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Un mes después de acaecida la tragedia en la que un voraz incendio provocó la muerte de 56 personas privadas de la libertad, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Tuluá (Valle del Cauca); la Defensoría del Pueblo denunció que “todavía no se han tomado las medidas de prevención de emergencias para enfrentar una situación como la ocurrida el pasado 28 de junio”.
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Así aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien añadió que tras efectuar con su equipo de trabajo una visita de seguimiento a las condiciones de derechos de la población privada de la libertad; también se evidenció que el hacinamiento allí persiste y alcanza un 24%.
En el siniestro del pasado 28 de junio, hay cinco personas que aún se encuentran hospitalizadas, dos de ellas en unidad de cuidados intensivos de centros médicos del municipio. La Fiscalía investiga el origen de la tragedia, que se había producido por una guerra interna entre dos bandos, que durante el enfrentamiento habrían quemado colchones.
“Durante la visita llamamos la atención a las autoridades, en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior de este centro penitenciario”, agregó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo viene implementando en este centro penitenciario un plan piloto de descongestión carcelaria de acuerdo a lo establecido en el decreto 1542 de 1997. Gracias a este plan se ha logrado la atención priorizada y el trámite de beneficios jurídicos para personas privadas de la libertad en calidad de condenadas al interior de este establecimiento, informó la Defensoría del Pueblo.
Además del hacinamiento que llega al 24%, otro de los problemas que persisten en el interior del establecimiento es el acceso a condiciones dignas de salud para los privados de la libertad. Los representantes de derechos humanos de los diferentes patios le manifestaron a la Defensoría sus preocupaciones por los traslados que estaban pendientes dado un brote de varicela que hubo en el patio 10, y por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento a partir del 2 de agosto.
En esta jornada de verificación también se evidenció que el establecimiento no cuenta con un cronograma de valoración médica intramural para la población privada de la libertad, y no se registra seguimiento oportuno a los tratamientos médicos que requieren, con casos de citas que se demoran hasta tres meses con médicos especialistas.
“Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo insistimos en la necesidad de un trato digno y conforme a los derechos humanos para las personas sindicadas y condenadas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Valle del Cauca”, puntualizó Carlos Camargo.
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Las versiones sobre el origen de la tragedia
Desde el primer día tanto el director del Inpec, Tito Castellanos, como el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, deslegitimaron las versiones que indicaban un motín e indicaron que todo habría comenzado por una riña entre internos, que prendieron fuego a colchonetas. “Fue una discusión de internos que termina generando la conflagración. La guardia trató de controlar las llamas y luego tuvo que intervenir el Cuerpo de Bomberos del municipio”, dijo el ministro.
De la pelea se cree que era una disputa por el poder entre alias Brai, quien había llegado hace poco a la cárcel y Miller, quien tenía el control. En medio de la noche el grupo del primero rompió las planchas de concreto que servían de cama y comenzaron a lanzar trozos contra el otro bando, que al parecer respondió de la misma forma, por lo que intentaron escudarse con los colchones.
Por su parte, el teniente Azarías Hincapié, comandante de Bomberos de Tuluá, resaltó en su momento que en el sitio ya se habían presentado tres incendios, pero a diferencia de este, las emergencias habían sido en el día y los reclusos se encontraban en otros espacios.