‘El Estado hace lo que el Ejército quiere’

Ángela María Buitrago, la exfiscal que desempolvó las investigaciones por los desaparecidos del Palacio de Justicia, se declaró consternada por el veto que le impusieron los militares al abogado Jorge Ibáñez para representar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso que allí se adelanta por el holocausto de noviembre de 1985. Según ella, en Colombia a la justicia “la tachan, la tildan y ultrajan y aquí no pasa nada” mientras se desconocen fallos y se eluden responsabilidades en este expediente. Así se desahogó con El Espectador.

¿Qué opina de la defensa del Estado ante la CIDH, que afirmó que no había desaparecidos?

Causa estupor reconocer que después de casi 28 años seguimos igual. El pacto de silencio continúa y se sigue trabajando sobre la pretensión de ocultar las realidades del Palacio de Justicia.

El abogado Jorge Ibáñez se apartó de la defensa del Estado porque lo vetaron los militares. ¿Tienen ellos tanto poder?

Sin duda. Lo demuestran las presiones que se ejercieron para mi salida como fiscal del caso o las manifestaciones del doctor Ibáñez: causa estupor que a pesar de que dos ministros (Interior y Defensa) y una alta funcionaria lo elegieron como agente del Estado ante la CIDH para ese proceso, por cartas de oficiales activos y, en particular, de un oficial retirado que hoy tiene una condena por estos hechos, se decidiera contratar al doctor Rafael Nieto.

¿Por qué cree que los militares vetaron al abogado Ibáñez?

Porque no estaban de acuerdo con que el Estado admitiera responsabilidades. Reconocer errores hace parte de la reconciliación, de la garantía de protección de derechos, de la no impunidad.

¿El coronel (r) Alfonso Plazas Vega es tan poderoso, aún retirado y además detenido, como sugiere el abogado Ibáñez al punto de lograr su veto?

No sé, pero por la sentencia al coronel (r) Plazas Vega un gobierno entero, con todo su estamento, salió a discutir para quitarle peso a la decisión de la jueza Jara. Yo no sé si sea tan importante pero, lo dice el doctor Ibáñez, la carta era por la molestia en particular de esa persona y salieron a removerlo del cargo. Yo no sé si sea tan influyente pero todos los generales en retiro han intervenido por la situación de Plazas Vega.

Pero es que el Ejército, aunque hace parte, no es todo el Estado. ¿Cómo puede entenderse que la defensa del Estado se articule bajo la línea de los militares?

Eso es lo incomprensible y lo más grave de esta situación. Al margen de las declaraciones del doctor Ibáñez, surge el cuestionamiento de que el Estado está funcionando solamente desde una óptica: cumpliendo lo que el Ejército quiere que se haga.

¿Por qué tenía que ir el abogado Ibáñez a explicarles a los militares su estrategia de defensa? ¿Eso suele hacerse?

Esa pregunta se la tienen que trasladar al presidente, a los ministros del Interior y de Defensa y a la Cancillería.

¿Qué piensa de la defensa del abogado Nieto en este caso?

Puedo asegurar que los argumentos centrales que se tomaron para la defensa del Estado ante la CIDH son los mismos que se plantearon y fueron rechazados por distintos jueces de la República. Si se revisan los alegatos podrá darse cuenta de que tienen un origen claro: las intervenciones de estos militares en audiencia. En especial, la postura de defensa del coronel (r) Plazas Vega.

Sobre la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, el abogado Nieto también hizo consideraciones polémicas.

El abogado plantea igualmente que no hubo homicidio. Ese proceso lo dejé en instrucción y sigue bajo reserva. Me pidieron la renuncia el mismo día que yo abrí investigación contra tres generales en el caso Urán: Carlos Alberot Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales.

¿Qué tiene que ver en esto el testigo Ricardo Gámez Mazuera?

Como fiscal ni siquiera lo consideré como testigo porque no declaró bajo juramento. Pero toda la defensa del coronel (r) Plazas se basa en descalificar a Gámez. Y los argumentos de Nieto son los mismos que usó la defensa de Plazas respecto a este testigo para descalificarlo.

