El esfuerzo de los indígenas Embera por erradicar la ablación genital femenina
El Espectador habló con uno de los líderes de esta comunidad, Alberto Wuazorna, quien trabajó por más de tres años en la sensibilización de sectores de esta población para suprimir dicha práctica de sus costumbres.
Daniela Franco García
La perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital de las mujeres, es para muchas comunidades –en especial en África- una práctica que, aunque no está documentada en escritos religiosos, representa desde hace décadas un acto cultural profundo. En algunos grupos, tal como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), “a veces ha comenzado como parte de un movimiento más amplio de resurgimiento religioso o tradicional”. No obstante, la ablación o mutilación genital femenina, como se conoce esta práctica, es considerada mundialmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas, sumado a las graves complicaciones físicas que conlleva.
Según datos de Unicef, la mutilación genital femenina se concentra en una franja de 29 países de la costa del Atlántico hasta África, con amplias variaciones en su prevalencia. Señalan las investigaciones de ‘Monitoreo de la situación de niñas y mujeres’ de esta organización que “la práctica es casi universal en Somalia, Guinea, Djibouti y Egipto, con niveles superiores al 90%, mientras que sólo afecta a un 1% por ciento de las niñas y las mujeres en Camerún y Uganda.
Quistes, esterilidad, hemorragias, infecciones versicales y urinarias, son algunos de los efectos colaterales de la ablación, una práctica que se realiza, en su mayoría, a niñas en edad temprana, entre los 2 y los 15 años. Sin embargo, pese a los daños a la salud que entidades como la OMS se han esmerado en hacer visibles, la mutilación genital no ha sido una práctica fácil de erradicar frente al dilema que representa modificar las costumbres culturales arraigadas de muchas comunidades.
Ablación en Colombia
Se calcula que 70 millones de niñas y mujeres actualmente en vida han sido sometidas a la ablación genital femenina, tan solo en África y Yemen, según cifras de UNICEF; datos que no comprenden una documentación de los casos en otros países fuera de África, como lo es Colombia donde la mutilación genital fue aprendida.
La práctica en el país fue conocida en 2007 a raíz de la muerte de dos niñas indígenas que fallecieron a causa de una infección derivada de la remoción de su clítoris en Pueblo Rico, Risaralda. Para la fecha se pudo visibilizar la ablación en Colombia y se pudo identificar que se practicaba en ciertos sectores de la comunidad indígena Embera, que se encuentra dividida en una extensa parte del territorio nacional.
La muerte de las menores permitió que organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) determinara que el país es el único en Latinoamérica donde aún se realiza la mutilación genital.
El Espectador habló con Alberto Wuazorna Bernaza, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y miembro de la comunidad Embera Chamí, quien explicó su visión de esta práctica siendo parte de esta población. Cuenta Wuazorna que el hecho de que se descubriera el tema en el país no fue una sorpresa sólo para Colombia, también para líderes de la comunidad Embera que no conocían que esta práctica se realizara en ciertas zonas de su comunidad.
“Cuando descubrieron este tema en Risaralda organizaciones nacionales e internacionales empezaron a bombardearnos a las organizaciones indígenas en Risaralda en búsqueda de respuestas. Se notaba que era algo muy delicado, pero desconocido para nosotros, algo nuevo para las comunidades indígenas desde el ámbito político y organizativo del cabildo mayor o el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) y con lo que la mayoría no estábamos de acuerdo”, relata Wuazorna, quien destaca que se trató de tiempos difíciles pues se enfrentaban a un tema del que no tenían manejo y por el que fueron señalados como “animales, como salvajes y personas que no eran desarrolladas”.
“En esos años nos tocó hacer mucho trabajo con docentes, indígenas, enfermeros, gobernadores veredales y autoridades mayores. El tema más importante era con las parteras, porque esto es manejado solo por ellas, era algo muy privado y un tema exclusivo de las mujeres. Al poder llegar a ellas pudimos ir avanzando para poder socializar el tema y que la no realización de estas prácticas fueran conocidas como una política”, señala Wuazorna.
“La causa del movimiento indígena se basa en principios como la vida, el respeto, el derecho y la hermandad. Descubrí que esta situación tan difícil golpeaba a nuestras niñas y poder entrar a actuar en este tema fue una gran experiencia, pese a lo complicado de trabajarlo”, añade el líder indígena, quien resalta que se lograron avances en ciertas zonas de Risaralda donde la ablación ya no se realiza.
