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A tan solo un día del paro nacional, más de 500 organizaciones que conforman la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular convocaron a participar activamente en las movilizaciones del jueves 21 de noviembre.
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Las organizaciones señalan, por ejemplo, que el Gobierno "se opone a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, atacando las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de la JEP escatimando voluntad y presupuesto para su adecuada ejecución en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022)”.
Según los defensores de derechos humanos, otra razón para marchar es el abuso de la fuerza por parte del ESMAD contra la comunidad estudiantil, en la que, de acuerdo con el comunicado, se “evidencian en el creciente número de personas que han perdido la visión o sus ojos a consecuencia del uso indebido de armas de letalidad reducida por parte de francotiradores”.
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El día del paro nacional también marcharán por la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos. Aseguran que, durante 2019, se ha incrementado el asesinato a los defensores humanos, líderes indígenas, campesinos, LGBT, afros y sindicales, al igual que el de excombatientes de las Farc en procesos de reincorporación.
“Ante este exterminio, el Gobierno miente diciendo que más de la mitad de los casos han sido esclarecidos, criminaliza a defensoras y defensores de derechos humanos, desconoce las propuestas de la sociedad civil para fortalecer las medidas de prevención, protección y garantías, y usa esto como excusa para militarizar los territorios”, comunicó la Asociación Minga.
Los manifestantes aseguran que las presuntas reformas laborales y pensionales perjudicarán especialmente a los jóvenes "al legalizar el trabajo por horas y las cotizaciones a la seguridad social por debajo del salario mínimo", señalan en el documento. Sin embargo, el Gobierno, en cabeza del presidente Duque, ha señalado en reiteradas ocasiones que no se está preparando ninguna reforma laboral que afecte a los trabajadores. “Mentira, porque nosotros estamos llevando esa conversación a la Mesa de Concertación Laboral”, dijo el mandatario el pasado 8 de noviembre desde Cartagena.
En el documento también explican que apesar de las recomendaciones de la ONU y el Sistema Internamericano estas se han incumplido y se han negado a recibir las visitas de los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al país.
Dentro del comunicado tildaron de “deslegitimadores” los pronunciamientos de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y del presidente Duque sobre el derecho a la protesta social pues aseguran que generan un ambiente de miedo y tensión al anunciar que “cualquier expresión de violencia será enfrentada con rigor”.
Además, rechazaron los toques de queda, el patrullaje militar en las ciudades y comunidades indígenas del país y los allanamientos ocurridos el 19 de noviembre a residencias de líderes estudiantiles y colectivos artísticos.
Por último, las plataformas sociales y de derechos humanos, resaltaron que la jornada de movilizaciones del jueves no estarán encaminadas a promover situaciones de violencia y constituyen, al contrario, un ejercicio legítimo de la sociedad colombiana. Además, hicieron un llamado al Gobierno a brindar las garantías constitucionales necesarias para ejercer de manera pacífica este derecho el día del paro.