¿Dice usted que el Estado se defendió internacionalmente con los mismos argumentos de Plazas Vega?

Las líneas de defensa y las afirmaciones que se utilizaron para negar la existencia de los desaparecidos son idénticas: que murieron calcinados en el cuarto piso de acuerdo con el Tribunal Especial de Instrucción de 1986; que Gámez es un mentiroso; que los videos son borrosos como para hacer identificaciones; que los levantamientos de los cadáveres fueron desordenados y eso les resta credibilidad a las necropsias para utilizarlas como pruebas. En términos generales, las líneas de la estrategia de defensa del Estado son las mismas líneas de defensa de los militares.

¿Pero no es muy grave que los alegatos del Estado parezcan calcados a los de Plazas Vega, y que Jorge Ibáñez asegure que fue el coronel (r) quien más se opuso a su nombramiento?

Grave no, ¡gravísimo! Pero esto es una política de hace mucho tiempo: el expresidente Uribe salió a defender a Plazas Vega, el ministro Silva salió a defender a Plazas Vega, inclusive el doctor Santos y todo el estamento detrás suyo salieron a respaldar la posición de que los jueces harían parte de un Estado delincuente.

La condena de Plazas está en revisión por la Corte Suprema. La posición del Estado de que no hubo desaparecidos, ¿incidirá en su caso?

Puede generar presión porque es la afirmación a nivel internacional de una posición estatal. Lo afirmo categóricamente: un juez, por más plural que sea, frente a una posición de Estado así, va a tener una presión muy dura. Cuando el Estado asume ante una jurisdicción internacional que no hay desaparecidos, pues cuando salga una decisión al respecto esto va a ser Troya.

El Estado en su alegato negó los desaparecidos. Usted que llevó la investigación, ¿a qué conclusión llegó?

No solamente yo, los demás funcionarios judiciales que han tenido el caso han llegado a la misma conclusión: hubo desaparecidos. Aún en la absolución del general (r) Iván Ramírez, la jueza 51 dejó claro que hay 11 desaparecidos. En la decisión de segunda instancia contra el coronel Plazas

Vega, que confirmó su condena, se deja claro que hay dos desaparecidos plenamente demostrados y se le pidió a la Fiscalía que se practique pruebas sobre los otros nueve. Lo dijo también el Consejo de Estado en 1997: “Irma Franco fue desaparecida en manos de agentes del Estado”. No es cierto lo que dice Nieto de que no existe responsabilidad del Estado en estos casos. Una sola desaparición es suficiente para hablar de que hubo desaparecidos allí.

¿Qué otras fallas tuvo la defensa de Nieto ante la CIDH?

Es contradictoria: arguye que no toma en cuenta sentencias internas porque no están en firme, pero desconoce fallos del Consejo de Estado vigentes sobre la responsabilidad del Estado. Parte del alegato de Nieto se sustenta en el salvamento de voto de la sentencia del Tribunal de Bogotá contra Plazas Vega.

Entonces, ¿las sentencias no sirven, pero sí los salvamentos de voto?
En el documento se atacó también a la Comisión de la Verdad integrada por los exmagistrados Nilson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera.

¿Comparte ese punto de vista?

Esa es otra contradicción. Él fundamenta parte de su alegato en las conclusiones del Tribunal Especial de Instrucción creado en 1986, que dijo que los desaparecidos fallecieron en el cuarto piso del Palacio. Ese tribunal, sin embargo, al igual que la Comisión de la Verdad de 2005, no tenía carácter judicial.¿Al fin qué? Pero, además, en su momento se le preguntó al doctor Upegui (del Tribunal Especial de Instrucción) qué indagaciones hicieron sobre los desaparecidos y dijo: “No hicimos ninguna verificación”.

¿Y por qué entonces llegó a esa conclusión el Tribunal de 1986?

