepción general pareciera ser que el país quedó dividido en torno a la posibilidad de esa paz y que se han creado escenarios de riesgo que se han visto materializados en asesinatos a líderes sociales, indígenas, excombatientes, masacres y proliferación de grupos armados ilegales que han fortalecido su control en zonas favorables para las rentas ilícitas.

La firma Cifras y Conceptos, por ejemplo, realizó una encuesta - en el marco de una investigación que adelanta la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), el GIGA Institute of Latin American Studies y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - para saber la percepción que tienen los colombianos sobre la paz. En total se realizaron 1.725 encuestas, distribuidas en 63 municipios de ocho regiones, incluyendo zonas urbanas y rurales. “Hay poca credibilidad en las instituciones colombianas, particularmente en el Gobierno Nacional. El 45 % de la gente cree que las leyes no se cumplen”, detalla César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos.

“Los colombianos asocian la paz con la tranquilidad, con la armonía y no con la guerra. Lo contrario a la paz lo asocian con violencia, conflicto e inseguridad. La gente siente que lo más importante para la paz es el respeto, la tranquilidad y, en tercer lugar, la justicia”, agrega.

De acuerdo con Sabine Kurtenbach, Lead Research Fellow, del GIGA Institute of Latin American Studies, se trata de un concepto abrumador acerca de lo que significa la paz para la gente “porque en ese contexto colombiano tan polarizado uno hubiera dicho que unos dirían paz con legalidad y otros la paz transformadora, pero decían la paz es respeto, derechos y tranquilidad. No hubo diferencias grandes entre mujeres y hombres entre estratos sociales y entre regiones. Paz con legalidad solo fue el 3 %”.

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Esas diferencias entre las opiniones de los colombianos son parte de la idea de lo que conlleva la construcción de paz. “La percepción de los ciudadanos no va a ser lineal, es un proceso largo. La gente se entusiasma, pero después pierde la confianza en el proceso, creo que todo eso forma parte del proceso mismo”, asevera Kristina Birke-Daniels, directora de la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). A esa complejidad del proceso se le suma el problema de no entender la finalidad de la firma. “El proceso con las Farc se ofertó o vendió amarrado a un valor universal como lo es “la paz”. Sin embargo, ese no fue un proceso de paz en el sentido de la paz completa, ya que no se negoció con todos los actores generadores de violencia”, señala Luis Trejos, politólogo e investigador de la Universidad del Norte.

Por ejemplo, Jusmingrid Sandoval, coordinadora de la Casa de Paz de Caribe Afirmativo en Maicao (La Guajira), cuenta cómo fue su proceso para entender la paz: “Hace cuatro años atrás no conocía los Acuerdos y había muchas personas que creíamos que le íbamos a entregar el país a la guerrilla. No entendíamos la idea de darles un sueldo a personas que le habían hecho tanto daño al país. Pero cuando se conocieron a fondo los Acuerdos eso empezó a cambiar. Desde las casas de paz se marca un precedente importante para la transformación del pensamiento”.

La aparente falta de voluntad política del Gobierno actual es vista como un factor que puede poner en riesgo la percepción de paz. “Los continuos ataques y cuestionamientos que viene recibiendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por parte del Gobierno y su partido político, el nombramiento de un negacionista del conflicto armado al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica, el asesinato continuo de líderes sociales y excombatientes, la lentitud en el proceso de reintegración social y económica de los exfarc y el fin de la mesa de negociación con el Eln han venido generando una especie de frustración o sensación de desgaste anímico entre quienes creen en la salida negociada”, asegura Trejos.

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Esa hipótesis toma fuerza cuando se hace la tarea de consultar cómo se percibe la paz en las regiones. “Si se hace un balance, eso combina entre expectativa y esperanza. Hay una sensación en estos momentos de que otra vez el Estado incumplió. Parece que no hay voluntad política, siempre buscando excusas. Hay líderes sociales asesinados, masacres, problemas de pobreza que ahora con la pandemia se han agudizado”, manifiesta Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Paz y Reconciliación (Pares) en Buenaventura. Las cifras no mienten, pues a cuatro años de la firma de paz han asesinado a 242 excombatientes, según datos del Partido FARC. A estas se les suman 840 líderes y 131 lideresas defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y lo corrido de 2020, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Al panorama desalentador de la violencia contra líderes y lideresas se le sumó la pandemia del COVID-19, una crisis sanitaria que se tomó la agenda, dejando de lado la importancia de la implementación de los Acuerdos. “Para el Gobierno la pandemia fue la excusa de implementar menos los Acuerdos. Fue una posibilidad de oro para todos los actores armados de reforzar su poder territorial y social”, asegura Kurtenbach. Esa idea es la misma que tienen desde las zonas periféricas, donde el conflicto se vive en carne propia. “Parece que el Gobierno quiere presionar a la población para que diga que no más paz. De hecho, por el tema de la pandemia, el discurso de la paz empieza a perder casi que vigencia”, sostiene Torres.

