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“Catastrófica” es la palabra con la que la Procuraduría General de la Nación define la situación en la que se encuentra actualmente la laguna de Fúquene, la misma que han venido denunciando por casi una década corporaciones ambientales y pobladores de los municipios aledaños, sin que se hayan iniciado mayores acciones para evitarlo.
Ya son varias las cartas que el Comité Cívico para la Defensa de la Laguna de Fúquene ha enviado a la Procuraduría y a la Contraloría. La última misiva fue enviada al presidente Juan Manuel Santos, pidiéndole su intercesión en la recuperación de este humedal.
Así resumen la situación: “A la laguna no sólo caen las aguas negras de los 17 municipios que están en su jurisdicción, cada vez tiene menos capacidad de almacenamiento y continúa siendo transformada por la desecación. Eso sin contar con las constantes inundaciones en épocas de invierno”. Todo esto pese a que desde 2007 se creó un Conpes para su preservación.
Hace una semana el nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros, dio luz verde al respecto: en su discurso de posesión se comprometió a dar prioridad a la recuperación de la laguna.
Pero su estrategia para empezar a devolverle a la laguna su ecosistema natural no fue muy bien recibida por los miembros del comité y tampoco por algunos de los mandatarios de los municipios en cuya jurisdicción se encuentra este humedal. El plan de Ballesteros consiste en dragar el río Suárez —único desagüe de la laguna— con el fin de evitar inundaciones (ver mapa).
Su justificación es que, debido a que la laguna cada vez tiene más sedimentos, estos residuos también se desplazan al río, impidiendo el paso de las aguas cuando aumenta el caudal por las lluvias. En este punto los estudios le dan la razón: según el Instituto Alexander von Humboldt, mientras que “la superficie de aguas libres de la laguna en los años 40 era de 3.000 hectáreas, hoy el ecosistema conserva aproximadamente la misma área pero con apenas el 5% de aguas libres como consecuencia de la contaminación”. Según la CAR, hay sitios en donde la laguna tiene tan sólo metro y medio de profundidad, después de haber tenido hasta 12 metros. Por eso, Ballesteros piensa invertir alrededor de $6.000 millones en el dragado, que empezaría la próxima semana.
Pero el dilema es si el dragado del río es realmente la salida. Según la presidenta del comité, Lilia Díaz de Sanín, “la solución real no es el dragado del río Suárez sino de la laguna, pues de lo contrario se correría el riesgo de que baje el nivel de la misma con la amenaza de que desaparezca”. Lo mismo cree el alcalde de Fúquene, Santiago Rodríguez: “La solución definitiva es el dragado de la laguna, que debió empezarse hace muchos años. Sólo así se puede pensar en dragar el río Suárez”.
Mientras que el temor de los ambientalistas y pobladores cercanos a la laguna es que se disminuya su nivel, el de los municipios más alejados, como Saboyá, es terminar inundados cuando aumente el caudal del río Suárez.
Ballesteros conoce sus preocupaciones. Es más, reconoce que lo primero que debe hacerse es el dragado de la laguna, pero señala que la CAR no cuenta con los recursos para hacerlo. Según las cuentas de la corporación, el dragado total podría costar cerca de $200.000 millones y tardaría alrededor de cuatro años.
“Por eso, mientras conseguimos esos recursos, tenemos que trabajar con lo que tenemos, y si no invertimos esos $6.000 millones en el río, van a continuar las inundaciones”, recalca Ballesteros.
De acuerdo con el biólogo Jairo Valderrama, de la Fundación Humedales, que hace presencia en la zona hace varios años, “el problema es que siempre se piensa en soluciones reactivas, a corto plazo, nunca se mira la dimensión del problema”. Según el experto, hasta ahora no se han analizado todos los factores que inciden en este ecosistema, y en tanto no se haga no habrá posibilidad de recuperar la laguna. “Tenemos temor por la posible alteración de la laguna. De sus aguas depende todo el sistema ganadero de la zona, y si se llegara a secar, éste colapsaría, por ejemplo”.
Pero la CAR asegura que es la única salida por el momento y envía un parte de tranquilidad a los pobladores porque, de acuerdo con Ballesteros, la corporación cuenta con todos los estudios que demuestran que la laguna no va a resultar afectada, como tampoco el sistema hídrico. “Hay unos temores, pero el dragado no es improvisado, lo estamos haciendo con base a unos estudios de hidráulica bastante rigurosos”.
Mientras aumenta la polémica por el dragado, en la Procuraduría avanza una investigación sobre la situación de este tesoro acuático de la región, la cual comenzó en febrero. Por ahora, todo indica que los resultados van a obligar a asumir retos mucho más serios que el dragado del río Suárez: según Óscar Darío Amaya, procurador delegado para Asuntos Ambientales, se trata de “uno de los ecosistemas más afectados del país, un botadero de aguas negras, una verdadera tragedia ambiental y social frente a la cual habrá que tomar medidas”.