Porque había un número de personas en el cuarto piso similar al número de desaparecidos. Le digo más: como hubo unos pasteles de hojaldre que se encontraron en el cuarto piso del Palacio concluyeron que Norma Constanza y los demás trabajadores de la cafetería subieron al cuarto piso. Esa era la prueba de que murieron calcinados pero, dígame, ¿qué pastel de hojaldre sobrevive a un incendio de más de mil grados centígrados?

Que el Estado argumente que no hay desaparecidos, ¿echa a la basura el trabajo que usted hizo?

No es tanto por el trabajo que hubiese hecho o no, sino porque veo cómo el Estado incumple sus responsabilidades y desconoce fallos del propio Estado. Si mal no estoy, la Rama Judicial también hace parte del Estado. O bueno, eso creo yo. Pero ya ni sé porque a la Rama la tachan, la tildan y ultrajan y aquí no pasa nada.

De lo ocurrido esta semana, ¿qué encuentra más preocupante?

Lo más lamentable fueron las declaraciones del doctor Ibáñez, porque no sólo resultó vetado por militares activos y en retiro, sino que además terminó amenazado. Eso no tiene presentación ni aquí ni en ninguna parte. Si bien es cierto que es grave que haya desaparecidos, es igual de grave lo que, 28 años después, está sucediendo con el doctor Ibañez. No sólo yo me he jugado el pellejo en este caso. La decisión de investigar y de decidir ha sido de muchos funcionarios. Me desconsuela darme cuenta de que el Estado no ha cambiado y que los discursos de derechos humanos se quedaron en eso, en discursos. 

¿Seguimos como en 1985?

Creo que estamos peor porque además el gobierno actúa de frente. Antes, por lo menos era a escondidas. Ahora es en público que sale a decir que la sentencia de tal juez de la República no se cumple o es incoherente. O, como ahora, que no hay desaparecidos. Ya no se necesitan recursos ni instancias: el gobierno es el que acepta o no una decisión judicial y eso es muy grave.

¿Qué le diría al doctor Ibáñez?

Que me parece una persona con mucha verticalidad al haber reconocido unas circunstancias probadas que no se podían desconocer. Entiendo lo que está viviendo porque nosotros lo vivimos y lo seguimos viviendo: esas presiones y amenazas y las afirmaciones con las que ahora van a intentar deslegitimar su trabajo.

¿Qué falto por investigar en el caso del holocausto?

Mucho. Faltó por profundizar en las ejecuciones extrajudiciales, en la posibilidad de que otras personas hubieran estado en el Palacio de Justicia, no se han hecho investigaciones serias allí. Yo solamente tenía competencia para investigar las desapariciones pero el caso tenía tantas aristas.

¿Por qué cree que el abogado Nieto Loaiza le genera tanta confianza a los militares?

Él estuvo detrás de la reforma al fuero militar y en muchas actividades que tratan de proteger la actividad militar. Eso no es malo, lo complicado es, por ejemplo, tratar de invertir el fuero militar, que tanta polémica ha causado.

Para usted, ¿el abogado Nieto Loaiza mintió en sus argumentos ante la CIDH?

Creo que está omitiendo realidades absolutamente claras. Está haciendo una mezcla con lo que le conviene para asegurar una posición en particular. Los abogados tienen un margen de interpretación frente a las pruebas, pero sí le puedo asegurar que él ha cercenado lo que le conviene respecto de fallos o investigaciones en este caso con el fin de favorecer a un sector en particular y no a los intereses del Estado.

¿Por qué no hemos podido pasar la página del holocausto del Palacio de Justicia?

Por esto que está sucediendo. Porque nadie quiere reconocer qué pasó. No hemos pasado ni vamos a pasar la página porque el Estado tampoco ha hecho lo propio para buscar la reconciliación.

¿El Estado va a terminar condenado por la CIDH?

No sé, pero aquí ha habido violaciones a la Convención Americana muy grandes. No ha existido plazo razonable en la investigación. Llevamos 28 años y no hemos acabado de hacer todas las investigaciones. Además, las sanciones no se han cumplido y terminan siendo discriminados y atacados los funcionarios judiciales. Aquí lo que estamos viendo es una repetición de violaciones de derechos. Yo no soy profeta ni quiero decir si van a condenar o no al Estado, pero frente a todas estas realidades lo cierto es que el Estado tiene una responsabilidad. Es que uno no puede tapar la luz del día.

