44.290 personas de 15.340 familias fueron desplazadas de manera forzada de sus hogares en el primer semestre del 2021. Durante el mismo periodo del año pasado 13.912 personas de 4.311 familias fueron víctimas de este delito, lo que significa que para este año hubo un aumento del 256% en las personas afectadas. Adicionalmente, en los primeros seis meses del 2020 se presentaron 51 eventos de desplazamiento masivo, mientras que en este primer semestre han ocurrido 102 eventos de este tipo, lo que indica que se duplicaron.
Esas son las primeras cifras que entregó en la mañana de este martes 13 de julio el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la presentación del informe del primer semestre de esta entidad. Camargo también advirtió que del 1º de enero al 30 de junio 36.101 personas, de 192 comunidades, han sido obligadas a confinarse por los actores armados.
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“El accionar de los grupos armados ilegales están generando situaciones que aterrorizan a la población y generan el desplazamiento masivo de las comunidades, por cuenta de amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, presencia de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad, disputas por el control territorial y social, entre otros”, puntualizó el defensor.
El informe también advierte cuáles son los departamentos más afectados por los eventos de desplazamiento masivo: Nariño (28), Valle del Cauca (25), Cauca (14), Chocó (14), Antioquia (12), Córdoba (3), Norte de Santander (3), Risaralda (2) y Arauca (1). El departamento con mayor el número número de casos por confinamiento es Chocó (52), seguido de Nariño (7), Antioquia (4), Valle del Cauca (2), Cauca (2), Putumayo (1) y Risaralda (1).
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Camargo señaló que en el 59% de los casos de desplazamiento forzado las comunidades étnicas fueron las principales afectadas, mientras que los campesinos –comunidades no étnicas–, lo fueron en el 41% de los casos restantes. Estas cifras contrastan cuando se refiere al confinamiento: de los 68 eventos que se han presentado durante este año, el 98,5% se presentaron en territorios de comunidades étnicas y el 1,5% en los no étnicos.
El defensor hizo un urgente llamado a las autoridades para “adoptar medidas de control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos masivos, así como confinamientos con grave afectación a comunidades campesinas y étnicas. Además, es urgente brindar medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población”.