EE.UU. y las presiones por biotecnológicos
En una carta, el embajador de Colombia en Washington dejó claras las preocupaciones de la industria norteamericana ante el decreto sobre estos medicamentos.
Pablo Correa
En una carta, el embajador de Colombia en Washington, Luis Carlos Villegas, dejó claras las preocupaciones de la industria norteamericana ante el polémico decreto sobre medicamentos biotecnológicos que el gobierno está a punto de aprobar. Después de cuatro años, piden más tiempo y están en contra de que Colombia desarrolle sus propios productos.
“Quisiera poner en su conocimiento una serie de hechos y comentarios que se han presentado en los últimos días, sobre los cuales quisiera el mayor análisis de su equipo técnico”. Así comienza la carta que Villegas le envió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a propósito del mencionado decreto.
La carta deja ver claramente que esa iniciativa, que viene discutiéndose desde hace cuatro años, toca profundos intereses comerciales que explican las súbitas presiones diplomáticas y políticas.
Cuenta el embajador en su carta, que la Oficina del representante comercial de Estados Unidos, la Asociación de Empresas de la Industria de la Biotecnología y la poderosa Cámara de Comercio de ese país han pedido que se prorrogue el plazo para entregar comentarios sobre el borrador del decreto que publicó el 10 de julio el Ministerio de Salud.
Aunque el Gobierno lo publicó este mes y dio un plazo inicial de 8 días (que luego amplió a 15) para esos comentarios, la verdad es que el problema no ha sido la falta de tiempo para permitir el debate. Este es el quinto borrador del decreto y comenzó a discutirse hace cuatro años.
El decreto aborda un tema crucial para la salud de los pacientes en Colombia y para la estabilidad financiera de todo el sistema de salud colombiano. Un informe de Fedesarrollo reveló que Colombia gasta unos US$1.000 millones cada año en medicamentos biotecnológicos que son usados para el tratamiento de algunos tipos de cánceres, enfermedades reumáticas como la artritis y enfermedades raras, principalmente. Ante el elevado costo de estos fármacos, el Gobierno apuesta por una apertura del mercado para que puedan competir quienes fabrican productos “biosimilares”, es decir, versiones genéricas pero de igual calidad que las originales. De acuerdo con la carta, para estos grupos económicos no fue suficiente el plazo extra de una semana que ya se había concedido por intermediación del Viceministerio de Comercio Exterior de Colombia. “La prórroga de comentarios debería extenderse hasta 60 días”, es el mensaje que transmite el embajador.
De los ocho puntos expuestos por Villegas, uno que no debería pasar desapercibido es el número cinco. “El borrador de decreto promueve según USTR (Oficina del representante comercail de EE.UU.) una intención comercial en el sentido de que se establece la creación de una agencia para el desarrollo de la manufactura de productos biológicos de Colombia”. Aunque en el decreto no se menciona nada de esto, el comentario sí deja en evidencia los intereses de los norteamericanos. ¿Es legítimo que la industria farmacéutica de Estados Unidos quiera impedir que Colombia desarrolle sus propios productos? En otro escenario, es como si Colombia pretendiera que empresas como Starbucks no pudieran abrir tiendas en su propio país o producir café en EE. UU.
También resulta interesante la preocupación de los comerciantes de norteamericanos por la salud de los pacientes colombianos. “De acuerdo con BYO y la U.S. Chamber of Commerce, la ruta abreviada pone en riesgo la salud de los pacientes, ya que es difícil bajo esta medida revisar la trazabilidad de los productos en mención”. Esta preocupación resulta paradójica si se tiene en cuenta que gran parte del problema en torno a los medicamentos biotecnológicos que necesitan unos 2,5 millones de colombianos es el acceso a ellos debido a su alto costo. El mismo estudio de Fedesarrollo mostró que en los últimos años los laboratorios americanos y europeos inflaron los precios de sus productos estrella entre 100 y 1.000%, impidiendo que miles de colombianos enfermos tuvieran acceso a ellos y poniendo en peligro todas las finanzas del sistema de salud.