Su caso, el de la jueza Jara que condenó a Plazas Vega, los magistrados del Tribunal de Bogotá que confirmaron la sentencia, ¿demuestran que todos los que pasan por este caso terminan con un INRI?

Claro y no solamente con un INRI sino investigados. A la jueza Jara la investigaron penal y disciplinariamente. A mí me están investigando también por decisiones que tomé en el proceso del coronel Plazas. Y siguen toda una serie de consecuencias por haber investigado este caso. Pero creo que se tiene que investigar, independientemente de las consecuencias. Aunque con lo dicho por el doctor Ibáñez es casi imposible creer que este Estado vaya a garantizar derechos.

¿Usted ha sentido respaldo del Estado después de su actuación como fiscal de este caso?

No existió ningún respaldo ni antes ni después. Recordemos que después de que salieron los primeros fallos del Palacio de Justicia el mismo presidente de la época, Álvaro Uribe, y todo su gobierno, salieron a reprobar la condena contra al coronel (r) Alfonso Plazas Vega. La jueza, María Stella Jara, ha sufrido amenazas, ha vivido en zozobra permanente y salió del país. Es llamativo cómo el Estado, que se compromete con una serie de responsabilidades de derechos humanos a nivel internacional, es el mismo que impide que la justicia respalde sus sentencias y desconoce la validez de las mismas.

¿Cómo cambió su vida después de haber oficiado como fiscal en este caso?

Este caso significó para mí conocer la realidad de esa época; pero sobre todo significó verificar que la calidad de los derechos humanos en Colombia no ha mejorado y que se ha invertido el papel frente a las responsabilidades internacionales. Hay una andanada últimamente en beneficio de un estamento particular. Estamos peor que hace 27 años.

En Twitter @jdlaverde9

Ángela María Buitrago, la exfiscal que desempolvó las investigaciones por los desaparecidos del Palacio de Justicia, se declaró consternada por el veto que le impusieron los militares al abogado Jorge Ibáñez para representar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso que allí se adelanta por el holocausto de noviembre de 1985. Según ella, en Colombia a la justicia “la tachan, la tildan y ultrajan y aquí no pasa nada” mientras se desconocen fallos y se eluden responsabilidades en este expediente. Así se desahogó con El Espectador.

¿Qué opina de la defensa del Estado ante la CIDH, que afirmó que no había desaparecidos?

Causa estupor reconocer que después de casi 28 años seguimos igual. El pacto de silencio continúa y se sigue trabajando sobre la pretensión de ocultar las realidades del Palacio de Justicia.

El abogado Jorge Ibáñez se apartó de la defensa del Estado porque lo vetaron los militares. ¿Tienen ellos tanto poder?

Sin duda. Lo demuestran las presiones que se ejercieron para mi salida como fiscal del caso o las manifestaciones del doctor Ibáñez: causa estupor que a pesar de que dos ministros (Interior y Defensa) y una alta funcionaria lo elegieron como agente del Estado ante la CIDH para ese proceso, por cartas de oficiales activos y, en particular, de un oficial retirado que hoy tiene una condena por estos hechos, se decidiera contratar al doctor Rafael Nieto.

¿Por qué cree que los militares vetaron al abogado Ibáñez?

Porque no estaban de acuerdo con que el Estado admitiera responsabilidades. Reconocer errores hace parte de la reconciliación, de la garantía de protección de derechos, de la no impunidad.

¿El coronel (r) Alfonso Plazas Vega es tan poderoso, aún retirado y además detenido, como sugiere el abogado Ibáñez al punto de lograr su veto?