Sin embargo, para el gobierno del presidente Duque, no se trata de un asunto de falta de voluntad política, y responsabilizan al gobierno Santos de los problemas. “Esos sectores que señalan al Gobierno y lo acusan de falta de voluntad política tienen un doble rasero cuando se trata de medir los esfuerzos que todos los colombianos estamos haciendo para sobrellevar el Acuerdo; tildan de enemigos de la paz al presidente, al gabinete ministerial (...), pero se hicieron los de la ‘vista gorda’ cuando el exjefe negociador de las Farc en La Habana decidió volver a sembrar terror en el monte junto a alias el Paisa y Santrich; esos son los que desde el principio quisieron hacer trizas los Acuerdos”, sostiene Christian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático.

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En medio de este panorama de incertidumbre, la esperanza sigue siendo el bastón para continuar. “El deseo es que en 10 años los colombianos miren atrás y digan que los Acuerdos en el punto de la transformación no fue fácil, pero lo lograron. Creo que esa es la esperanza, algún día ver todo atrás y decir, wow, valió la pena”, concluye la directora de Fescol.

Para otros, lo que pase en los próximos años depende de los esfuerzos del Gobierno. “Sería fundamental que el Estado, además de tener voluntad política, también implementara mecanismos institucionales para cumplir con los Acuerdos. Deberían hacer rendición de cuentas de cómo van los distintos puntos. Eso permite que la sociedad general conozca cómo se ha avanzado”, asegura Diana Rico, investigadora de la Universidad del Norte, doctora en procesos políticos contemporáneos.

Tras cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el balance de los avances que ha tenido el país sigue siendo preocupante, y desde muchos sectores alertan que el problema va más allá de la implementación de lo pactado en La Habana. Al final, la percepción general pareciera ser que el país quedó dividido en torno a la posibilidad de esa paz y que se han creado escenarios de riesgo que se han visto materializados en asesinatos a líderes sociales, indígenas, excombatientes, masacres y proliferación de grupos armados ilegales que han fortalecido su control en zonas favorables para las rentas ilícitas.

La firma Cifras y Conceptos, por ejemplo, realizó una encuesta - en el marco de una investigación que adelanta la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), el GIGA Institute of Latin American Studies y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - para saber la percepción que tienen los colombianos sobre la paz. En total se realizaron 1.725 encuestas, distribuidas en 63 municipios de ocho regiones, incluyendo zonas urbanas y rurales. “Hay poca credibilidad en las instituciones colombianas, particularmente en el Gobierno Nacional. El 45 % de la gente cree que las leyes no se cumplen”, detalla César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos.

“Los colombianos asocian la paz con la tranquilidad, con la armonía y no con la guerra. Lo contrario a la paz lo asocian con violencia, conflicto e inseguridad. La gente siente que lo más importante para la paz es el respeto, la tranquilidad y, en tercer lugar, la justicia”, agrega.

De acuerdo con Sabine Kurtenbach, Lead Research Fellow, del GIGA Institute of Latin American Studies, se trata de un concepto abrumador acerca de lo que significa la paz para la gente “porque en ese contexto colombiano tan polarizado uno hubiera dicho que unos dirían paz con legalidad y otros la paz transformadora, pero decían la paz es respeto, derechos y tranquilidad. No hubo diferencias grandes entre mujeres y hombres entre estratos sociales y entre regiones. Paz con legalidad solo fue el 3 %”.

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Esas diferencias entre las opiniones de los colombianos son parte de la idea de lo que conlleva la construcción de paz. “La percepción de los ciudadanos no va a ser lineal, es un proceso largo. La gente se entusiasma, pero después pierde la confianza en el proceso, creo que todo eso forma parte del proceso mismo”, asevera Kristina Birke-Daniels, directora de la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). A esa complejidad del proceso se le suma el problema de no entender la finalidad de la firma. “El proceso con las Farc se ofertó o vendió amarrado a un valor universal como lo es “la paz”. Sin embargo, ese no fue un proceso de paz en el sentido de la paz completa, ya que no se negoció con todos los actores generadores de violencia”, señala Luis Trejos, politólogo e investigador de la Universidad del Norte.

