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Las grietas que aparecieron hace algunos meses en viviendas del barrio Kennedy, en Bucaramanga, obligaron a varias familias a dejar sus casas ante el temor de una posible tragedia por colapso. Los daños estructurales, según su relato, estaban aparentemente asociados con una obra ejecutada por la empresa EMPAS, encargada del alcantarillado. Hoy, aunque las responsabilidades aún no están determinadas, el hecho ya fue declarado como calamidad pública por la Alcaldía.
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No obstante, algunos habitantes se resistían a abandonar sus viviendas ante la dificultad de encontrar alternativas de arriendo en medio de las limitaciones económicas y las opciones para reubicarse; por eso, en ciertos casos optaron por desalojos parciales, trasladando únicamente a algunos integrantes de sus familias. Así, solicitaron a la Alcaldía y a las autoridades de Gestión del Riesgo que se tratara el caso como una problemática que comprometía a varias viviendas del barrio y que requería ayudas integrales.
Al respecto, Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo en la ciudad, había explicado en abril que “para que administrativamente se declare una calamidad, el Artículo 2 de la Ley 1523 establece que esta debe originarse por hechos naturales y no por hechos imputables al hombre”. Y aclaró que, desde la entidad, se había solicitado a EMPAS la entrega de los registros técnicos previos a la ejecución de las obras, con el fin de verificar el estado de las viviendas antes de las intervenciones y contrastarlo con sus condiciones actuales.
Las medidas que se adoptaron recientemente: ¿qué pasó?
Ahora, con el avance del deterioro en las viviendas y un riesgo de colapso cada vez más evidente, la Alcaldía de Bucaramanga declaró el barrio en situación de calamidad pública.
Como parte del plan de acción a ejecutar, la administración municipal entregará subsidios temporales de arrendamiento a las familias afectadas, que estarán sujetos a la verificación de los requisitos contemplados en el decreto que reglamenta este tipo de apoyos. Además, para mitigar los riesgos y determinar las acciones requeridas para estabilizar el terreno y sus daños, se realizarán estudios técnicos especializados que permitan establecer las causas de las afectaciones estructurales y las posibles soluciones.
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“La prioridad de la Administración Municipal es proteger la vida de las familias del barrio Kennedy y actuar de manera oportuna frente a las condiciones de riesgo identificadas en este sector”, dijo al respecto Rodríguez. De momento, se espera conocer cómo se concretará la implementación de las ayudas y cómo avanzarán las demás acciones previstas en el plan de intervención.