Para terminar, los comerciantes de EE.UU. piden que el decreto pase una vez más a consultas en la Organización Mundial de Comercio, un escenario donde saben bien que pueden tener mucho más margen de maniobra.
En una carta, el embajador de Colombia en Washington, Luis Carlos Villegas, dejó claras las preocupaciones de la industria norteamericana ante el polémico decreto sobre medicamentos biotecnológicos que el gobierno está a punto de aprobar. Después de cuatro años, piden más tiempo y están en contra de que Colombia desarrolle sus propios productos.
“Quisiera poner en su conocimiento una serie de hechos y comentarios que se han presentado en los últimos días, sobre los cuales quisiera el mayor análisis de su equipo técnico”. Así comienza la carta que Villegas le envió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a propósito del mencionado decreto.
La carta deja ver claramente que esa iniciativa, que viene discutiéndose desde hace cuatro años, toca profundos intereses comerciales que explican las súbitas presiones diplomáticas y políticas.
Cuenta el embajador en su carta, que la Oficina del representante comercial de Estados Unidos, la Asociación de Empresas de la Industria de la Biotecnología y la poderosa Cámara de Comercio de ese país han pedido que se prorrogue el plazo para entregar comentarios sobre el borrador del decreto que publicó el 10 de julio el Ministerio de Salud.
Aunque el Gobierno lo publicó este mes y dio un plazo inicial de 8 días (que luego amplió a 15) para esos comentarios, la verdad es que el problema no ha sido la falta de tiempo para permitir el debate. Este es el quinto borrador del decreto y comenzó a discutirse hace cuatro años.
El decreto aborda un tema crucial para la salud de los pacientes en Colombia y para la estabilidad financiera de todo el sistema de salud colombiano. Un informe de Fedesarrollo reveló que Colombia gasta unos US$1.000 millones cada año en medicamentos biotecnológicos que son usados para el tratamiento de algunos tipos de cánceres, enfermedades reumáticas como la artritis y enfermedades raras, principalmente. Ante el elevado costo de estos fármacos, el Gobierno apuesta por una apertura del mercado para que puedan competir quienes fabrican productos “biosimilares”, es decir, versiones genéricas pero de igual calidad que las originales. De acuerdo con la carta, para estos grupos económicos no fue suficiente el plazo extra de una semana que ya se había concedido por intermediación del Viceministerio de Comercio Exterior de Colombia. “La prórroga de comentarios debería extenderse hasta 60 días”, es el mensaje que transmite el embajador.
De los ocho puntos expuestos por Villegas, uno que no debería pasar desapercibido es el número cinco. “El borrador de decreto promueve según USTR (Oficina del representante comercail de EE.UU.) una intención comercial en el sentido de que se establece la creación de una agencia para el desarrollo de la manufactura de productos biológicos de Colombia”. Aunque en el decreto no se menciona nada de esto, el comentario sí deja en evidencia los intereses de los norteamericanos. ¿Es legítimo que la industria farmacéutica de Estados Unidos quiera impedir que Colombia desarrolle sus propios productos? En otro escenario, es como si Colombia pretendiera que empresas como Starbucks no pudieran abrir tiendas en su propio país o producir café en EE. UU.
También resulta interesante la preocupación de los comerciantes de norteamericanos por la salud de los pacientes colombianos. “De acuerdo con BYO y la U.S. Chamber of Commerce, la ruta abreviada pone en riesgo la salud de los pacientes, ya que es difícil bajo esta medida revisar la trazabilidad de los productos en mención”. Esta preocupación resulta paradójica si se tiene en cuenta que gran parte del problema en torno a los medicamentos biotecnológicos que necesitan unos 2,5 millones de colombianos es el acceso a ellos debido a su alto costo. El mismo estudio de Fedesarrollo mostró que en los últimos años los laboratorios americanos y europeos inflaron los precios de sus productos estrella entre 100 y 1.000%, impidiendo que miles de colombianos enfermos tuvieran acceso a ellos y poniendo en peligro todas las finanzas del sistema de salud.
Para terminar, los comerciantes de EE.UU. piden que el decreto pase una vez más a consultas en la Organización Mundial de Comercio, un escenario donde saben bien que pueden tener mucho más margen de maniobra.