Por ejemplo, Jusmingrid Sandoval, coordinadora de la Casa de Paz de Caribe Afirmativo en Maicao (La Guajira), cuenta cómo fue su proceso para entender la paz: “Hace cuatro años atrás no conocía los Acuerdos y había muchas personas que creíamos que le íbamos a entregar el país a la guerrilla. No entendíamos la idea de darles un sueldo a personas que le habían hecho tanto daño al país. Pero cuando se conocieron a fondo los Acuerdos eso empezó a cambiar. Desde las casas de paz se marca un precedente importante para la transformación del pensamiento”.

La aparente falta de voluntad política del Gobierno actual es vista como un factor que puede poner en riesgo la percepción de paz. “Los continuos ataques y cuestionamientos que viene recibiendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por parte del Gobierno y su partido político, el nombramiento de un negacionista del conflicto armado al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica, el asesinato continuo de líderes sociales y excombatientes, la lentitud en el proceso de reintegración social y económica de los exfarc y el fin de la mesa de negociación con el Eln han venido generando una especie de frustración o sensación de desgaste anímico entre quienes creen en la salida negociada”, asegura Trejos.

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Esa hipótesis toma fuerza cuando se hace la tarea de consultar cómo se percibe la paz en las regiones. “Si se hace un balance, eso combina entre expectativa y esperanza. Hay una sensación en estos momentos de que otra vez el Estado incumplió. Parece que no hay voluntad política, siempre buscando excusas. Hay líderes sociales asesinados, masacres, problemas de pobreza que ahora con la pandemia se han agudizado”, manifiesta Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Paz y Reconciliación (Pares) en Buenaventura. Las cifras no mienten, pues a cuatro años de la firma de paz han asesinado a 242 excombatientes, según datos del Partido FARC. A estas se les suman 840 líderes y 131 lideresas defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y lo corrido de 2020, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Al panorama desalentador de la violencia contra líderes y lideresas se le sumó la pandemia del COVID-19, una crisis sanitaria que se tomó la agenda, dejando de lado la importancia de la implementación de los Acuerdos. “Para el Gobierno la pandemia fue la excusa de implementar menos los Acuerdos. Fue una posibilidad de oro para todos los actores armados de reforzar su poder territorial y social”, asegura Kurtenbach. Esa idea es la misma que tienen desde las zonas periféricas, donde el conflicto se vive en carne propia. “Parece que el Gobierno quiere presionar a la población para que diga que no más paz. De hecho, por el tema de la pandemia, el discurso de la paz empieza a perder casi que vigencia”, sostiene Torres.

Sin embargo, para el gobierno del presidente Duque, no se trata de un asunto de falta de voluntad política, y responsabilizan al gobierno Santos de los problemas. “Esos sectores que señalan al Gobierno y lo acusan de falta de voluntad política tienen un doble rasero cuando se trata de medir los esfuerzos que todos los colombianos estamos haciendo para sobrellevar el Acuerdo; tildan de enemigos de la paz al presidente, al gabinete ministerial (...), pero se hicieron los de la ‘vista gorda’ cuando el exjefe negociador de las Farc en La Habana decidió volver a sembrar terror en el monte junto a alias el Paisa y Santrich; esos son los que desde el principio quisieron hacer trizas los Acuerdos”, sostiene Christian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático.

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En medio de este panorama de incertidumbre, la esperanza sigue siendo el bastón para continuar. “El deseo es que en 10 años los colombianos miren atrás y digan que los Acuerdos en el punto de la transformación no fue fácil, pero lo lograron. Creo que esa es la esperanza, algún día ver todo atrás y decir, wow, valió la pena”, concluye la directora de Fescol.

Para otros, lo que pase en los próximos años depende de los esfuerzos del Gobierno. “Sería fundamental que el Estado, además de tener voluntad política, también implementara mecanismos institucionales para cumplir con los Acuerdos. Deberían hacer rendición de cuentas de cómo van los distintos puntos. Eso permite que la sociedad general conozca cómo se ha avanzado”, asegura Diana Rico, investigadora de la Universidad del Norte, doctora en procesos políticos contemporáneos.