Cultivos ilícitos son “un perjuicio para uno”, dice exraspachín de Caucasia

Por Agencia Nacional de Tierras Caucasia, Antioquia

Eliécer Manuel Pila es un indígena Zenú que hace muchos años entendió que cualquier actividad relacionada con cultivos ilícitos solo dejaba dolores de cabeza y tristezas para él y su familia.

En 2010, Pila se convirtió en raspachín o recolector de hoja de coca. Salía de su pequeña finca, en el municipio de Caucasia, Antioquia, y caminaba durante tres días hasta llegar al sitio donde estaban los cocales. En realidad, según sus palabras, nunca supo quiénes eran los dueños de los sembrados ilegales. Tampoco preguntó por sus nombres. Es más, ni siquiera le interesó saberlos. Siempre recibió órdenes de otros campesinos más antiguos que él en el penoso trabajo.

Con el tiempo, Pila se fue desencantando de esa actividad. Si bien ganaba hasta 50.000 pesos diarios, sus pensamientos las 24 horas del día estaban con su familia. “Me puse a ver que eso era un perjuicio para uno. (Era triste) uno por allá bien lejos sin saber qué le estaba pasando a la familia”, comentó Pila durante una entrevista con la oficina de prensa de la Agencia Nacional de Tierras.

Entonces llegó a una sabía conclusión: “Para uno estar sufriendo por allá, es mejor venirse a sufrir aquí con su familia”. No volvió nunca más a los sembrados ilegítimos y les dijo adiós a sus tiempos de raspachín.

Hoy, Pila se considera un hombre distinto. No tiene dinero, pero en cambio se ha ganado el liderazgo en el resguardo Tigre 3 de los Zinúes de Caucasia, donde habitan 265 indígenas de 48 familias que cultivan arroz, yuca, plátano y ñame.

El viernes, las buenas noticias continuaron para los Pila cuando el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, premió la férrea voluntad de familias excocaleras de Caucasia –o que eventualmente puedan serlo por la vulnerabilidad en que viven– y les entregó 80 títulos de propiedad que las acredita como dueñas definitivas de sus tierras.

En el caso de la familia Pila, la beneficiada de la jornada fue la hermana de Eliécer Manuel, Francisca Pila, quien recibió los títulos de dos predios: uno de 86 hectáreas y otro de 23. En marzo del próximo año será su hermano el beneficiado directo del programa “Formalizar para sustituir”.

“Abramos los ojos. No podemos luchar contra las drogas únicamente con cárcel y glifosato”, dijo Samper Strouss durante el acto celebrado en la Escuela Normal Superior del Bajo Cauca de Caucasia. En concepto del funcionario, que durante su intervención destacó la celebración del primer año del acuerdo de paz sellado por el gobierno nacional y las Farc, “tenemos miles de familias que cultivaban coca por necesidad y que hoy rechazan con firmeza los cultivos ilícitos”. En consecuencia, concluyó, “estamos respaldando a esas familias para facilitarles el acceso a la tierra. Esa es la razón de ser de este programa y arrancamos con 80 estímulos en Antioquia”.

En el evento, al lado de Pila, también estaba Maritza Sierra, quien recibió igualmente el título de propiedad de sus 12 hectáreas que están sembradas de limón y mango. Si bien ella nunca ha tenido relación directa con narcocultivos, la violencia generada por éstos en Caucasia ha hecho de su vida un “corre-corre”. “Cuando uno se desplaza –dijo– se le viene a uno el mundo encima. Usted no sabe para dónde va. Eso es donde lo coja a uno la noche. Duele mucho tener que dejar lo poquito que uno tiene”.

En 1992 Sierra abandonó Caucasia “porque eso era un muerto aquí y un muerto acá”. Entonces se desplazó para el corregimiento Regencia, en el municipio de Montecristo, en Bolívar. Allá también llegaron los paramilitares, los mismos que la habían sacado corriendo de Caucasia. “Allá (en Regencia) la cosa también se calentó. De pronto estábamos bien y entraban los paramilitares y hacían reuniones y mataban uno, dos o tres. Luego venía la guerrilla, reunía al pueblo y también mataba a uno, a dos o a tres”, recordó Sierra, de 57 años y madre de siete hijos..

