El 30 de diciembre las detonaciones se comenzaron a escuchar sobre las 5:30 a.m., en el corregimiento de Filo Gringo, en El Tarra. Miembros de las disidencias de las Farc llegaron con el fin de tomar el control de la zona, por lo que se enfrentaron al Eln por más de 12 horas, con armas, explosivos y lo que más intimida a la población: el uso de drones.
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“Uno comienza escuchando un sonido como el de muchas abejas que se van acercando y al momento suena el bombazo. Lo fuerte son las ondas, porque rompen ventanas y acaban casitas. Por eso ahora eso es a lo que más le temen las comunidades”, aseguró el presbítero Omar Mendoza Rivera de Filo Gringo.
El día antes de Año Nuevo comenzó el nuevo desplazamiento masivo. Mendoza dice que apenas escuchó las primeras explosiones, se escondió debajo de la cama y allí permaneció la mayor parte del tiempo, hasta las 9:30 p.m., cuando sintió que ya era seguro salir, no solo de la casa cural, sino del corregimiento.
“Cada 15 minutos que uno escuchaba que se daban tregua, mucha gente aprovechaba para huir en motos y carromotos, porque allá no había transporte desde hace más de un mes. Yo salí tarde, con varias familias, cuando ya estuvimos seguros de que no había enfrentamientos. Improvisamos banderas blancas e inflamos bombas y nos fuimos para El Tarra y Tibú”, añadió el sacerdote. Nadie se quedó a recibir el año nuevo en Filo Gringo.
Hace un año, cuando se inició la crisis humanitaria en el Catatumbo, varias familias salieron de la región, aunque no en la misma magnitud que en esta última ocasión. La situación no estaba tan tensa; de hecho, varias de las familias que se desplazaron en enero de 2025 llegaron en los meses posteriores a Filo Gringo, esperando mejores condiciones, pero esto no pasó.
Al respecto, Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de la organización Vivamos Humanos, resalta que dentro de la crisis se está un doble desplazamiento, y hasta más, por cuenta de varias condiciones que han identificado este año. “Lo primero que tenemos es una vulnerabilidad de movilidad, pero también de permanencia en el territorio. Es decir, que quienes volvieron al sitio o retornaron no pudieron quedarse ahí. Los que lo hicieron solo pudieron estar temporalmente ante nuevas confrontaciones como las de diciembre”.
A esto se suman las condiciones humanitarias. Mejía señala que, en los retornos, los desplazados encontraron minadas sus parcelas o los caminos hacia ellas, así como el recrudecimiento de la violencia en los enfrentamientos ha puesto más en riesgo a las comunidades con, por ejemplo, los drones. Como si fuera poco, le suma presión que los grupos armados han aplicado mayores controles y prohibiciones que han obligado a nuevos desplazamientos dentro de la región.
Para Luis Fernando Ramírez, gerente de Catatumbo del Consejo Noruego para los Refugiados, preocupa que esto no es nuevo, sino que se haya vuelto crónico, pues hace un año comenzó en Tibú, pero los enfrentamientos ya se extienden por toda la región. Adicionalmente, el Estado no ha dado la atención que se requiere y tampoco se ven salidas rápidas, ni opciones para garantizar la atención primaria a las víctimas.
“Por los reiterados enfrentamientos es difícil la gestión tanto del Gobierno como de la ayuda humanitaria. Esto además ha causado que en lugares como Orú 7, Versalles y Vetas las personas hayan tenido que desplazarse hasta dos veces en solo una semana”, indicó Ramírez.
Esto lleva a otras vulnerabilidades, como al acceso a la educación de los menores de edad, debido a que las familias no pueden establecer una ruta educativa, porque tienen la esperanza de volver a sus territorios, así como hay problemas en las tomas de las declaraciones de los desplazados, debido a que son víctimas en lugares y condiciones diferentes en un lapso muy corto.
Sobre las vulneraciones, Carmen García, directora y fundadora de la Asociación Madres del Catatumbo por la paz, añade que también se presentan vulneraciones en términos de salud, debido a las dificultades de acceso en el desplazamiento y en el mismo trabajo, dado que los desplazamientos que se dan a cascos urbanos, como el de Cúcuta, son difíciles para las familias que se han dedicado toda su vida a labores del campo. “Muchas veredas que eran seguras, como en Pacheli, ahora no lo son y la gente tiene que volver a salir (...) y muchas veces son las mujeres las que asumen la carga del hogar, porque sus parejas murieron o tuvieron que irse a otros lados. A eso se suman los maltratos verbales y hasta sexuales que deben sufrir”.
Sin un fin del conflicto claro, para Mejía es necesario garantizar la salida humanitaria; “eso incluye la habilitación de corredores humanitarios y permitir los retornos seguros”. Además, señala que se requiere garantizar la presencia institucional en las zonas de desplazamiento, y darle viabilidad a los diálogos con los grupos armados que están en confrontación, “porque la salida no puede ser militar. Ya se probó en 2018 que llevar 10.000 hombres no funciona”.
Ramírez está de acuerdo en que es importante que en este momento se refuerce la respuesta y la capacidad de atención a quienes se encuentran confinados, así como se busquen salidas para evitar que los desplazados vuelvan a ser revictimizados.
Hacia futuro, el sacerdote Mendoza asegura que, pese a las circunstancias, aún los habitantes de la región tienen fe de que podrán volver a sus casas en algún momento. “Ahorita la gente ha estado retornando lentamente. Esto es duro para ellos, porque se les dificulta trabajar, cuidar sus animales o cultivos y seguir cualquier proyecto de vida. Uno habla con la gente de un nuevo amanecer, del cambio, y el sueño de todos es que llegue el día en que puedan tomarse un café o un chocolate con tranquilidad de estar de nuevo en sus casas, sin miedo a nada”.