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El 28 de julio los habitantes del municipio de Piedras (Tolima) se declararon, a través de una consulta popular, en contra de la llegada de cualquier actividad relacionada a la minería de gran escala en su territorio. Para que esa decisión quede en firme, el Concejo Municipal debe darle el aval a un proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía en el que se consigna la voluntad del pueblo. Sin embargo, algunos concejales han argumentado que persisten dudas jurídicas sobre la legalidad de la consulta, teniendo en cuenta que tanto la Procuraduría como el Ministerio de Minas han sostenido que la exclusión de las zonas de minería no es competencia de las autoridades locales sino de la Nación. (Lea Piedrunos dicen 'No' a megaminería)
Para despejar esos interrogantes, los concejales se reunirán este martes con la Procuraduría, la Gobernación del Tolima, la autoridad ambiental Cortolima, el personero de Ibagué y el Tribunal Administrativo, con quienes debatirán la firma del acuerdo. Tanto la Procuraduría como el Ministerio de Minas, han salido a la defensa del Decreto 934 (firmado en mayo pasado) por medio del cual se “prohíbe” a los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales establecer “zonas del territorio que queden permanentemente o transitoriamente excluidas de la minería mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales respectivamente”.
Aunque el decreto fue demandado por el Distrito de Bogotá, al argumentar que va en contra la autonomía de los gobiernos locales, la normativa se mantiene vigente. Por este motivo algunos concejales de Piedras temen que los organismos de control decidan investigarlos, por firmar el acuerdo que avala la consulta y que afectaría directamente el proyecto de explotación aurífera de La Colosa, en Cajamarca (Tolima), cuya concesión fue entregada a la multinacional surafricana AngloGold Ashanti. (Lea Tambalea la consulta previa sobre minería en Piedras)
Los habitantes de Piedras no ven con buenos ojos la llegada de la AngloGold a la región. Si la mina sale adelante, la empresa tendrá la posibilidad de ubicar en 100 kilómetros a la redonda la infraestructura que requiera para sus operaciones y Piedras —que está a unos 75 kilómetros— sería el lugar para construir el centro de procesamiento del oro. Planta que según los pobladores y el alcalde del municipio, Arquímedes Ávila, terminará trayendo graves afectaciones ambientales a su territorio. El Espectador habló con el alcalde de Piedras sobre el decisivo encuentro al que fue citado este martes.
El Concejo Municipal lo citó este martes para aclarar algunos aspectos jurídicos sobre la validez de la consulta popular. ¿Qué está en juego en esa reunión?
Es una discusión del aspecto jurídico y nosotros vamos como invitados. Nosotros ya cumplimos con pasar el proyecto de Acuerdo (mediante el cual queda en firme la votación), lo que queda es competencia solo del Concejo. (Lea Minería y democracia: el peso del voto en Piedras)
¿Cree que los mensajes que ha dado la Procuraduría (que ha señalado que la exclusión de zonas de minería escapa a las autoridades locales y es competencia sólo de la Nación), han generado una presión en los concejales ante posibles procesos investigativos en su contra?
Yo de eso, con todo el respeto, no puedo hacer una afirmación ni positiva ni negativa. A mí me llegó un oficio de la Procuraduría en julio, haciendo una advertencia sobre la legalidad de la consulta. Eso es todo. La actitud de ellos no la puedo valorar. Es una posición muy personal.
¿Cuáles son las dudas legales que tiene el Concejo?
Mañana las expondrán ellos. Lo que sí sé es que el sábado pasado, en una socialización que se hizo, asistió un buen número de habitantes de la comunidad y el 99,9% de la población se inclina porque el proyecto presentado sea aprobado y eso quedó dentro de un acta.
¿Usted tiene alguna duda sobre la validez jurídica de la consulta?
No, en absoluto. No estamos cambiado el término de la pregunta ni de la respuesta que dio la comunidad. Estamos acogiéndolas en su totalidad, por eso el proyecto de acuerdo empieza diciendo “adóptese la participación de la gente el día 28 de julio” y se enuncia que el Tribunal Administrativo de Tolima dio su aval sobre la legalidad y constitucionalidad de la pregunta. Si tuviera alguna duda no hubiera pasado el proyecto de acuerdo al Concejo. Lo creemos legal y esperamos que las entidades de control actúen en la misma dirección.
Lo que dice la Procuraduría es que los municipios no pueden tomar decisiones cuando se trate de proyectos mineros…
Hay artículos de la Constitución Política que hablan de la autonomía de los pueblos, de la consulta popular como un mecanismo válido de participación democrático de la comunidad. Estamos peleando para que no utilicen el suelo de Piedras para mover el material, porque se está perjudicando los acuíferos, se están contaminando.