Finalmente, la aguerrida mujer se fue para Magangué, un puerto a orillas del río Magdalena. Allá, durante casi 20 años, le hizo el quite a la violencia y también a la muerte. Pero su corazón estaba en Caucasia. Regresó hace cinco años, según ella, para no volverse a ir jamás. Por eso Sierra apoya el proceso de paz entre el gobierno nacional y las hoy pacificadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Si es por el bien (del país), mejor que hayan negociado para que no haya más muertos. ¡Ojalá Dios permita que así sea!”, indicó.

Una posición que apoya sin ambages el también campesino Remberto Ortega, de 60 años y quien también el viernes recibió el título que lo acredita como propietario de sus 17 hectáreas de tierra.

“La intención (de las negociaciones) es buenísima”, aseguró Ortega, quien, no obstante, advirtió que una paz verdadera tiene que ir de la mano con el campo y el campesino. “La paz es cambiar de actitud (…) La paz es con perdón y reconciliación (…) ¡Esa sí es una verdadera paz!”.

De acuerdo con Ortega, casado y padre de cuatro hijos, desde hace 30 años en la vereda donde vive en Caucasia nunca ha habido paz completa. Primero fue la violencia de la guerrilla, después la de los paramilitares y desde hace algunos años la de las bandas criminales. Luego de la desmovilización de los paramilitares, a las veredas Tigre 1 y 2 llegaron las bandas criminales, que se apoderaron de todo. Incluso del fútbol. En el pasado, los nuevos ilegales –al decir de Ortega– hacían reuniones para imponer reglas en ese deporte que les favoreciera al equipo de ellos.

Es más, en 2007 hubo un hecho que nunca quedó claro: el árbitro que pitaba los partidos de fútbol fue asesinado. Nunca se supo por qué. Si por un error en la conducción de los juegos, o por algún otro problema, malentendido o señalamiento.

El programa especial de formalización de predios rurales para familias excocaleras es desarrollado por la Agencia Nacional de Tierras y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) como una alternativa que ofrece el gobierno nacional para generar acceso a la tierra a familias vulnerables que abandonaron la ilegalidad.

En el proyecto la Agencia Nacional de Tierras invierte 1.636 millones de pesos. De las 7.300 familias focalizadas para este programa en todo el país, Caucasia cuenta con 1.023 en 48 veredas. Cultivos ilícitos son “un perjuicio para uno”, dice exraspachín de Caucasia.

Por Agencia Nacional de Tierras Caucasia, Antioquia

Eliécer Manuel Pila es un indígena Zenú que hace muchos años entendió que cualquier actividad relacionada con cultivos ilícitos solo dejaba dolores de cabeza y tristezas para él y su familia.

En 2010, Pila se convirtió en raspachín o recolector de hoja de coca. Salía de su pequeña finca, en el municipio de Caucasia, Antioquia, y caminaba durante tres días hasta llegar al sitio donde estaban los cocales. En realidad, según sus palabras, nunca supo quiénes eran los dueños de los sembrados ilegales. Tampoco preguntó por sus nombres. Es más, ni siquiera le interesó saberlos. Siempre recibió órdenes de otros campesinos más antiguos que él en el penoso trabajo.

Con el tiempo, Pila se fue desencantando de esa actividad. Si bien ganaba hasta 50.000 pesos diarios, sus pensamientos las 24 horas del día estaban con su familia. “Me puse a ver que eso era un perjuicio para uno. (Era triste) uno por allá bien lejos sin saber qué le estaba pasando a la familia”, comentó Pila durante una entrevista con la oficina de prensa de la Agencia Nacional de Tierras.

Entonces llegó a una sabía conclusión: “Para uno estar sufriendo por allá, es mejor venirse a sufrir aquí con su familia”. No volvió nunca más a los sembrados ilegítimos y les dijo adiós a sus tiempos de raspachín.

Hoy, Pila se considera un hombre distinto. No tiene dinero, pero en cambio se ha ganado el liderazgo en el resguardo Tigre 3 de los Zinúes de Caucasia, donde habitan 265 indígenas de 48 familias que cultivan arroz, yuca, plátano y ñame.

El viernes, las buenas noticias continuaron para los Pila cuando el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, premió la férrea voluntad de familias excocaleras de Caucasia –o que eventualmente puedan serlo por la vulnerabilidad en que viven– y les entregó 80 títulos de propiedad que las acredita como dueñas definitivas de sus tierras.

