El caos en San Andrés, diagnosticado por la Procuraduría
La débil gestión de la autoridad ambiental Coralina, la ausencia de estrategias para mejorar el nivel de vida de los habitantes y la falta de apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, son algunas de las problemáticas que presentó el Ministerio Público.
Redacción Nacional
Tras hacerle seguimiento durante dos años a las problemáticas de la Reserva Biósfera Seaflower y de la islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Procuraduría hizo público un estudio sobre el control de la gestión de la Reserva y las estrategias del Gobierno Nacional después del fallo de La Haya que redefinió las fronteras con Nicaragua.
En el estudio, la Procuraduría aseguró que Coralina, la entidad autónoma encargada del desarrollo sostenible del Archipiélago, requiere de una reingeniería interna, “porque la actual es una entidad débil, con una baja capacidad de gestión y cumplimiento”.
El Ministerio Público también dijo que el Ministerio de Ambiente debe convertirse en un referente para la administración de la Reserva Biósfera, colaborando en la definición de políticas y la asignación de recursos, para así mejorar la gestión de Coralina en esta zona que fue declarada reserva por la UNESCO.
En cuanto al problema demográfico, la Procuraduría llamó la atención a que la principal dificultad está en el desabastecimiento de agua. Por el aumento de los habitantes en la zona y el ingreso de turistas, “la cantidad de liquito disponible es inferior al necesario para abastecer al menos una hora diaria a toda la isla”, afirma el estudio.
El Ministerio Público, como conclusión, hizo un llamado a las entidades nacionales y departamentales encargadas para que diseñen estrategias sociales, económicas y ambientales adecuadas que reflejen mejoras concretas en el nivel de vida de las personas que viven en el Archipiélago y en la protección efectiva de los ecosistemas que hacen parte de la Reserva Seaflower.
Tras hacerle seguimiento durante dos años a las problemáticas de la Reserva Biósfera Seaflower y de la islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Procuraduría hizo público un estudio sobre el control de la gestión de la Reserva y las estrategias del Gobierno Nacional después del fallo de La Haya que redefinió las fronteras con Nicaragua.
En el estudio, la Procuraduría aseguró que Coralina, la entidad autónoma encargada del desarrollo sostenible del Archipiélago, requiere de una reingeniería interna, “porque la actual es una entidad débil, con una baja capacidad de gestión y cumplimiento”.
El Ministerio Público también dijo que el Ministerio de Ambiente debe convertirse en un referente para la administración de la Reserva Biósfera, colaborando en la definición de políticas y la asignación de recursos, para así mejorar la gestión de Coralina en esta zona que fue declarada reserva por la UNESCO.
En cuanto al problema demográfico, la Procuraduría llamó la atención a que la principal dificultad está en el desabastecimiento de agua. Por el aumento de los habitantes en la zona y el ingreso de turistas, “la cantidad de liquito disponible es inferior al necesario para abastecer al menos una hora diaria a toda la isla”, afirma el estudio.
El Ministerio Público, como conclusión, hizo un llamado a las entidades nacionales y departamentales encargadas para que diseñen estrategias sociales, económicas y ambientales adecuadas que reflejen mejoras concretas en el nivel de vida de las personas que viven en el Archipiélago y en la protección efectiva de los ecosistemas que hacen parte de la Reserva Seaflower.