15 Nov 2008 - 10:00 p. m.

De quiebras, fraudes y otras usuras

Desde Judas Tadeo Landínez en 1842 hasta hoy, la historia de Colombia abunda en pícaros episodios de abuso con los ahorradores. En el siglo XX  la crisis financiera de los años 80  marcó el peor momento financiero en el país.

Redacción Negocios

La guerra civil de Los Supremos, entre 1839 y 1842, fue el escenario de la primera gran defraudación económica en la historia de la República. Después de especular con bonos y bienes inmuebles, el adinerado hombre de negocios Judas Tadeo Landínez constituyó en abril de 1841 la “Compañía de Giro y Descuento”, un atractivo esquema de pago de intereses que suscitó un inusitado frenesí por la multiplicación de ahorros a corto plazo. Sin embargo, la quiebra de la empresa aplazó por muchos años la consolidación de la actividad financiera.

En las plazas de mercado, las rudimentarias fábricas de tejidos de algodón y de loza o en los precursores yacimientos de carbón en Zipaquirá, se hizo común la entrega de capitales y de bienes al “Rotschild de estas tierras”, como lo calificó Rufino Cuervo. Pero, como reza el refrán popular, “la ambicia rompe la camisa” y en la lucha por cumplirles a los más acaudalados acreedores o extender la cobertura de sus inversiones, tras recurrentes atrasos en el pago de altos intereses terminó quebrándose y arrastró a la miseria a centenares de familias.

Durante casi tres décadas, la economía creció sin intermediarios financieros. Los medios de pago básicos eran el oro y la plata, en barra, monedas o en polvo. Los nuevos ricos eran los promotores de la bonanza tabacalera y el Estado vendía tierras para pagar su deuda externa. Hasta que fue necesario recobrar el sistema financiero, “cuando el país comenzó a vincularse con el extranjero a través de la exportación de productos agrícolas”, como refieren Carlos Caballero y Miguel Urrutia en su obra Historia del sector financiero colombiano.

En ese contexto, en 1870 se creó el primer banco en Colombia: el Banco de Bogotá. Y simultáneamente se desató una enorme fiebre bancaria, de tal modo que hacia 1882 se habían constituido 42 bancos, la mayoría de ellos en Antioquia, motivados por el nuevo renglón de exportación: la bonanza cafetera. A su vez, en 1880, el presidente Rafael Núñez fue autorizado para organizar el Banco Nacional, como emisor de billetes, pero sin las funciones tradicionales de un banco central. Más temprano que tarde vendrían los problemas.

Como lo dejó escrito el columnista Jorge Child en su trabajo Historia de las crisis financieras, “el aventurerismo fiscal en que fue incurriendo el Banco Nacional terminó por desacreditarlo”. No cumplió con el dogma de realizar emisiones restringidas y terminó reventándose. Además, la banca bogotana siempre estuvo en su contra, al punto que Núñez se refería a este gremio como “los Gargantúas que se querían quedar con todo el país”. Después de un largo debate político y acusaciones de que se favorecían intereses particulares, el banco fue liquidado en 1896.

La suerte de un influyente sector de la banca privada no fue tan distinta. Particularmente en Antioquia se gestó una crisis de tales proporciones que centenares de familias lo perdieron todo. Entre 1872 y 1902 surgieron 35 bancos en este departamento, con opción legal de captar ahorros, realizar préstamos o incluso emitir billetes respaldados en tierra o en oro. Pero la especulación, los autopréstamos y los engaños en el encaje bancario, entre otros factores, dieron al traste con la envidiable prosperidad de los inversionistas paisas cafeteros.

En medio de una terrible crisis fiscal derivada de la Guerra de los Mil Días (1899 - 1902) y una hiperinflación que llegó a superar el 100% anual, como lo calificó el escritor Mario Arango, “Medellín tuvo en 1904 su septiembre negro y quebraron 10 de sus 12 bancos, varias fábricas e importantes comerciantes”. La competencia feroz por captar dineros, abriendo las puertas a la especulación y la usura, arrastró la suerte de centenares de ahorradores que vieron esfumar sus capitales, atormentados por el pánico, el desprestigio y la quiebra.


La debacle se convirtió en una bola de nieve. A la quiebra de los bancos de Medellín se sumaron otros de Antioquia y en cadena se reventaron los industriales, el erario y hasta las sociedades de beneficencia. El debate público fue enorme y El Espectador, a través de su director Fidel Cano, escribió varios editoriales para fustigar a los gestores de la crisis. “Siendo la tarea actual de los bancos contraria a las leyes económicas, la sanción vendrá indefectiblemente a hacerles cambiar de rumbo y de métodos”, expresó en septiembre de 1904.

Nadie terminó en la cárcel y en cambio muchas familias lo perdieron todo. Apenas en los albores del gobierno de Rafael Reyes (1904 - 1909), la dura lección estaba aprendida y, como lo destacó el periódico El Antioqueño en octubre de 1904, “Antioquia, el país de la probidad, quedó reputado como un presidio suelto”. El presidente Reyes promovió una reforma monetaria, reorganizó el Banco Central de Colombia y recobró la confianza para una economía que empezó a crecer a buen ritmo, especialmente gracias a la producción cafetera.

Sin embargo, en la cúspide de la exportación del grano, siempre por maniobras especulativas, no tardó en regresar la crisis. A pesar de los controles del Inspector Nacional de la Circulación Monetaria, cargo creado para regular la actividad bancaria, no faltaron los desastres. Para la prueba, lo acontecido en noviembre de 1920 al potentado antioqueño Alejandro Ángel. A la quiebra de varias comercializadoras de café en EE. UU. sobrevino el cierre de sus bancos y se desató el pánico en Manizales. Con café terminó supliendo el pago de dineros.