En el caso de la familia Pila, la beneficiada de la jornada fue la hermana de Eliécer Manuel, Francisca Pila, quien recibió los títulos de dos predios: uno de 86 hectáreas y otro de 23. En marzo del próximo año será su hermano el beneficiado directo del programa “Formalizar para sustituir”.

“Abramos los ojos. No podemos luchar contra las drogas únicamente con cárcel y glifosato”, dijo Samper Strouss durante el acto celebrado en la Escuela Normal Superior del Bajo Cauca de Caucasia. En concepto del funcionario, que durante su intervención destacó la celebración del primer año del acuerdo de paz sellado por el gobierno nacional y las Farc, “tenemos miles de familias que cultivaban coca por necesidad y que hoy rechazan con firmeza los cultivos ilícitos”. En consecuencia, concluyó, “estamos respaldando a esas familias para facilitarles el acceso a la tierra. Esa es la razón de ser de este programa y arrancamos con 80 estímulos en Antioquia”.

En el evento, al lado de Pila, también estaba Maritza Sierra, quien recibió igualmente el título de propiedad de sus 12 hectáreas que están sembradas de limón y mango. Si bien ella nunca ha tenido relación directa con narcocultivos, la violencia generada por éstos en Caucasia ha hecho de su vida un “corre-corre”. “Cuando uno se desplaza –dijo– se le viene a uno el mundo encima. Usted no sabe para dónde va. Eso es donde lo coja a uno la noche. Duele mucho tener que dejar lo poquito que uno tiene”.

En 1992 Sierra abandonó Caucasia “porque eso era un muerto aquí y un muerto acá”. Entonces se desplazó para el corregimiento Regencia, en el municipio de Montecristo, en Bolívar. Allá también llegaron los paramilitares, los mismos que la habían sacado corriendo de Caucasia. “Allá (en Regencia) la cosa también se calentó. De pronto estábamos bien y entraban los paramilitares y hacían reuniones y mataban uno, dos o tres. Luego venía la guerrilla, reunía al pueblo y también mataba a uno, a dos o a tres”, recordó Sierra, de 57 años y madre de siete hijos..

Finalmente, la aguerrida mujer se fue para Magangué, un puerto a orillas del río Magdalena. Allá, durante casi 20 años, le hizo el quite a la violencia y también a la muerte. Pero su corazón estaba en Caucasia. Regresó hace cinco años, según ella, para no volverse a ir jamás. Por eso Sierra apoya el proceso de paz entre el gobierno nacional y las hoy pacificadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Si es por el bien (del país), mejor que hayan negociado para que no haya más muertos. ¡Ojalá Dios permita que así sea!”, indicó.

Una posición que apoya sin ambages el también campesino Remberto Ortega, de 60 años y quien también el viernes recibió el título que lo acredita como propietario de sus 17 hectáreas de tierra.

“La intención (de las negociaciones) es buenísima”, aseguró Ortega, quien, no obstante, advirtió que una paz verdadera tiene que ir de la mano con el campo y el campesino. “La paz es cambiar de actitud (…) La paz es con perdón y reconciliación (…) ¡Esa sí es una verdadera paz!”.

De acuerdo con Ortega, casado y padre de cuatro hijos, desde hace 30 años en la vereda donde vive en Caucasia nunca ha habido paz completa. Primero fue la violencia de la guerrilla, después la de los paramilitares y desde hace algunos años la de las bandas criminales. Luego de la desmovilización de los paramilitares, a las veredas Tigre 1 y 2 llegaron las bandas criminales, que se apoderaron de todo. Incluso del fútbol. En el pasado, los nuevos ilegales –al decir de Ortega– hacían reuniones para imponer reglas en ese deporte que les favoreciera al equipo de ellos.

Es más, en 2007 hubo un hecho que nunca quedó claro: el árbitro que pitaba los partidos de fútbol fue asesinado. Nunca se supo por qué. Si por un error en la conducción de los juegos, o por algún otro problema, malentendido o señalamiento.

El programa especial de formalización de predios rurales para familias excocaleras es desarrollado por la Agencia Nacional de Tierras y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) como una alternativa que ofrece el gobierno nacional para generar acceso a la tierra a familias vulnerables que abandonaron la ilegalidad.

En el proyecto la Agencia Nacional de Tierras invierte 1.636 millones de pesos. De las 7.300 familias focalizadas para este programa en todo el país, Caucasia cuenta con 1.023 en 48 veredas. Cultivos ilícitos son “un perjuicio para uno”, dice exraspachín de Caucasia.