¿De dónde salen las balas? La pregunta que se hacen los habitantes de Samaniego, Nariño

Samaniego está ubicado en la parte central de Nariño, en la subregión de Los Abades, a 117 kilómetros al occidente de Pasto. El municipio es cercano a la cordillera, y tiene una población de 50.000 habitantes aproximadamente.

En los últimos seis años hubo 187 homicidios en Samaniego. El 2018 fue el año más violento de esos seis, pues se registró la cifra más alta de asesinatos (41). Dentro del ránking de los municipios con más muertes violentas registradas entre 2012 y 2018, Samaniego se ubica en el puesto 124 entre 1,061 pueblos de Colombia.

La violencia en este lugar podría explicarse a partir de la posición estratégica que tiene el municipio. La subregión de Los Abades, donde está ubicado Samaniego, es un punto clave que comunica a la cordillera con el pie de monte costero y por ello es usado para transportar estupefacientes.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, le dijo a El Espectador que “el trasfondo de todo esto no es otro que el narcotráfico. El valor estratégico del territorio lo ha entendido mejor la criminalidad que el propio estado (...) Eso hace que sea apetecido por los grupos al margen de la ley que están disputándose el territorio por el negocio de la coca y narcotráfico, que genera conflicto".

Durante los años en que se negoció el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, hubo un ambiente de relativa tranquilidad en Samaniego. Si bien se siguieron presentando homicidios, la cantidad de muertes violentas osciló entre 20 y 30 por año; pero en el 2018 la cifra aumentó a 41. “En ese año se empieza a percibir cierto grado de inseguridad. Había mucha expectativa, pero se fue bajando el ánimo. El 2018 en Samaniego fue un año muy difícil por el incremento de los asesinatos”, dijo a este diario un líder comunitario del municipio que pidió no ser identificado por cuestiones de seguridad.

La creciente cifra de homicidios genera temor en la comunidad. “Hace muchos años en Samaniego los grupos al margen de la ley manifestaban la responsabilidad de sus actos. Hoy no pasa eso, y no hay resultado de los grupos de investigación. Hay zozobra y no se sabe cuál es el motivo o causa de los asesinatos”, puntualiza el líder comunitario.

La Fundación Ideas Para la Paz (FIP) ha identificado varios actores armados ilegales en Nariño que luchan entre sí por el control de los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico. En el departamento hacen presencia disidencias de las Farc, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Movimiento Revolucionario Campesino y varias bandas delincuenciales.

El problema en Samaniego parece ser más su ubicación estratégica como corredor de narcotráfico, que sus propios cultivos ilícitos. El municipio tiene 869,33 hectáreas de plantaciones ilegales. No es una cifra muy alta si se compara con otras poblaciones de Nariño, como Tumaco, que tiene 19.516,33 hectáreas lo que significa 22 veces la cifra de Samaniego.

No obstante, en el municipio se realizó un acuerdo colectivo durante las negociaciones de paz para iniciar un proceso de sustitución de cultivos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pero el proceso se quedó estancado y no llegó nunca a ser ratificado.

Sobre la implementación del PNIS en Nariño, el gobernador del departamento le dijo a este diario que muchas familias manifestaron su intención de sustituir cultivos, pero el pasado gobierno no les cumplió. Sobre el gobierno actual, afirma que “no se ve asomo alguno de resolver el problema entendiendo la problemática de manera integral. Solo le apuntan a sustituir 17.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, pero eso no es suficiente. Solo Nariño tiene 45.000, según datos de la ONU”.

Tras la muerte de la personera, la comunidad de Samaniego realizó el pasado miércoles una manifestación en rechazo de toda forma de violencia. Fue un espacio en que los pobladores exigían que se prestara más atención a la multitud de crímenes que están ocurriendo. Una lideresa le dijo a El Espectador que “cada muerte que se presenta sea o no de una persona reconocida, afecta la convivencia y el buen vivir dentro de la comunidad, porque es una situación de violencia muy extrema”.