Pese a que la Defensoría del Pueblo indica que en los últimos 8 meses no se registraron casos de ablación o mutilación genital femenina en las comunidades indígenas de Risaralda, Alberto Wuazorna reconoce que aún hay casos y que se debe trabajar en el tema, pues indica, un proyecto de tres años no es suficiente para llegar a todos los Embera, constituidos por más de 250 mil miembros. “Es necesario hacer un llamado para que el Gobierno se apropie de un proyecto macro planteado por la Nacion Embera que busca avanzar en este trabajo contra la ablación”.
El ICBF llama a unir fuerzas
Cristina Díaz, asesora de la dirección de familia de comunidades para temas étnicos del ICFB, indica que la mutilación genital sigue vigente en Colombia pese a que el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ha emprendido distintas acciones para sensibilizar a sectores indígenas cuidando no violentar su cultura.
Es así como junto a la ONIC, el UNFPA y el ICBF se emitió en 2012 el mandato de los pueblos en el que las autoridades indígenas se comprometían a erradicar la ablación. “Este acuerdo fue un éxito en cuanto a su firma, pero aunque suena muy bonito, en la realidad la implementación de éste es mucho más complejo”, resalta Díaz, quien añade que al hablar de ablación en el país se ha caído en la revictimización de las mujeres de la comunidad indígena al estigmatizarlas.
Derechos sexuales, salud, entre otros temas, han sido los asuntos tratados en las comunidades en las que se ha visto algunos avances. De hecho, el ICBF adelanta un proyecto en el que se buscaría crear una marca al momento de la distribución de artículos, en su mayoría hechos por indígenas, con la que se financiaría acciones en contra de la mutilación genital, un plan que aún está en proceso de desarrollo.
Pero pese a dichos esfuerzos, Cristina Díaz señala que es necesario que distintas entidades del Gobierno se vinculen. “Es importante la acción de muchos sectores, sería por ejemplo vital que el Ministerio de Cultura también hiciera una revisión del tema a través del enfoque cultural y poblacional para determinar cómo abordar este tipo de temas. La ablación es así mismo un asunto de mortalidad infantil y en este punto el ministerio de salud podría ayudar en la documentación de casos que nos permitan tener cifras para trabajar en el país; y de la misma forma el Ministerio de Educación podría jugar un papel en la prevención y acciones pedagógicas”, recalca Díaz, quien apunta que “solo estamos viendo la punta de iceberg” en el tema de la mutilación genital en Colombia, donde tal como señala el líder Embera, Alberto Wuazorna, “nos enfrentamos a un tema de siglos, un proceso de más de 200 años que no podemos pretender desaparecer en tres”.
dfranco@elespectador.com
La perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital de las mujeres, es para muchas comunidades –en especial en África- una práctica que, aunque no está documentada en escritos religiosos, representa desde hace décadas un acto cultural profundo. En algunos grupos, tal como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), “a veces ha comenzado como parte de un movimiento más amplio de resurgimiento religioso o tradicional”. No obstante, la ablación o mutilación genital femenina, como se conoce esta práctica, es considerada mundialmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas, sumado a las graves complicaciones físicas que conlleva.
Según datos de Unicef, la mutilación genital femenina se concentra en una franja de 29 países de la costa del Atlántico hasta África, con amplias variaciones en su prevalencia. Señalan las investigaciones de ‘Monitoreo de la situación de niñas y mujeres’ de esta organización que “la práctica es casi universal en Somalia, Guinea, Djibouti y Egipto, con niveles superiores al 90%, mientras que sólo afecta a un 1% por ciento de las niñas y las mujeres en Camerún y Uganda.
Quistes, esterilidad, hemorragias, infecciones versicales y urinarias, son algunos de los efectos colaterales de la ablación, una práctica que se realiza, en su mayoría, a niñas en edad temprana, entre los 2 y los 15 años. Sin embargo, pese a los daños a la salud que entidades como la OMS se han esmerado en hacer visibles, la mutilación genital no ha sido una práctica fácil de erradicar frente al dilema que representa modificar las costumbres culturales arraigadas de muchas comunidades.
Ablación en Colombia
Se calcula que 70 millones de niñas y mujeres actualmente en vida han sido sometidas a la ablación genital femenina, tan solo en África y Yemen, según cifras de UNICEF; datos que no comprenden una documentación de los casos en otros países fuera de África, como lo es Colombia donde la mutilación genital fue aprendida.
La práctica en el país fue conocida en 2007 a raíz de la muerte de dos niñas indígenas que fallecieron a causa de una infección derivada de la remoción de su clítoris en Pueblo Rico, Risaralda. Para la fecha se pudo visibilizar la ablación en Colombia y se pudo identificar que se practicaba en ciertos sectores de la comunidad indígena Embera, que se encuentra dividida en una extensa parte del territorio nacional.
