7 Jan 2020 - 8:53 p. m.

Denuncian nueva incursión de miembros de las Agc en Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó

Los habitantes dicen que hacia las 2:00 p.m. del pasado domingo 5 de enero un grupo de más de 30 paramilitares vestidos de camuflado y con armas largas se movilizaron por distintas comunidades negras e indígenas. El Ejército señala que los uniformados hacen presencia en la zona para proteger a las comunidades.

Redacción Judicial y Nacional

De acuerdo con el reporte de la comunidad indígena este grupo armado se dirigió hacia a la comunidad de Alto Guayabal.
 / Cristian Garavito - El Espectador
De acuerdo con el reporte de la comunidad indígena este grupo armado se dirigió hacia a la comunidad de Alto Guayabal. / Cristian Garavito - El Espectador

Las comunidades indígenas y negras de Curavaradó y Jiguamiandó, en zona rural del municipio chocoano de Riosucio, denunciaron que el pasado domingo 5 de enero de 2019, un grupo de más de 30 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) vestidos de camuflado y armas largas se movilizaron por distintas comunidades de la zona.

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Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización social que hace presencia en esta zona, miembros de las Agc “ordenaron reunirse a toda la comunidad y preguntaron por los líderes y lideresas. En la reunión manifestaron que debían deforestar y sembrar coca”, informó la comisión en un comunicado. Durante la reunión los paramilitares afirmaron tener el control territorial de la zona. “Luego de escucharles y a pesar de la objeción de la comunidad, la guardia ambiental exigió retirarse de su lugar de habitación”, se lee en el informe emitido por la comisión.

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Según las comunidades y la organización social, las acciones de control por parte de los Gaitanistas (denominados como Clan del Golfo por el Gobierno) se hacen a través de dos o tres personas vestidas de civil con armas cortas y radios de comunicación que hacen presencia en la mayoría de comunidades. Estas actuaciones se complementan con las de presión militar con armas de combate.

¿Qué dice el Ejército?

El general Ramírez le dijo a El Espectador que gran parte de los operativos de la Séptima de Brigada se concentran los hombres del Ejército y la Armada quienes patrullan el río Atrato y sus vertientes. “Manejamos operativos en las cabeceras de estas comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Tenemos operaciones en los ríos Truandó, Salaquí, Curvaradó y Jiguamiandó, ubicados en los municipios de Riosúcio y Carmen del Darién. Asimismo tenemos tropas en el ETCR las Brisas, y en las comunidades indígenas, donde ya están llegando las tropas, como Nuevo Cañaveral, Alto Guayabal, entre otras”.

En cuanto a las denuncias de la comunidad de posibles relaciones entre algunos miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares, el Comando de la Séptima División informó en las útlimas horas que "ordenó la realización de pruebas de confianza y confiabilidad institucional, a las tropas desplegadas en esta región del país".

El Urabá chocoano y antioqueño funciona el corazón de las Agc, organización liderada por alias Otoniel, el hombre más buscado por las autoridades en Colombia y que es señalado de ser el principal enlace de los envíos de cocaína a Mexico y que llega a manos del cartel de Sinaola. Desde hace cinco años, la Fuerza Pública desarrolla varias operaciones para dar con su captura, la cual fue denominada operación Agamenón. Hasta el momento, se han capturado varios hermanos del narcotraficante que hacen parte de la estructura y jefes de frentes como alias Inglaterra o Gavilán.

En diciembre pasado, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló en diciembre pasado que en el norte del departamento, en el Carmen del Darién y Riosucio, hacen presencia dos subestructuras del Clan del Golfo: la Roberto Vargas Gutiérrez y la Pablo José Montalvo. El general aseguró que en 2019 la Fuerza de Tarea Titán, compuesta por 3.200 uniformados,  capturó a 89 hombres de Otoniel durante 2019 y aseguró que los uniformados tienen un gran componente de Ejército y de Armada que navega por los ríos por donde las Agc y la guerrilla del Eln transitan. 

Antecedentes

En julio de 2019 se presentó el caso de una persona desaparecida en el territorio de Jiguamiandó, quien se negó a entregar las siembras de coca a los paramilitares de las Agc. Según la Comisión, la comunidad embera “ha reiterado la ineficacia de las actuaciones militares dado que la operación de este grupo paramilitar pasa por lugares de presencia militar y policial”.

Debido a las amenazas de muerte que han recibido varios pobladores de la región por las denuncias que presentaron frente a las operaciones de las Agc, varios miembros de la comunidad se vieron obligados a salir de la zona. “En medio de la tolerancia de las fuerzas militares y policiales, esta estructura armada tiene un total control sobre el río Jiguamiandó y el río Tamboral”, informó la Comisión quien además dijo que estos ríos son los que permiten la movilidad y tránsito de las comunidades indígenas, afrocolombianas y afromestizas hacia Murindó, Curvaradó y a Mutatá.

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En febrero de 2019, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA) registró en Jiguamiandó entre Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Nacional, además de bombardeos en Jiguamiandó, zona rural del municipio Carmen del Darien. En ese momento, aproximadamente 356 indígenas (121 familias) estuvieron confinadas. Las personas afectadas pertenecían a la comunidad Alto guayabal del resguardo Uradá, territorio colectivo del municipio, quienes no podían transitar hacia otros corregimientos por orden de los grupos armados y la alerta ante posibles accidentes con minas antipersonas (MAP) en los senderos por donde transitan las comunidades.

"Preocupan las intimidaciones y amenazas por parte del grupo armado organizado (GAO) Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y del ELN contra líderes sociales que habitan estos territorios, causando temor en las comunidades circunvecinas de la cuenca del río Jiguamiandó. La presencia de cultivos ilícitos y exposición directa a riesgos e impacto por las hostilidades en la zona, dado los intereses de los grupos armados, es un factor que agudiza la situación actual", señaló la OCHA en su momento.

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