Samaniego está ubicado en la parte central de Nariño, en la subregión de Los Abades, a 117 kilómetros al occidente de Pasto. El municipio es cercano a la cordillera, y tiene una población de 50.000 habitantes aproximadamente.

En los últimos seis años hubo 187 homicidios en Samaniego. El 2018 fue el año más violento de esos seis, pues se registró la cifra más alta de asesinatos (41). Dentro del ránking de los municipios con más muertes violentas registradas entre 2012 y 2018, Samaniego se ubica en el puesto 124 entre 1,061 pueblos de Colombia.

La violencia en este lugar podría explicarse a partir de la posición estratégica que tiene el municipio. La subregión de Los Abades, donde está ubicado Samaniego, es un punto clave que comunica a la cordillera con el pie de monte costero y por ello es usado para transportar estupefacientes.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, le dijo a El Espectador que “el trasfondo de todo esto no es otro que el narcotráfico. El valor estratégico del territorio lo ha entendido mejor la criminalidad que el propio estado (...) Eso hace que sea apetecido por los grupos al margen de la ley que están disputándose el territorio por el negocio de la coca y narcotráfico, que genera conflicto".

Durante los años en que se negoció el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, hubo un ambiente de relativa tranquilidad en Samaniego. Si bien se siguieron presentando homicidios, la cantidad de muertes violentas osciló entre 20 y 30 por año; pero en el 2018 la cifra aumentó a 41. “En ese año se empieza a percibir cierto grado de inseguridad. Había mucha expectativa, pero se fue bajando el ánimo. El 2018 en Samaniego fue un año muy difícil por el incremento de los asesinatos”, dijo a este diario un líder comunitario del municipio que pidió no ser identificado por cuestiones de seguridad.

La creciente cifra de homicidios genera temor en la comunidad. “Hace muchos años en Samaniego los grupos al margen de la ley manifestaban la responsabilidad de sus actos. Hoy no pasa eso, y no hay resultado de los grupos de investigación. Hay zozobra y no se sabe cuál es el motivo o causa de los asesinatos”, puntualiza el líder comunitario.

La Fundación Ideas Para la Paz (FIP) ha identificado varios actores armados ilegales en Nariño que luchan entre sí por el control de los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico. En el departamento hacen presencia disidencias de las Farc, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Movimiento Revolucionario Campesino y varias bandas delincuenciales.

El problema en Samaniego parece ser más su ubicación estratégica como corredor de narcotráfico, que sus propios cultivos ilícitos. El municipio tiene 869,33 hectáreas de plantaciones ilegales. No es una cifra muy alta si se compara con otras poblaciones de Nariño, como Tumaco, que tiene 19.516,33 hectáreas lo que significa 22 veces la cifra de Samaniego.

No obstante, en el municipio se realizó un acuerdo colectivo durante las negociaciones de paz para iniciar un proceso de sustitución de cultivos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pero el proceso se quedó estancado y no llegó nunca a ser ratificado.

Sobre la implementación del PNIS en Nariño, el gobernador del departamento le dijo a este diario que muchas familias manifestaron su intención de sustituir cultivos, pero el pasado gobierno no les cumplió. Sobre el gobierno actual, afirma que “no se ve asomo alguno de resolver el problema entendiendo la problemática de manera integral. Solo le apuntan a sustituir 17.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, pero eso no es suficiente. Solo Nariño tiene 45.000, según datos de la ONU”.

Tras la muerte de la personera, la comunidad de Samaniego realizó el pasado miércoles una manifestación en rechazo de toda forma de violencia. Fue un espacio en que los pobladores exigían que se prestara más atención a la multitud de crímenes que están ocurriendo. Una lideresa le dijo a El Espectador que “cada muerte que se presenta sea o no de una persona reconocida, afecta la convivencia y el buen vivir dentro de la comunidad, porque es una situación de violencia muy extrema”.