Setenta y dos años después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, persisten los retos en el camino para garantizar su cumplimiento en muchos países del mundo. En Colombia, las personas que ejercen liderazgos sociales y encabezan iniciativas y organizaciones se han echado buena parte de esa tarea al hombro, en búsqueda de la protección de sus comunidades, la defensa de los derechos de las mujeres, la paridad política y los derechos LGBT. Estas son algunas de esas iniciativas.
Las mujeres resisten
La Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) lleva 23 años trabajando por la defensa y reivindicación de los derechos humanos y étnico-territoriales en Buenos Aires, Cauca, aunque su trabajo se ha extendido a otros doce municipios del departamento. Clemencia Carabalí, una de las lideresas, cuenta que por largos períodos la Asociación no pudo reunirse - especialmente entre 2000 y 2004, época de mayor influencia del paramilitarismo en la zona-, sobrevivieron a tres desplazamientos forzados, múltiples amenazas e incluso ella, junto con otros líderes, fue víctima de un atentado el 4 de mayo de 2019. Aun así, la mayoría de miembros ha regresado al territorio. “Aquí seguimos, tercas”, dice Carabalí.
ASOM creó la escuela de Mujeres Constructoras de Paz, donde se capacitan en temas como resolución de conflictos, legislación étnica y derechos humanos. También trabajan por el desarrollo sostenible y promueven el empoderamiento de las mujeres y su participación en escenarios de decisión. La Asociación aborda la violencia basada en género y la violencia sexual perpetrada por actores armados legales e ilegales. Además, alzan la voz frente a los megaproyectos que pretenden instalarse en su territorio, por ejemplo, de explotación minera. Para todo esto se han articulado con otras organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras (PCN), Afrodes y el Consejo Nacional de Paz.
Actualmente, una de las batallas que está librando ASOM es contra el aumento de la violencia basada en género durante la pandemia. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios, de la red Feminista Antimilitarista, hasta octubre de 2020 se habían presentado 508 feminicidios en el país. Para Carabalí, las rutas de atención no son efectivas y la Asociación, que hace acompañamiento psicosocial y económico, se ve desbordada.
La Red Solidaria de Mujeres nació al inicio de la pandemia y ya ha apoyado 395 casos. Por medio de una línea de Whatsapp se reciben los mensajes de mujeres que están sufriendo violencias basadas en género, especialmente al interior de sus hogares, luego son remitidas a una psicóloga o abogada y si es necesario también se activan las rutas institucionales. Aunque inicialmente era solo para Bogotá, han recibido casos de otros lugares del país. Las 25 mujeres que actualmente conforman la red brindaron atención todos los días de la semana entre marzo y octubre. Actualmente no atienden todos los días, pero responden en la mayor brevedad posible.
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Además de su trabajo de asesoría, le han brindado apoyos económicos a algunas mujeres con mercados, refugio, recargas a celular o medicamentos y se han articulado con otras organizaciones. En el marco de esta conmemoración resaltan que “una vida libre de violencias hace parte de los derechos humanos”, por eso es necesario activar desde las instituciones y la sociedad civil todos los mecanismos y acciones posibles para proteger a las mujeres y garantizarles una vida digna. La red resalta la debilidad de respuesta institucional frente a estos casos de violencia y alerta que hay una problemática a la que poca atención se le ha prestado durante el confinamiento: el aumento en las cargas de cuidado que recaen sobre las mujeres.
La lideresa insiste, además, en que la vida de los defensores está en riesgo y que este es “un trabajo fundamental para el sostenimiento de la democracia”. Este año en Colombia han sido asesinados 287 líderes, lideresas y defensores, de acuerdo con Indepaz.
Participación política: paridad y acciones a su favor
La lucha por la paridad política tuvo un fuerte impulso este año cuando la campaña “¡Paridad ya!” logró poner el tema en la agenda pública. En el país las mujeres representan solo el 12 % de las alcaldías y concejos y el 19,7 % del Congreso, aunque son más de la mitad de la población. Juliana Hernández, directora de la Fundación Artemisas e integrante de la campaña, cuenta que el proceso inició con la Red Nosotras Ahora, que nació a finales de 2018 para apoyar liderazgos de mujeres y acompañó la candidatura política de 88 mujeres en varias zonas del país. Once de ellas llegaron a los cargos. Este proceso evidenció obstáculos y brechas de género al ejercer política, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. En noviembre de 2019, después de una reunión, decidieron iniciar “¡Paridad ya!”. Aunque el plan era viajar por las principales ciudades, la pandemia las obligó a pensar en una campaña desplegada desde lo digital, reconociendo experiencias como la de Argentina.
