El discurso reformista del Gobierno ante las Naciones Unidas

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, pronunció en Viena (Austria) tal vez el discurso más reformista que se la haya escuchado a un político colombiano en materia de drogas a nivel internacional. En el periodo 58 de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, el Gobierno pidió a la comunidad internacional aceptar de una vez por todas que el objetivo de “un mundo libre de drogas” es utópico y “corregir el rumbo” de la guerra contra los estupefacientes.

 

El discurso de Reyes planteó que Colombia tiene unas lecciones que ofrecer al mundo, en la medida en que ha puesto miles de muertos,  ha visto a su institucionalidad cooptada por las organizaciones vinculadas con el narcotráfico y que, al tiempo que  ha disminuido la exportación ilegal de estupefacientes, ha experimentado el aumento en  el consumo al interior de sus fronteras. 

 

La primera es que la represión al negocio ilegal es insuficiente: “El derecho penal, que es la forma más drástica de control social, debe ser el último recurso para enfrentar la problemática de las drogas”. Reyes dijo que, por consumo y tráfico de pequeñas cantidades,  “(en Colombia), alrededor de 23.000 personas están en las cárceles, con un costo anual de US$138 millones, que podrían ser mejor empleados en la prevención y adopción de medidas alternativas”. 

 

También, dijo que el gobierno de Juan Manuel Santos “ ve con enorme preocupación la suerte de decenas de compatriotas que se encuentran en cárceles alrededor del mundo cumpliendo cadenas perpetuas o sentencias de pena de muerte por delitos relacionados con las drogas” y propuso que se prohíban ese tipo de penas por delitos relacionados con estupefacientes. 

 

En segundo lugar, el Minjusticia pidió que el problema de las drogas se aborde  desde la salud pública, que “no estigmatice a los usuarios, que reconozca sus derechos y que adopte medidas que reduzcan el daño para usuarios problemáticos”. Para ello, propuso que en la próxima Sesión  Especial de la Asamblea General de la ONU, que se desarrollará en Nueva York (EEUU), en 2016, se garantice la participación de organizaciones sociales promotoras de los derechos de los usuarios y con enfoque en políticas de salud pública. 

 

Tercero, pidió un enfoque territorial. Es decir que, “si la normatividad internacional aplicada a la realidad nacional llegara a entrar en contradicción con normas locales o tratados internacionales, se debe entender que priman estos últimos”. En otras palabras, que si, por ejemplo, un país decide regular o legalizar el consumo de determinada sustancia, como pretende hacerlo Colombia con el uso terapéutico del cannabis; o si, en otro caso la aplicación de un acuerdo de paz resulte en contradicciones con las políticas mundiales, esto no sea evaluado a la luz de un  marco legal internacional uniforme.

  

La última de las recomendaciones apuntó a que las políticas de drogas no sean evaluadas a la luz de resultados finales sino, también, por sus consecuencias imprevistas y sus resultados adversos,  que muchas veces pueden trascender fronteras. Además, que los nuevos indicadores deben ser la prevención, la rehabilitación y la reducción de los daños causados por la droga. 

 

Ahora, la lucha diplomática del gobierno Santos pasa porque la elaboración de una nueva política de drogas global  no sea clausurada en esta sesión de Viena para ser firmada en  Nueva York; sino que allí, en 2016,  se dé  una discusión en la Asamblea General, donde se podría trazar una hoja de ruta con un diálogo  político al más alto nivel. 

 

El objetivo pretendido es  que haya verdaderas transformaciones respecto a la política de 2009, en la que Colombia ya demostró que puede incidir en materia internacional. En ese entonces, logró que se afianzara la idea de una corresponsabilidad entre los países llamados consumidores y aquellos denominados productores.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, pronunció en Viena (Austria) tal vez el discurso más reformista que se la haya escuchado a un político colombiano en materia de drogas a nivel internacional. En el periodo 58 de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, el Gobierno pidió a la comunidad internacional aceptar de una vez por todas que el objetivo de “un mundo libre de drogas” es utópico y “corregir el rumbo” de la guerra contra los estupefacientes.

 

El discurso de Reyes planteó que Colombia tiene unas lecciones que ofrecer al mundo, en la medida en que ha puesto miles de muertos,  ha visto a su institucionalidad cooptada por las organizaciones vinculadas con el narcotráfico y que, al tiempo que  ha disminuido la exportación ilegal de estupefacientes, ha experimentado el aumento en  el consumo al interior de sus fronteras. 

 

La primera es que la represión al negocio ilegal es insuficiente: “El derecho penal, que es la forma más drástica de control social, debe ser el último recurso para enfrentar la problemática de las drogas”. Reyes dijo que, por consumo y tráfico de pequeñas cantidades,  “(en Colombia), alrededor de 23.000 personas están en las cárceles, con un costo anual de US$138 millones, que podrían ser mejor empleados en la prevención y adopción de medidas alternativas”. 

 

También, dijo que el gobierno de Juan Manuel Santos “ ve con enorme preocupación la suerte de decenas de compatriotas que se encuentran en cárceles alrededor del mundo cumpliendo cadenas perpetuas o sentencias de pena de muerte por delitos relacionados con las drogas” y propuso que se prohíban ese tipo de penas por delitos relacionados con estupefacientes. 

 

En segundo lugar, el Minjusticia pidió que el problema de las drogas se aborde  desde la salud pública, que “no estigmatice a los usuarios, que reconozca sus derechos y que adopte medidas que reduzcan el daño para usuarios problemáticos”. Para ello, propuso que en la próxima Sesión  Especial de la Asamblea General de la ONU, que se desarrollará en Nueva York (EEUU), en 2016, se garantice la participación de organizaciones sociales promotoras de los derechos de los usuarios y con enfoque en políticas de salud pública. 

 

Tercero, pidió un enfoque territorial. Es decir que, “si la normatividad internacional aplicada a la realidad nacional llegara a entrar en contradicción con normas locales o tratados internacionales, se debe entender que priman estos últimos”. En otras palabras, que si, por ejemplo, un país decide regular o legalizar el consumo de determinada sustancia, como pretende hacerlo Colombia con el uso terapéutico del cannabis; o si, en otro caso la aplicación de un acuerdo de paz resulte en contradicciones con las políticas mundiales, esto no sea evaluado a la luz de un  marco legal internacional uniforme.

  

La última de las recomendaciones apuntó a que las políticas de drogas no sean evaluadas a la luz de resultados finales sino, también, por sus consecuencias imprevistas y sus resultados adversos,  que muchas veces pueden trascender fronteras. Además, que los nuevos indicadores deben ser la prevención, la rehabilitación y la reducción de los daños causados por la droga. 

 

Ahora, la lucha diplomática del gobierno Santos pasa porque la elaboración de una nueva política de drogas global  no sea clausurada en esta sesión de Viena para ser firmada en  Nueva York; sino que allí, en 2016,  se dé  una discusión en la Asamblea General, donde se podría trazar una hoja de ruta con un diálogo  político al más alto nivel. 

 

El objetivo pretendido es  que haya verdaderas transformaciones respecto a la política de 2009, en la que Colombia ya demostró que puede incidir en materia internacional. En ese entonces, logró que se afianzara la idea de una corresponsabilidad entre los países llamados consumidores y aquellos denominados productores.