No sé, pero por la sentencia al coronel (r) Plazas Vega un gobierno entero, con todo su estamento, salió a discutir para quitarle peso a la decisión de la jueza Jara. Yo no sé si sea tan importante pero, lo dice el doctor Ibáñez, la carta era por la molestia en particular de esa persona y salieron a removerlo del cargo. Yo no sé si sea tan influyente pero todos los generales en retiro han intervenido por la situación de Plazas Vega.

Pero es que el Ejército, aunque hace parte, no es todo el Estado. ¿Cómo puede entenderse que la defensa del Estado se articule bajo la línea de los militares?

Eso es lo incomprensible y lo más grave de esta situación. Al margen de las declaraciones del doctor Ibáñez, surge el cuestionamiento de que el Estado está funcionando solamente desde una óptica: cumpliendo lo que el Ejército quiere que se haga.

¿Por qué tenía que ir el abogado Ibáñez a explicarles a los militares su estrategia de defensa? ¿Eso suele hacerse?

Esa pregunta se la tienen que trasladar al presidente, a los ministros del Interior y de Defensa y a la Cancillería.

¿Qué piensa de la defensa del abogado Nieto en este caso?

Puedo asegurar que los argumentos centrales que se tomaron para la defensa del Estado ante la CIDH son los mismos que se plantearon y fueron rechazados por distintos jueces de la República. Si se revisan los alegatos podrá darse cuenta de que tienen un origen claro: las intervenciones de estos militares en audiencia. En especial, la postura de defensa del coronel (r) Plazas Vega.

Sobre la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, el abogado Nieto también hizo consideraciones polémicas.

El abogado plantea igualmente que no hubo homicidio. Ese proceso lo dejé en instrucción y sigue bajo reserva. Me pidieron la renuncia el mismo día que yo abrí investigación contra tres generales en el caso Urán: Carlos Alberot Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales.

¿Qué tiene que ver en esto el testigo Ricardo Gámez Mazuera?

Como fiscal ni siquiera lo consideré como testigo porque no declaró bajo juramento. Pero toda la defensa del coronel (r) Plazas se basa en descalificar a Gámez. Y los argumentos de Nieto son los mismos que usó la defensa de Plazas respecto a este testigo para descalificarlo.

¿Dice usted que el Estado se defendió internacionalmente con los mismos argumentos de Plazas Vega?

Las líneas de defensa y las afirmaciones que se utilizaron para negar la existencia de los desaparecidos son idénticas: que murieron calcinados en el cuarto piso de acuerdo con el Tribunal Especial de Instrucción de 1986; que Gámez es un mentiroso; que los videos son borrosos como para hacer identificaciones; que los levantamientos de los cadáveres fueron desordenados y eso les resta credibilidad a las necropsias para utilizarlas como pruebas. En términos generales, las líneas de la estrategia de defensa del Estado son las mismas líneas de defensa de los militares.

¿Pero no es muy grave que los alegatos del Estado parezcan calcados a los de Plazas Vega, y que Jorge Ibáñez asegure que fue el coronel (r) quien más se opuso a su nombramiento?

Grave no, ¡gravísimo! Pero esto es una política de hace mucho tiempo: el expresidente Uribe salió a defender a Plazas Vega, el ministro Silva salió a defender a Plazas Vega, inclusive el doctor Santos y todo el estamento detrás suyo salieron a respaldar la posición de que los jueces harían parte de un Estado delincuente.

La condena de Plazas está en revisión por la Corte Suprema. La posición del Estado de que no hubo desaparecidos, ¿incidirá en su caso?

Puede generar presión porque es la afirmación a nivel internacional de una posición estatal. Lo afirmo categóricamente: un juez, por más plural que sea, frente a una posición de Estado así, va a tener una presión muy dura. Cuando el Estado asume ante una jurisdicción internacional que no hay desaparecidos, pues cuando salga una decisión al respecto esto va a ser Troya.

El Estado en su alegato negó los desaparecidos. Usted que llevó la investigación, ¿a qué conclusión llegó?

