El cruce de versiones por funcionamiento del aplicativo Betto en el ICBF

El aplicativo BETTO (Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad) se usa para la selección de las entidades que prestan los servicios para la atención de los niños y niñas.

Foto: ICBF

Versiones encontradas y señalamientos han puesto sobre la mesa la discusión respecto al funcionamiento del aplicativo BETTO (Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad), que fue presentado en noviembre de 2020 como herramienta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para fortalecer los servicios para niñas y niños entre los 0 y 5 años de edad. “BETTO incorpora la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad, para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”, explicó en su momento el presidente Iván Duque.

Sin embargo, fuentes consultadas han señalado que la herramienta lleva dos semanas colapsada por miles de reclamaciones por falta de transparencia, pues la publicación de operadores seleccionados por Betto, que debía conocerse el 13 de mayo y que se produjo seis días después, originó una avalancha de denuncias por certificaciones ilegítimas o falsas que aparentemente el aplicativo Betto está aceptando.

De acuerdo con las denuncias, los contratos tenían que firmarse y legalizarse antes del 31 de mayo para dar continuidad al servicio el 01 de junio, pero a la fecha el ICBF no ha podido resolver las reclamaciones y solamente se han firmado pocos contratos. Únicamente la modalidad comunitaria de atención está funcionando con cerca de 500.000 niños.

“Lo increíble es que todo este problema es por una contratación que apenas va a durar seis meses”, señaló a este diario uno de los operadores en el norte del país, que exhibe la evidencia de una IPS que le certifica a una fundación experiencia específica en primera infancia.

Ante la situación, operadores que se consideran lesionados han comenzado a interponer tutelas y anuncian una tutelatón. “Si hubo un escándalo y se cayó una ministra por los certificados falsos en el contrato de 70.000 millones de Centros Poblados, aquí estamos hablando de la feria mayor de papeles espurios, inventados, para una contratación que suma alrededor de un billón de pesos”, anotó un operador que pidió no ser identificado.

Desde el ICBF aseguran, sin embargo, que la situación es muy distinta. Lina Arbeláez, directora del Instituto, sostiene que lo que hay detrás es un puja de intereses impulsada por operadores que estaban acostumbrados a recibir contratos y que se han quedado por fuera. “Hace dos años creamos a Betto que es un algoritmo de inteligencia artificial que tiene criterio para una elección objetiva, transparente y con los mejores. Cuando empiezan a salir los operadores, genera molestia”.

Arbeláez asegura que precisamente Betto ayuda a que haya transparencia en los procesos de contratación y se acabe la corrupción en estos escenarios: “Los datos que un operador sube para certificar experiencia, son públicos. Todo el mundo puede escrutarlos y revisarlos. Eso no sucedía antes. Hay un comité evaluador que hace visita a las instalaciones de los operadores. Muchas veces se dan cuenta de que las instalaciones no existen, o que no cumplen con los estándares de calidad que están establecidos en los manuales. Gracias a eso y a las denuncias que llegan abiertamente frente a documentos falsos por parte de operadores, nosotros podemos hacer un ejercicio de denuncia ante la fiscalía general de la Nación para que efectivamente haya una sanción penal por falsedad en documento público”.

En términos generales el proceso es el siguiente: cuando el algoritmo entra en funcionamiento hace una ejercicio de elegibilidad de orden numérico y el comité evaluador revisa los documentos entregados por los tres primeros postulados que aparecen en ese ranking que crea la herramienta. El comité es el que está llamado a establecer si hay irregularidades en la documentación, en cuyo caso se cambia el orden de elegibilidad. Dicho comité, además, está integrado por personas de la regional y personas a nivel nacional, con el objetivo de poder blindar totalmente el proceso. También cabe recordar que el ICBF es una entidad descentralizada, por lo que la ordenación del gasto recae en los directores territoriales.

Aunque algunas fuentes del Comité aseguran que en una instancia distinta de la entidad se interfiere con los resultados del aplicativo y que ellos no pueden responder por lo que está pasando, también desde el ICBF han detectado irregularidades con los integrantes del comité de evaluadores. “Tenemos identificados casos en Córdoba y Chocó. En Chocó, desafortunadamente la persona designada por el director regional como parte del comité de evaluación era familiar de un operador y vició todo el proceso. Entonces nos dimos cuenta y el proceso tuvo que retrotraerse para volver a cumplir todos los pasos. No hay que olvidar que los directores regionales son electos desde una terna por el gobernador, después de un concurso, pero son funcionarios del Estado colombiano y en ellos en este momento recae la contratación”.

Sobre las demoras en los procesos de contratación denunciadas desde algunos regiones, Arbeláez sostiene que el problema radica en que aunque los resultados de Betto salieron desde el 19 de mayo, algunas personas de los comités regionales, designadas por los directores regionales, dicen que tienen posiciones jurídicas encontradas y han decidido no firmar los contratos todavía. “Si yo no fimo el contrato, yo no puedo tener la prestación del servicio. Del 100% de la contratación del ICBF el 54% salió en proceso de renovación, y de ese porcentaje el problema recae en el 13% de los niños. Lo importante es aclarar que los 210 días de atención en el año, que establecen los lineamientos, se van a cumplir. En este momento solo estamos en un proceso de transición para firmar nuevos contratos, dando cumplimiento a la ley de garantías y haciendo un ejercicio de transparencia absoluta y de garantía de protección a los recursos de la primera infancia”, asegura.

Sobre las medidas a implementar para evitar que se sigan presentando cuellos de botella de este tipo, el ICBF insiste en que se han enviado equipos de abogados para poder revisar qué está sucediendo y que ya se solicitó a la Procuradora delegada para la niñez y la infancia un acompañamiento preventivo a esas regionales para poder evaluar la situación y garantizar se puedan firmar los contratos de manera inmediata. “Betto funcionó y que lo estén atacando es garantía de que funcionó muy bien”, concluye Arbeláez.

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Nota del editor: Este artículo se modificó para incluir la voz de la directora del ICBF.