Durante el primer trimestre de 2019, 25 defensores de DD.HH. fueron asesinados en Colombia

Un total de 25 defensores colombianos de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año, según un informe de la ONG Programa Somos Defensores divulgado este lunes, 20 de mayo, en el que se documentaron 245 agresiones, entre homicidios, atentados y amenazas.

"Lamentablemente, durante el inicio de este año la violencia contra defensoras y defensores no ha parado. Entre los meses de enero y marzo registramos 245 agresiones diferentes, en gran parte provenientes del territorio nacional, pues estas ocurrieron en 25 de los 32 departamentos de Colombia", señaló el informe.

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), en el cual se basó Somos Defensores para su análisis, los departamentos en donde se cometieron los asesinatos fueron Antioquia, con cinco casos; Cauca, con cuatro; Norte de Santander, con cuatro; Valle del Cauca, con tres; Nariño, con dos; Caquetá, con dos; y Arauca, Bolívar, Casanare, Magdalena y Santander con un caso cada uno.

Lea también: ¿Quién está asesinando a los defensores de Derechos Humanos?

En el documento también se indicó que, en comparación con el mismo periodo de 2018, esta año se presentó un "incremento del 66 % en el número de agresiones", y el de asesinatos se redujo de 41 a 25.

El Siaddhh añadió que el Gobierno colombiano sigue "sin tomar medidas efectivas" para garantizar los derechos de las comunidades y de los defensores.

"Mientras las vidas sigan en riesgo será una demanda permanente que la institucionalidad gire su mirada y centre sus esfuerzos en la atención a esta situación de crisis para evitar que los líderes deban seguir trabajando bajo el miedo", puntualizó la ONG.

Con relación a los presuntos culpables, de las 245 agresiones registradas se encontró que "los grupos paramilitares son posiblemente los responsables de 146 casos (59,6 %)".

Otros posibles autores son desconocidos (65 casos), disidencias de las Farc (23), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, (10) y la fuerza pública (1).

Tema relacionado: 2018, el año más violento contra los líderes sociales en Colombia

"De igual modo se evidencia un aumento significativo en las agresiones presuntamente cometidas por estructuras armadas disidentes o residuales de las Farc, dado que en el primer trimestre de 2018 el Siaddhh registró seis casos y en el mismo periodo de 2019 se documentaron 23", señaló el informe.

En abril, Somos Defensores divulgó su informe anual en el que señaló que 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 homicidios de 2017.

Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

Por otro lado, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), de la comunidad jesuita, mostró su preocupación por el aumento del anonimato de los victimarios en los casos de violencia política en Colombia.

Un total de 25 defensores colombianos de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año, según un informe de la ONG Programa Somos Defensores divulgado este lunes, 20 de mayo, en el que se documentaron 245 agresiones, entre homicidios, atentados y amenazas.

"Lamentablemente, durante el inicio de este año la violencia contra defensoras y defensores no ha parado. Entre los meses de enero y marzo registramos 245 agresiones diferentes, en gran parte provenientes del territorio nacional, pues estas ocurrieron en 25 de los 32 departamentos de Colombia", señaló el informe.

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), en el cual se basó Somos Defensores para su análisis, los departamentos en donde se cometieron los asesinatos fueron Antioquia, con cinco casos; Cauca, con cuatro; Norte de Santander, con cuatro; Valle del Cauca, con tres; Nariño, con dos; Caquetá, con dos; y Arauca, Bolívar, Casanare, Magdalena y Santander con un caso cada uno.

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En el documento también se indicó que, en comparación con el mismo periodo de 2018, esta año se presentó un "incremento del 66 % en el número de agresiones", y el de asesinatos se redujo de 41 a 25.

El Siaddhh añadió que el Gobierno colombiano sigue "sin tomar medidas efectivas" para garantizar los derechos de las comunidades y de los defensores.

"Mientras las vidas sigan en riesgo será una demanda permanente que la institucionalidad gire su mirada y centre sus esfuerzos en la atención a esta situación de crisis para evitar que los líderes deban seguir trabajando bajo el miedo", puntualizó la ONG.

Con relación a los presuntos culpables, de las 245 agresiones registradas se encontró que "los grupos paramilitares son posiblemente los responsables de 146 casos (59,6 %)".

Otros posibles autores son desconocidos (65 casos), disidencias de las Farc (23), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, (10) y la fuerza pública (1).

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"De igual modo se evidencia un aumento significativo en las agresiones presuntamente cometidas por estructuras armadas disidentes o residuales de las Farc, dado que en el primer trimestre de 2018 el Siaddhh registró seis casos y en el mismo periodo de 2019 se documentaron 23", señaló el informe.

En abril, Somos Defensores divulgó su informe anual en el que señaló que 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 homicidios de 2017.

Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

Por otro lado, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), de la comunidad jesuita, mostró su preocupación por el aumento del anonimato de los victimarios en los casos de violencia política en Colombia.