No solamente yo, los demás funcionarios judiciales que han tenido el caso han llegado a la misma conclusión: hubo desaparecidos. Aún en la absolución del general (r) Iván Ramírez, la jueza 51 dejó claro que hay 11 desaparecidos. En la decisión de segunda instancia contra el coronel Plazas

Vega, que confirmó su condena, se deja claro que hay dos desaparecidos plenamente demostrados y se le pidió a la Fiscalía que se practique pruebas sobre los otros nueve. Lo dijo también el Consejo de Estado en 1997: “Irma Franco fue desaparecida en manos de agentes del Estado”. No es cierto lo que dice Nieto de que no existe responsabilidad del Estado en estos casos. Una sola desaparición es suficiente para hablar de que hubo desaparecidos allí.

¿Qué otras fallas tuvo la defensa de Nieto ante la CIDH?

Es contradictoria: arguye que no toma en cuenta sentencias internas porque no están en firme, pero desconoce fallos del Consejo de Estado vigentes sobre la responsabilidad del Estado. Parte del alegato de Nieto se sustenta en el salvamento de voto de la sentencia del Tribunal de Bogotá contra Plazas Vega.

Entonces, ¿las sentencias no sirven, pero sí los salvamentos de voto?
En el documento se atacó también a la Comisión de la Verdad integrada por los exmagistrados Nilson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera.

¿Comparte ese punto de vista?

Esa es otra contradicción. Él fundamenta parte de su alegato en las conclusiones del Tribunal Especial de Instrucción creado en 1986, que dijo que los desaparecidos fallecieron en el cuarto piso del Palacio. Ese tribunal, sin embargo, al igual que la Comisión de la Verdad de 2005, no tenía carácter judicial.¿Al fin qué? Pero, además, en su momento se le preguntó al doctor Upegui (del Tribunal Especial de Instrucción) qué indagaciones hicieron sobre los desaparecidos y dijo: “No hicimos ninguna verificación”.

¿Y por qué entonces llegó a esa conclusión el Tribunal de 1986?

Porque había un número de personas en el cuarto piso similar al número de desaparecidos. Le digo más: como hubo unos pasteles de hojaldre que se encontraron en el cuarto piso del Palacio concluyeron que Norma Constanza y los demás trabajadores de la cafetería subieron al cuarto piso. Esa era la prueba de que murieron calcinados pero, dígame, ¿qué pastel de hojaldre sobrevive a un incendio de más de mil grados centígrados?

Que el Estado argumente que no hay desaparecidos, ¿echa a la basura el trabajo que usted hizo?

No es tanto por el trabajo que hubiese hecho o no, sino porque veo cómo el Estado incumple sus responsabilidades y desconoce fallos del propio Estado. Si mal no estoy, la Rama Judicial también hace parte del Estado. O bueno, eso creo yo. Pero ya ni sé porque a la Rama la tachan, la tildan y ultrajan y aquí no pasa nada.

De lo ocurrido esta semana, ¿qué encuentra más preocupante?

Lo más lamentable fueron las declaraciones del doctor Ibáñez, porque no sólo resultó vetado por militares activos y en retiro, sino que además terminó amenazado. Eso no tiene presentación ni aquí ni en ninguna parte. Si bien es cierto que es grave que haya desaparecidos, es igual de grave lo que, 28 años después, está sucediendo con el doctor Ibañez. No sólo yo me he jugado el pellejo en este caso. La decisión de investigar y de decidir ha sido de muchos funcionarios. Me desconsuela darme cuenta de que el Estado no ha cambiado y que los discursos de derechos humanos se quedaron en eso, en discursos. 

¿Seguimos como en 1985?

Creo que estamos peor porque además el gobierno actúa de frente. Antes, por lo menos era a escondidas. Ahora es en público que sale a decir que la sentencia de tal juez de la República no se cumple o es incoherente. O, como ahora, que no hay desaparecidos. Ya no se necesitan recursos ni instancias: el gobierno es el que acepta o no una decisión judicial y eso es muy grave.

¿Qué le diría al doctor Ibáñez?