Y no fue el único caso. Algo parecido le sucedió al Banco López. Gracias a la prosperidad de su negocio de exportación de café, pieles y oro, Pedro A. López consolidó un brazo financiero, fuertemente asociado con el grupo financiero Vásquez y Correa, de Antioquia. Pero después de la cesación de pagos del Banco de Sucre de Medellín, y de la quiebra del mencionado grupo, entró en una intensa pugna en la que se vio forzado a cerrar sus puertas. Por la misma época, en 1923, de la mano de Edwin Walter Kemmerer, entraba en operaciones el Banco de la República.

La recuperación económica del país era evidente y la indemnización de US$25 millones que EE. UU. pagó a Colombia por la pérdida de Panamá aumentó las reservas internacionales. Pero a un segmento del sector financiero no le fue tan bien. El 68% de los bancos no sobrevivieron. De 44 que existían, 26 fueron cerrados y, según los analistas, empezó a advertirse una concentración financiera, que les permitió a los banqueros nacionales sobrellevar la crisis que sobrevino después del desplome financiero de la Bolsa de Nueva York en 1929.

Desde entonces, por efecto de las fluctuaciones del precio externo del café o como resultado de los índices macroeconómicos, se fue consolidando el sector financiero, sin que por ello dejaran de presentarse eventuales bancarrotas, como aconteció con el Banco Comercial de Barranquilla en 1967, o el Banco Bananero del Magdalena. Ambos entraron en proceso de liquidación por iliquidez en sus activos y muchas familias de la Costa Atlántica vivieron en carne propia lo que significan una quiebra financiera y sus consecuencias.

Como lo destacan Mario Arango y Jorge Child en su trabajo sobre las crisis financieras, al lado de las quiebras bancarias no ha faltado “la picaresca financiera”. El caso más recordado alude a Carlos Alberto Sánchez Rojas, más conocido como “El Conejo Millonario”, un curioso personaje que a nombre del Instituto Interamericano captó millonarios ahorros antes de caer preso. Su historia de especulaciones y usura se ha repetido sucesivamente con otros personajes que igualmente aparecieron ofreciendo el oro y el moro, pero terminando en publicitadas quiebras.


Ya en tiempos recientes, 1982 marca un hito en la cronología de las defraudaciones económicas. Después de varios meses de omisiones de las autoridades de control y de debates políticos, estalló la llamada crisis financiera de los años 80, que obligó al Estado a intervenir a 17 instituciones crediticias que, a través de autopréstamos, captación ilegal de ahorros o maniobras financieras y bursátiles para apoderarse de empresas, terminaron defraudando a más de 80 mil ahorradores privados que, en su momento, perdieron más de $10 mil millones.

El Banco Nacional, el Banco del Estado, el Grupo Grancolombiano, la Corporación Financiera Santa Fe y múltiples compañías inmobiliarias, entre otros, se dieron a los malos manejos y, a través de operaciones ficticias o falsificando documentos, desataron una crisis financiera sin precedentes en Colombia. El asunto desbordó en la declaratoria de la emergencia económica en 1982 y la expedición del decreto 2920 para meter en cintura a los banqueros defraudadores. Personajes de la talla del industrial Jaime Michelsen Uribe terminaron procesados.

En medio de la crisis, dos episodios dieron cuenta del deterioro de la banca en Colombia: el Banco de los Trabajadores, oficializado en 1986 por manipulación del ahorro del público, con un accionista mayoritario: Gilberto Rodríguez Orejuela. Y la Caja Vocacional, fondo pastoral de la Iglesia Católica, que también cedió a la tentación de captar dineros y promover acciones dolosas hasta defraudar a muchos de sus cuentahabientes. Ecos de la crisis financiera de los años 80, que dejó una lamentable historia que aún se recuerda con desaliento.

Lección no aprendida porque, quince años después, la insolvencia de varias entidades financieras repitió la película. Fue necesario crear, a través de la Ley 510 de 1999, una comisión de la verdad para informarle al país las causas y responsables de una nueva crisis del sector financiero estatal. El Banco del Estado, el Banco del Pacífico, el Banco Andino o el Banco Central Hipotecario, dentro de otras entidades, fueron objeto de falsedades, peculados, sobregiros, autopréstamos u otras irregularidades que los llevaron a su intervención estatal.

Otra vez fue necesaria la emergencia económica, la misma alternativa que hoy se esgrime para salirle al paso al escándalo del momento: el derrumbe de las llamadas pirámides, centros de especulación y malos manejos que no podían tener otro destino que la quiebra, llevándose de paso dineros y esperanzas de miles de ahorradores. Y como ayer, la acción tardía de las autoridades para frenar la anarquía. Hoy, como en el pasado, se buscan culpables, pero basta mirar la historia para encontrarlos: la codicia del dinero fácil y el desgreño administrativo para neutralizar usureros, lavadores o millonarios ilícitos.

Un escándalo muy antiguo

Desde 1903 existen las pirámides. Las inventó Charles Ponzi y, por reglas económicas, es claro que no duran mucho tiempo, benefician a sus primeros usuarios y terminan en estafa.

Es lo mismo que le sucede a la red de pirámides que hoy afecta a Colombia. En cambio, las autoridades no han logrado desentrañar el secreto de DMG, que no se rige por los mismos principios.

Según sus promotores, trabajan con una tarjeta prepago y, como quiera que esta actividad no está reglamentada, tampoco tiene límites que neutralicen las actividades dolosas.

››Fue necesaria la emergencia económica, la misma alternativa que hoy se esgrime para salirle al paso al escándalo: el derrumbe de las pirámides, centros de especulación y malos manejos no tiene otro destino que la quiebra.

 

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