La muerte de las menores permitió que organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) determinara que el país es el único en Latinoamérica donde aún se realiza la mutilación genital.
El Espectador habló con Alberto Wuazorna Bernaza, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y miembro de la comunidad Embera Chamí, quien explicó su visión de esta práctica siendo parte de esta población. Cuenta Wuazorna que el hecho de que se descubriera el tema en el país no fue una sorpresa sólo para Colombia, también para líderes de la comunidad Embera que no conocían que esta práctica se realizara en ciertas zonas de su comunidad.
“Cuando descubrieron este tema en Risaralda organizaciones nacionales e internacionales empezaron a bombardearnos a las organizaciones indígenas en Risaralda en búsqueda de respuestas. Se notaba que era algo muy delicado, pero desconocido para nosotros, algo nuevo para las comunidades indígenas desde el ámbito político y organizativo del cabildo mayor o el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) y con lo que la mayoría no estábamos de acuerdo”, relata Wuazorna, quien destaca que se trató de tiempos difíciles pues se enfrentaban a un tema del que no tenían manejo y por el que fueron señalados como “animales, como salvajes y personas que no eran desarrolladas”.
“En esos años nos tocó hacer mucho trabajo con docentes, indígenas, enfermeros, gobernadores veredales y autoridades mayores. El tema más importante era con las parteras, porque esto es manejado solo por ellas, era algo muy privado y un tema exclusivo de las mujeres. Al poder llegar a ellas pudimos ir avanzando para poder socializar el tema y que la no realización de estas prácticas fueran conocidas como una política”, señala Wuazorna.
“La causa del movimiento indígena se basa en principios como la vida, el respeto, el derecho y la hermandad. Descubrí que esta situación tan difícil golpeaba a nuestras niñas y poder entrar a actuar en este tema fue una gran experiencia, pese a lo complicado de trabajarlo”, añade el líder indígena, quien resalta que se lograron avances en ciertas zonas de Risaralda donde la ablación ya no se realiza.
Pese a que la Defensoría del Pueblo indica que en los últimos 8 meses no se registraron casos de ablación o mutilación genital femenina en las comunidades indígenas de Risaralda, Alberto Wuazorna reconoce que aún hay casos y que se debe trabajar en el tema, pues indica, un proyecto de tres años no es suficiente para llegar a todos los Embera, constituidos por más de 250 mil miembros. “Es necesario hacer un llamado para que el Gobierno se apropie de un proyecto macro planteado por la Nacion Embera que busca avanzar en este trabajo contra la ablación”.
El ICBF llama a unir fuerzas
Cristina Díaz, asesora de la dirección de familia de comunidades para temas étnicos del ICFB, indica que la mutilación genital sigue vigente en Colombia pese a que el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ha emprendido distintas acciones para sensibilizar a sectores indígenas cuidando no violentar su cultura.
Es así como junto a la ONIC, el UNFPA y el ICBF se emitió en 2012 el mandato de los pueblos en el que las autoridades indígenas se comprometían a erradicar la ablación. “Este acuerdo fue un éxito en cuanto a su firma, pero aunque suena muy bonito, en la realidad la implementación de éste es mucho más complejo”, resalta Díaz, quien añade que al hablar de ablación en el país se ha caído en la revictimización de las mujeres de la comunidad indígena al estigmatizarlas.
Derechos sexuales, salud, entre otros temas, han sido los asuntos tratados en las comunidades en las que se ha visto algunos avances. De hecho, el ICBF adelanta un proyecto en el que se buscaría crear una marca al momento de la distribución de artículos, en su mayoría hechos por indígenas, con la que se financiaría acciones en contra de la mutilación genital, un plan que aún está en proceso de desarrollo.
Pero pese a dichos esfuerzos, Cristina Díaz señala que es necesario que distintas entidades del Gobierno se vinculen. “Es importante la acción de muchos sectores, sería por ejemplo vital que el Ministerio de Cultura también hiciera una revisión del tema a través del enfoque cultural y poblacional para determinar cómo abordar este tipo de temas. La ablación es así mismo un asunto de mortalidad infantil y en este punto el ministerio de salud podría ayudar en la documentación de casos que nos permitan tener cifras para trabajar en el país; y de la misma forma el Ministerio de Educación podría jugar un papel en la prevención y acciones pedagógicas”, recalca Díaz, quien apunta que “solo estamos viendo la punta de iceberg” en el tema de la mutilación genital en Colombia, donde tal como señala el líder Embera, Alberto Wuazorna, “nos enfrentamos a un tema de siglos, un proceso de más de 200 años que no podemos pretender desaparecer en tres”.
dfranco@elespectador.com