En el proceso se creó Somos Muchas, una plataforma de activismo digital para la incidencia política de causas feministas. Esta permite que mujeres y organizaciones tengan una herramienta para articularse; visibiliza organizaciones que trabajan en diferentes campos y pone a disposición del público metodologías útiles para posicionar causas. Además, cuenta con una sección de incidencia política que tiene los datos de redes sociales y correo de los congresistas para facilitar el activismo digital masivo.
De la mano del despliegue digital, quince comisionadas de diversas zonas, causas y edades replicaron de forma verbal el mensaje en los territorios. Actualmente “¡Paridad ya!” tiene setenta participantes activos y es apoyada por organizaciones como la Red Nacional de Mujeres, la Casa de la Mujer y Fescol. Aunque se cayó la reforma política que incluía el tema, está avanzando en el Congreso el debate del Código Electoral, que implica pasar del 30 % de mujeres en la lista de los partidos al 50 %. Sin embargo, Hernández advierte que esta reforma involucra otros temas frente a los que tienen reparos. “La campaña seguirá para exigir la paridad en todos los niveles. Necesitamos una reforma política que no solo incluya las listas, sino que implique que los tres poderes estén ocupados en un 50 % por mujeres”, dijo.
La campaña, además, está diseñando una estrategia para tener un proyecto de ley propio en 2021. Para Hernández, no es posible hablar de garantía de derechos humanos sin la participación efectiva de las mujeres: esta es una batalla que seguirán dando.
Asistencia humanitaria a personas LGBT
La organización Caribe Afirmativo se creó hace doce años, en Cartagena, con el objetivo de abrir un espacio alrededor de los derechos de la comunidad LGBT y para denunciar y poner sobre la mesa la violencia contra sus integrantes. Los datos recopilados señalan que entre 2009 y 2019 se registraron 190 homicidios-feminicidios de personas LGBT solo en el Caribe.
Wilson Castañeda, uno de los líderes de la organización, cuenta que la idea de unir esfuerzos surgió en 2007, durante un homenaje a Rolando Pérez, un docente universitario que fue asesinado y además cuestionado por los medios de comunicación y las autoridades, en el que se compartieron experiencias invisibilizadas de violencia contra esta población. Fue así como nació la organización, que tiene un equipo de 27 personas y que en 2019 ya había atendido a más de 25.000. Caribe Afirmativo busca responder a los retos territoriales de la agenda LGBT, participa en la construcción de paz y se define como una organización de trabajo comunitario y un espacio para la formación de liderazgos.
En sus siete Casas de Paz Afirmativas, hay escuelas de formación, brindan asesoría jurídica y psicosocial y realizan talleres artísticos como una forma de construcción de memoria. Entre otras iniciativas, se creó Integra, una línea enfocada en población LGBT migrante proveniente de Venezuela, así brindan atención humanitaria y psicosocial a más de treinta personas que viven en la región, también se establecieron alianzas en lugares de paso fronterizo —como Paraguachón (La Guajira) y Cúcuta— para brindar atención diferenciada. Durante la pandemia, extendieron este auxilio humanitario a mujeres trans trabajadoras sexuales y portadores de VIH.
Asimismo, la Red Comunitaria Trans atiende desde hace nueve años a habitantes de calle, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, personas privadas de la libertad y con discapacidad en el barrio Santa Fe. Su sede es un centro de conocimiento en el que realizan proyectos, talleres y cursos para abordar las problemáticas de las personas trans en diferentes contextos. Durante la pandemia entregaron más de 1.000 ayudas entre alimentos y subsidios de vivienda a nivel nacional, gracias a un fondo de emergencia para trabajadoras sexuales que creó la red con el apoyo de donaciones.
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Johanna Pérez, coordinadora de proyectos de la Red, cuenta que solo este año 31 personas trans han sido asesinadas en Colombia. Recuerda el caso de Alejandra Monocuco, una integrante de la red que tenía VIH y murió después de que paramédicos se negaron a atenderla; y el asesinato de Juliana Giraldo en Cauca, a manos de un militar. Para ella es fundamental que el trabajo sexual sea digno, con prestaciones de ley; que se aplique la política pública distrital en favor de la comunidad trans y trabajar en una ley integral de identidad de género nacional. “Buscamos la desfinanciación de la Policía, pues es la entidad que más violenta a la población trans”, dice. Para Castañeda, un paso importante es crear herramientas jurídicas y culturales para que no haya retrocesos en materia de derechos humanos y otro es garantizar que en todos los rincones del país haya reconocimiento y respeto a la diversidad.
*Este artículo fue posible gracias al pueblo americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del gobierno de Estados Unidos.