Que me parece una persona con mucha verticalidad al haber reconocido unas circunstancias probadas que no se podían desconocer. Entiendo lo que está viviendo porque nosotros lo vivimos y lo seguimos viviendo: esas presiones y amenazas y las afirmaciones con las que ahora van a intentar deslegitimar su trabajo.

¿Qué falto por investigar en el caso del holocausto?

Mucho. Faltó por profundizar en las ejecuciones extrajudiciales, en la posibilidad de que otras personas hubieran estado en el Palacio de Justicia, no se han hecho investigaciones serias allí. Yo solamente tenía competencia para investigar las desapariciones pero el caso tenía tantas aristas.

¿Por qué cree que el abogado Nieto Loaiza le genera tanta confianza a los militares?

Él estuvo detrás de la reforma al fuero militar y en muchas actividades que tratan de proteger la actividad militar. Eso no es malo, lo complicado es, por ejemplo, tratar de invertir el fuero militar, que tanta polémica ha causado.

Para usted, ¿el abogado Nieto Loaiza mintió en sus argumentos ante la CIDH?

Creo que está omitiendo realidades absolutamente claras. Está haciendo una mezcla con lo que le conviene para asegurar una posición en particular. Los abogados tienen un margen de interpretación frente a las pruebas, pero sí le puedo asegurar que él ha cercenado lo que le conviene respecto de fallos o investigaciones en este caso con el fin de favorecer a un sector en particular y no a los intereses del Estado.

¿Por qué no hemos podido pasar la página del holocausto del Palacio de Justicia?

Por esto que está sucediendo. Porque nadie quiere reconocer qué pasó. No hemos pasado ni vamos a pasar la página porque el Estado tampoco ha hecho lo propio para buscar la reconciliación.

¿El Estado va a terminar condenado por la CIDH?

No sé, pero aquí ha habido violaciones a la Convención Americana muy grandes. No ha existido plazo razonable en la investigación. Llevamos 28 años y no hemos acabado de hacer todas las investigaciones. Además, las sanciones no se han cumplido y terminan siendo discriminados y atacados los funcionarios judiciales. Aquí lo que estamos viendo es una repetición de violaciones de derechos. Yo no soy profeta ni quiero decir si van a condenar o no al Estado, pero frente a todas estas realidades lo cierto es que el Estado tiene una responsabilidad. Es que uno no puede tapar la luz del día.

Su caso, el de la jueza Jara que condenó a Plazas Vega, los magistrados del Tribunal de Bogotá que confirmaron la sentencia, ¿demuestran que todos los que pasan por este caso terminan con un INRI?

Claro y no solamente con un INRI sino investigados. A la jueza Jara la investigaron penal y disciplinariamente. A mí me están investigando también por decisiones que tomé en el proceso del coronel Plazas. Y siguen toda una serie de consecuencias por haber investigado este caso. Pero creo que se tiene que investigar, independientemente de las consecuencias. Aunque con lo dicho por el doctor Ibáñez es casi imposible creer que este Estado vaya a garantizar derechos.

¿Usted ha sentido respaldo del Estado después de su actuación como fiscal de este caso?

No existió ningún respaldo ni antes ni después. Recordemos que después de que salieron los primeros fallos del Palacio de Justicia el mismo presidente de la época, Álvaro Uribe, y todo su gobierno, salieron a reprobar la condena contra al coronel (r) Alfonso Plazas Vega. La jueza, María Stella Jara, ha sufrido amenazas, ha vivido en zozobra permanente y salió del país. Es llamativo cómo el Estado, que se compromete con una serie de responsabilidades de derechos humanos a nivel internacional, es el mismo que impide que la justicia respalde sus sentencias y desconoce la validez de las mismas.

¿Cómo cambió su vida después de haber oficiado como fiscal en este caso?

Este caso significó para mí conocer la realidad de esa época; pero sobre todo significó verificar que la calidad de los derechos humanos en Colombia no ha mejorado y que se ha invertido el papel frente a las responsabilidades internacionales. Hay una andanada últimamente en beneficio de un estamento particular. Estamos peor que hace 27 años.

En Twitter @jdlaverde9