Dientes a Superfinanciera y Supersociedades para frenar pirámides

Crea mecanismo que permitan salvaguardar los recursos entregados a "estos recaudadores ilícitos", para que con medidas administrativas se puedan recuperar esos dineros en el momento que sean posibles y "los podamos devolver de la manera establecidas por los decretos para que se vite al menos, gran parte de esta defraudación en curso", explicó el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.

Los cuatro decretos con fuerza de ley endurecen las penas para los captadores ilegales de dinero. Se pasa de una prisión excarcelable a condenas que van de 10 a 20 años de prisión para los que comentan este tipo de delitos, y una multa hasta de 150.000 salarios mínimos legales. Se crea un nuevo delito para quienes hayan captado dinero en forma ilegal, no lo devuelvan entonces serán castigado con penas de entre 96 y 180 meses de prisión y una multa hasta 15.000 salarios mínimos legales. Este delito contempla un beneficio especial para quienes entreguen los dineros objeto del ilícito.

Si utiliza los medios masivos de comunicación, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.

Los alcaldes y gobernadores fueron facultados para intervenir y denunciar la presencia de las llamadas pirámides y actuar con la policía para frenar la proliferación de estos negocios.

Igualmente el Gobierno dotó de dientes a las superintendencias Financiera y de Sociedades para intervenir de manera preventiva.

Entrega poderes especiales a los alcaldes y gobernadores para que procedan de manera precautelativa al sellamiento y cierre de los establecimientos y puedan proteger los bienes recaudados, para después ser entregados a la Superintendencia de Sociedades.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, explicó que la Superintendencia de Sociedades, a partir de la expedición de este decreto, puede intervenir de manera inmediata cuando perciba que hay captación masiva e ilegal del público. Reconoció que antes era difícil intervenir porque tenían que iniciar un proceso largo y dispendioso. La faculta para "suspender de manera inmediata las operaciones de captación o recaudos no autorizados, es decir parar de inmediato esas operaciones", explicó el funcionario.

Puede tomar posesión inmediata de bienes y haberes para devolver a la gente que ha llevado allí sus ahorros, y hacer la devolución ordenada de los recursos incautados. La Superintendencia de Sociedades entra a reforzar el equipo interinstitucional del Gobierno y esta dependencia va dirigida a actuar contra la comercializadora DMG que no se presenta como recaudadora de dineros solamente.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga explicó un caso hipotético de intervención del agente liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades, indicando que el dinero incautado se entregará a los ahorradores de acuerdo con el monto incautado y con el aporte de cada uno de los perjudicados.

Roberto Borrás, superintendente Financiero (e) explicó que el decreto entrega a la entidad "procedimientos rápidos para actuar de manera ágil, expedita, cuando existan hechos objetivos o notorios que sugieran que se están captando o recaudando sin autorización, recursos de las personas.

Crea mecanismo que permitan salvaguardar los recursos entregados a "estos recaudadores ilícitos", para que con medidas administrativas se puedan recuperar esos dineros en el momento que sean posibles y "los podamos devolver de la manera establecidas por los decretos para que se vite al menos, gran parte de esta defraudación en curso", explicó el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.

Los cuatro decretos con fuerza de ley endurecen las penas para los captadores ilegales de dinero. Se pasa de una prisión excarcelable a condenas que van de 10 a 20 años de prisión para los que comentan este tipo de delitos, y una multa hasta de 150.000 salarios mínimos legales. Se crea un nuevo delito para quienes hayan captado dinero en forma ilegal, no lo devuelvan entonces serán castigado con penas de entre 96 y 180 meses de prisión y una multa hasta 15.000 salarios mínimos legales. Este delito contempla un beneficio especial para quienes entreguen los dineros objeto del ilícito.

Si utiliza los medios masivos de comunicación, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.

Los alcaldes y gobernadores fueron facultados para intervenir y denunciar la presencia de las llamadas pirámides y actuar con la policía para frenar la proliferación de estos negocios.

Igualmente el Gobierno dotó de dientes a las superintendencias Financiera y de Sociedades para intervenir de manera preventiva.

Entrega poderes especiales a los alcaldes y gobernadores para que procedan de manera precautelativa al sellamiento y cierre de los establecimientos y puedan proteger los bienes recaudados, para después ser entregados a la Superintendencia de Sociedades.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, explicó que la Superintendencia de Sociedades, a partir de la expedición de este decreto, puede intervenir de manera inmediata cuando perciba que hay captación masiva e ilegal del público. Reconoció que antes era difícil intervenir porque tenían que iniciar un proceso largo y dispendioso. La faculta para "suspender de manera inmediata las operaciones de captación o recaudos no autorizados, es decir parar de inmediato esas operaciones", explicó el funcionario.

Puede tomar posesión inmediata de bienes y haberes para devolver a la gente que ha llevado allí sus ahorros, y hacer la devolución ordenada de los recursos incautados. La Superintendencia de Sociedades entra a reforzar el equipo interinstitucional del Gobierno y esta dependencia va dirigida a actuar contra la comercializadora DMG que no se presenta como recaudadora de dineros solamente.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga explicó un caso hipotético de intervención del agente liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades, indicando que el dinero incautado se entregará a los ahorradores de acuerdo con el monto incautado y con el aporte de cada uno de los perjudicados.

Roberto Borrás, superintendente Financiero (e) explicó que el decreto entrega a la entidad "procedimientos rápidos para actuar de manera ágil, expedita, cuando existan hechos objetivos o notorios que sugieran que se están captando o recaudando sin autorización, recursos de las personas.